Las autoridades libanesas deben proteger a los trabajadores y trabajadoras domésticos migrantes que se encuentran atrapados en el país tras haber sido despedidos a causa de la crisis económica cada vez más intensa. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
En las últimas semanas, decenas de mujeres etíopes se han congregado ante el Consulado de Etiopía en Beirut. Algunas han sido abandonadas por sus empleadores, sin salario, sus pertenencias o sus pasaportes. El Ministerio de Trabajo es responsable de hacer cumplir el contrato estándar unificado, que garantiza a los trabajadores y trabajadoras migrantes el derecho a su salario y a alojamiento.
“Estas mujeres se encuentran entre las personas más marginadas de la sociedad, y soportan la carga de la crisis económica que se ha visto agravada por la COVID-19”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“El gobierno libanés no puede ignorar su terrible situación. Según el sistema de kafala, estas mujeres no sólo ven cómo se restringen sus derechos, sino también cómo sus vidas corren peligro, especialmente ahora que los informes de abusos en los hogares se han incrementado durante el confinamiento.
“El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio del Interior deben trabajar conjuntamente para investigar sin demora y para evitar que esta crisis que se está desencadenando se intensifique aún más.”
“Deben proporcionar de inmediato alojamiento, comida, atención médica y otro tipo de apoyo a los trabajadores y trabajadoras domésticos migrantes que han perdido sus empleos.”
Amnistía Internacional pide al Ministerio de Trabajo que cree una unidad de inspección encargada especialmente de vigilar las condiciones de trabajo de las personas migrantes que trabajan en el sector doméstico para que puedan actuar sin demora si sus empleadores incumplen sus contratos. El Ministerio de Trabajo también debe crear un mecanismo de respuesta rápida a los conflictos laborales, para garantizar que los trabajadores y trabajadoras reciben sus salarios impagados y que los empleadores les pagan el billete si los trabajadores o trabajadoras desean regresar a su país de origen, según disponen los contratos.
La mayoría de las personas migrantes que se dedican al trabajo doméstico en Líbano son etíopes. Según el Ministerio de Trabajo libanés, a fecha de noviembre de 2018, un total de 144.986 personas procedentes de Etiopía contaban con permisos de trabajo nuevos o renovados para realizar trabajo doméstico. Sin embargo, esta cifra no tiene en cuenta las miles de personas etíopes indocumentadas que realizan trabajo doméstico sin contar con permiso de trabajo en el país.
Abandonadas por sus empleadores
Amnistía Internacional entrevistó a 10 personas etíopes dedicadas al trabajo doméstico el 28 de mayo. Algunas informaron de que sus empleadores habían dejado de pagarles y se negaban a proporcionarles billetes para regresar a sus casas, conforme dispone el contrato estándar unificado creado para proteger los derechos laborales del personal doméstico.
Makda*, de 21 años, ha estado durmiendo en la calle delante del Consulado de Etiopía desde que su empleadora la dejó allí con su equipaje, contra su voluntad.
Ha contado lo siguiente: “[Mi empleadora] no me pagó mi último salario. También me dijo que no podía pagarme mi billete de regreso. Me dejó aquí ayer. Un policía me vio llorando y me pidió el número de la señora. La llamó para decirle que volviera y me recogiera. Ella volvió sólo para darme mi pasaporte y mis documentos de identidad, y luego se marchó otra vez. No sé qué hacer. Quiero volver a casa”.
Martha*, de 21 años, ha estado durmiendo en la calle durante seis noche.
Ha contado: “Mi señora me dijo que no tiene dinero y no me puede pagar mi salario. Le dije que no quiero mi salario, pero que me compre el billete de regreso, y me contestó que no puede. Quiero volver a Etiopía. Decidí dejar la casa y venir aquí, al Consulado, pero mi pasaporte lo tiene mi empleadora. El Consulado no me ayuda”.
El 1 de junio, un funcionario del Ministerio de Trabajo dijo a Amnistía Internacional que no tienen conocimiento de casos de trabajadores y trabajadoras abandonados por sus empleadores y que se han quedado sin hogar. Prometió investigar el asunto de inmediato.
Trabajadores y trabajadoras indocumentados y abandonados
Amnistía Internacional también entrevistó a cinco personas indocumentadas dedicadas al trabajo doméstico que estaban esperando para inscribirse en el Consulado con el fin de que las repatriaran, y no pueden pagarse un vuelo de vuelta a Etiopía. Una de ellas dijo: “No tengo dinero ni trabajo. ¿Cómo voy a pagar los 680 dólares por el billete de vuelta?
A pesar de las reiteradas peticiones, el Consulado de Etiopía se ha negado a comentar si está proporcionando ayuda económica o alojamiento y otro apoyo a los trabajadores y trabajadoras indocumentados.
El 15 de mayo, la Dirección General de Seguridad General, dependiente del Ministerio del Interior, anunció que el proceso de “repatriación voluntaria” de trabajadores y trabajadoras migrantes de Etiopía y Egipto comenzaría el 20 de mayo. Amnistía Internacional escribió el 18 de mayo al director de Seguridad General —responsable legalmente de vigilar la entrada, la residencia y la salida de todas las personas extranjeras en Líbano— para preguntarle por el calendario para este proceso, y para saber si cubre a trabajadores y trabajadoras migrantes indocumentados, así como a personas migrantes dedicadas al trabajo doméstico que están detenidas, y qué mecanismos existían para garantizar que estos trabajadores y trabajadoras reciben sus salarios impagados antes de abandonar el país. La organización aún no ha recibido respuesta.
Amnistía Internacional ha pedido al Ministerio del Interior que anuncie públicamente los detalles del proceso de repatriación, y trabaja con los consulados y embajadas pertinentes para ayudar a los trabajadores y trabajadoras migrantes tanto documentados como indocumentados que desean regresar a su país a que lo hagan.
Información complementaria
Líbano acoge a más de 250.000 trabajadores y trabajadoras migrantes domésticos, en su mayoría mujeres, que proceden de países africanos y asiáticos y trabajan en domicilios particulares. El personal doméstico migrante de Líbano se encuentra atrapado por el sistema de kafala, régimen de patrocinio migratorio intrínsecamente abusivo que aumenta el riesgo de que sufra explotación laboral, trabajo forzoso y tráfico de personas, sin apenas posibilidad de conseguir reparación.
En el informe ‘Their House is my Prison’: Exploitation of Migrant Domestic Workers in Lebanon, publicado en abril de 2019, Amnistía Internacional denuncia los abusos constantes que sufren estas personas a manos de sus empleadores, que las obligan a hacer jornadas excesivamente largas de trabajo, les niegan días de descanso, les retienen o reducen el sueldo, les confiscan el pasaporte, restringen gravemente su libertad de circulación y comunicación, las privan de alimentación y alojamiento adecuado, las someten a insultos y agresiones, y les niegan asistencia médica. La organización ha documentado también algunos casos extremos de trabajo forzoso y tráfico de personas.
En marzo de 2020, Amnistía Internacional contribuyó a la consulta dirigida a reformar el contrato unificado estándar para trabajadores y trabajadoras migrantes del sector doméstico. Amnistía Internacional pide a la ministra de Trabajo que garantice que el borrador de la reforma incluye disposiciones que aborden las actuales desigualdades y el desequilibrio de poder entre la entidad empleadora y el trabajador o trabajadora, así como otros aspectos restrictivos del sistema de kafala.