El gobierno de Corea del Sur debe retirar las reglas propuestas que supondrían un aumento de las penas para los y las profesionales de la medicina que realicen abortos ilegales, dijo Amnistía Internacional antes de las manifestaciones masivas previstas para el 29 de octubre por grupos de defensa de los derechos de las mujeres.
El 23 de septiembre, el Ministro de Salud y Bienestar Social anunció la revisión de una regla relativa a “prácticas médicas inapropiadas” que podría conllevar un aumento de las penas impuestas a los médicos y médicas que realicen abortos ilegales, que pasarían del mes de suspensión de actividades profesionales que se aplica actualmente a un máximo posible de 12 meses.
“Si dicha propuesta se aprueba, sólo serviría para perpetuar la penalización del aborto que existe actualmente en Corea del Sur y es una regresión obvia en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas. Las decisiones sobre su cuerpo y su salud deben tomarlas las propias mujeres, en consulta con su médico, no políticos ni funcionarios”, dijo Roseann Rife, directora de Investigación sobre Asia Oriental de Amnistía Internacional.
“Es probable que las nuevas reglas tengan un efecto paralizante en los profesionales de la medicina, menoscabando su capacidad de proporcionar atención, información y asesoramiento médicos adecuados a sus pacientes, con el consiguiente peligro para la salud de las mujeres y niñas.”
Tras el anuncio, los grupos de defensa de los derechos de las mujeres inmediatamente condenaron la propuesta del gobierno instándole no sólo a abstenerse de aumentar las penas para los profesionales de la salud, sino a despenalizar el aborto en todos los casos, y realizaron una “protesta negra” parecida a las protestas masivas ocurridas en Polonia desde principios de octubre.
La legislación surcoreana prohíbe el aborto excepto en casos de violación, incesto, alteraciones genéticas graves o en caso de que el embarazo represente un peligro para la salud de la mujer o la niña. En estos únicos casos, los abortos deben realizarse durante las primeras 24 semanas de gestación.
Amnistía Internacional urge a los gobiernos a despenalizar el aborto en todos los casos, de forma que ninguna mujer se vea sometida a sanciones de ninguna clase por habérsele practicado un aborto o querer que se le practique , y se opone a la penalización de quienes prestan servicios de atención a la salud y otras personas si son arrestados, detenidos, acusados, procesados, condenados o sancionados únicamente por proporcionar o tratar de proporcionar servicios de interrupción del embarazo.