El 4 de diciembre de 2024, una Comisión del Senado de Chile comenzó a debatir una reforma a la actual Ley de Migración del país que amenaza gravemente los derechos de las personas migrantes, especialmente el derecho a la educación y salud de niños, niñas, adolescentes. El proyecto contemplaría la expulsión de niños y niñas no acompañados en determinadas circunstancias, así como la expulsión indirecta de menores debido a la situación migratoria de sus padres e incluso podría derivar en detenciones arbitrarias de personas migrantes o solicitantes de asilo.
Estas reformas podrían generar efectos desproporcionados, como la equiparación de infracciones leves con delitos graves, y contravenir principios internacionales de igualdad y no discriminación, especialmente en lo referente a la protección de menores.
Chile es Estado Parte de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de los derechos del Niño y otros instrumentos del derecho internacional de derechos humanos que garantizan el respeto de los derechos humanos de las personas en necesidad de protección internacional, en particular de niñas, niños y adolescentes. Además, Chile es parte de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, la cual refuerza el compromiso de los Estados con la protección de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en la región, especialmente en situaciones de desplazamiento forzado.
En el Informe Nadie Quiere Vivir en la Clandestinidad, Amnistía Internacional documentó que Chile no ha cumplido con su obligación de proteger a las personas con necesidad de protección, quienes enfrentan múltiples obstáculos para obtener la condición de refugiadas o regularizar su situación migratoria, lo que las condena a una situación de desprotección.
Protejamos juntos a las niñas y niños extranjeros: su futuro está en peligro por una propuesta de ley que pone en riesgo su seguridad y derechos.
Tu firma puede marcar la diferencia en sus vidas.
