Por Ilsen Jara, directora de comunicaciones de Amnistía Internacional Chile
A Carlos Astudillo lo dieron por muerto. Imágenes impactantes circularon por redes sociales de un cuerpo ensangrentado e inconsciente que era arrastrado por militares. De inmediato surgieron voces que alertaban de un joven asesinado en Colina en el contexto de las protestas sociales. Su foto se viralizó prácticamente con la misma intensidad que el miedo y la rabia que rondaban por aquellos días.
Era 20 de octubre de 2019, Chile vivía sus primeras jornadas del estallido social y estaba bajo estado de emergencia constitucional decretado por el presidente Sebastián Piñera. Esta decisión permitió sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para gestionar el orden público junto a Carabineros, esto pese a no tener aquel rol ni la preparación para aquello. Esta medida, lejos de calmar los ánimos de la ciudadanía, avivó las protestas.
Carlos no murió, pero- tal como lo indica el informe del Servicio Médico Legal- si no hubiera sido por la atención médica eficaz, la lesión provocada por el proyectil de arma de fuego hubiera sido letal. Así, su caso se hubiera sumado al de Romario Veloz, Kevin Gómez y Manuel Rebolledo, víctimas fatales del actuar de las Fuerzas Armadas en su paso por la historia reciente de Chile. Hoy Carlos tiene 26 años y con 16 cirugías a cuestas para contrarrestar los efectos de aquel disparo, es un sobreviviente de violencia militar.
Pese a la gravedad de los hechos, la Fiscalía de Chacabuco formalizó a quien habría disparado a Carlos Astudillo por lesiones graves. Esto implica abordar el hecho de la misma forma como se trata una lesión causada en una riña y no producto del disparo de un agente del Estado. Con esto, el Juzgado de Garantía decretó firma quincenal, arraigo y prohibición de acercarse a la víctima.
“El militar que me disparó sigue en ejercicio”, relata Carlos, quien hoy no ha podido titularse de Administración Pública y Ciencias Políticas, ni mucho menos ejercer. Claramente esta es una de las tantas consecuencias que hoy sufre producto del ataque.
La calificación del delito en este crimen ha sido duramente criticada por los abogados querellantes, quienes solicitaron cambio de fiscalía con la esperanza de que se agilicen las diligencias y se logre reformalizar la causa por apremios ilegítimos. “Jurídicamente es de suma relevancia una reformalización de la investigación, puesto que la imputación inicial en contra del imputado es absolutamente insuficiente a la luz de la gravedad de los hechos”, menciona Matías Bravo, uno de los abogados que lleva el caso de Carlos.
Sin duda es elemental calificar la causa como lo que realmente fue: un ataque con munición letal por parte de un agente del Estado contra un manifestante. Ante esto, el abogado grafica la situación señalando que “el delito por el cual se encuentra actualmente formalizado el militar es por lesiones graves y la pena que arriesga sería la misma para quien mediante un golpe de puño en el rostro a otra persona, le fracture la nariz o una pieza dental”.
¿Pero qué fue lo que pasó aquel 20 de octubre en Colina? A eso de las 17:30 horas, Carlos y sus amigos se acercaron a la plaza de armas de la comuna, donde de manera espontánea se estaba formando una manifestación ciudadana. “Llegamos al lugar, había unas 80 personas, entre ellas familias completas. Todo estaba tranquilo, pero a los 15 minutos aproximadamente, Carabineros nos empezó a gasear. Luego nos atacaron con perdigones a unos 50 metros. Al lugar también llegaron los militares”, recuerda.
Fue en ese momento cuando el joven universitario recibió un disparo por la espalda con un arma de guerra. El impacto le fracturó el fémur, aunque lo más grave fue que le destruyó la arteria femoral. Es precisamente por esta razón que estuvo en riesgo vital. “Es como si me hubiesen disparado directo al corazón”, añade.
La herida por munición letal le significó a Carlos una hemorragia severa, 7 reanimaciones durante las operaciones, 5 episodios de muerte clínica, 7 días en la UCI, 2 meses internado y riesgo de amputación de su pierna. Actualmente debe seguir con tratamiento médico y de rehabilitación. Todo esto, aparte de cambiar su vida de manera drástica, ha implicado una deuda millonaria que ha debido afrontar únicamente su familia.
Según Amnistía Internacional, existen antecedentes de que las Fuerzas Armadas en su despliegue por varias ciudades del país utilizaron munición letal en varias oportunidades, dispararon contra personas que se manifestaban e hirieron de gravedad. Claramente, Carlos Astudillo fue una de las víctimas que conoció la saña del accionar militar.
Hoy, Carlos se desplaza con muletas y silla de ruedas. Atrás quedó su vida activa y dedicada al deporte. “Antes hacía boxeo y quería ser instructor de defensa personal, pero hoy estoy enfocado exclusivamente en mi recuperación. Además, tras el ataque que sufrí se me generó una infección al hueso llamada osteomielitis crónica, así que todo es más complicado”.
Sin embargo, pese a todo, Carlos no pierde la fuerza para exigir justicia.“Siento que vivimos en un estado constante de impunidad; así que me quedaré tranquilo no solo cuando mi caso se resuelva, sino el de todas las demás víctimas”.
Para Carlos es esperanzador que ahora su caso esté en la Fiscalía Centro Norte en la Unidad de Alta Complejidad, pues espera que la nueva fiscal pondere adecuadamente lo sucedido y la querella sea acorde a la gravedad de los hechos. “Espero que esto sirva para que los culpables paguen con cárcel, incluido los altos mandos. Quiero también que se lleve a la justicia a las autoridades políticas que permitieron que todo esto ocurriera”.
Ya sea en este como en todos los casos de violencia policial y militar, es urgente que se investiguen y sancionen con premura e imparcialidad tanto a quienes apretaron el gatillo como a quienes ordenaron, permitieron o no evitaron que esto sucediera. Toda la línea de mando debe ser investigada por los graves e injustificados actos que ocurrieron tras el 18 de octubre de 2019. De esto depende en gran medida que se avance en serio hacia la verdad, justicia y reparación en un país tan afectado por la mayor crisis de derechos humanos que haya conocido tras la dictadura de Pinochet.