A pesar de su retórica sobre una conducta empresarial responsable, Europa ha priorizado los beneficios sobre las personas. Así lo han manifestado las organizaciones de la sociedad civil después de que las instituciones de la Unión Europea (UE) hayan llegado a un acuerdo sobre una nueva ley dirigida a abordar el comercio europeo de minerales procedentes de zonas de conflicto.
La extracción y la comercialización de minerales se han asociado a conflictos y abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. La UE es uno de los principales destinos para los minerales, con empresas que los introducen en Europa tanto en bruto como en productos de uso cotidiano, desde ordenadores portátiles y teléfonos móviles hasta motores y joyería.
Tras meses de negociaciones, las instituciones europeas han alcanzado un acuerdo sobre una ley diseñada para asegurar que los minerales que entran en la UE se han obtenido de manera responsable y sin financiar conflictos o abusos contra los derechos humanos. El acuerdo representa un primer paso en la dirección correcta pero, en última instancia, la ley corre el riesgo de no alcanzar ni mucho menos su objetivo previsto. Los responsables de la adopción de políticas de la UE han cedido a las demandas de las grandes empresas al eximir de la ley a la gran mayoría de las empresas europeas que comercian con minerales.
“La decisión adoptada hoy deja a las compañías que importan minerales dentro sus productos completamente libres de culpa. Es un intento incompleto de hacer frente al comercio de minerales procedentes de zonas de conflicto, que sólo someterá a controles básicos a las empresas que importen materiales en bruto”, ha manifestado Iverna McGowan, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas. “La Unión Europea tiene la obligación internacional de proteger los derechos humanos, pero se ha quedado a medio camino a la hora de cumplirlas. Los inversores y consumidores europeos seguirán sin saber con certeza si las empresas con las que están tratando se comportan de manera responsable. Esta ley supondrá un cambio escaso, demasiado escaso.”
Al aceptar eximir a estas empresas de la ley, la UE ha optado por confiar en que las empresas decidan adquirir sus minerales de manera responsable, sin que se las obligue a hacerlo. Esto ya se ha intentado antes, mediante normas voluntarias que han tenido un impacto mínimo: todavía son muy pocas las empresas que están tomando medidas para comprobar si existen riesgos asociados a los conflictos o los derechos humanos en sus cadenas de suministro.
“Aunque reconocemos los esfuerzos de quienes, especialmente dentro del Parlamento, han luchado por una Europa en la que ‘la conducta empresarial habitual’ sea una conducta responsable”, ha declarado Michael Gibb, de Global Witness, “nos decepciona que la UE no haya acompañado sus palabras con acciones. Mientras las leyes europeas se van quedando atrás respecto a las de otros países, la Unión Europea está convirtiéndose rápidamente en el eslabón débil de la cadena de suministros de minerales. Aunque el paso que se ha dado es importante, la UE debería haber ido mucho más lejos y haber aprovechado al máximo la oportunidad única que se le brindaba para cambiar realmente las cosas.”
El acuerdo promete una revisión de la efectividad de la ley a los pocos años de su aplicación.
“Esta ley no puede ser más que un primer paso. Debe implementarse rápidamente para que pueda hacerse pronto extensiva a las empresas que importan estos minerales como parte de productos manufacturados”, ha manifestado Maria van der Heide, de Ayuda en Acción. “Las comunidades que viven en zonas de conflicto o de alto riesgo sólo podrán beneficiarse de la riqueza de sus recursos y liberarse del círculo de violencia relacionado con el comercio de minerales de zonas de conflicto si las empresas adoptan prácticas de adquisición responsable a lo largo de toda la cadena de suministro.”
Las comunidades que continúan soportando la carga del comercio irresponsable, así como las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, estaremos pendientes de que los gobiernos europeos demuestren que la ley cumple su promesa de asegurar que las empresas europeas adquieren sus suministros de manera responsable. Sólo entonces Europa y sus empresas formarán parte del progreso global para hacer las cadenas de suministro de minerales más transparentes, responsables y sostenibles.
Notas a periodistas
El objetivo de las normas internacionales no es disuadir a las empresas de que se abastezcan en zonas inestables o de alto riesgo. Lo que pretenden es animar a las empresas a hacerlo con niveles apropiados de precaución y vigilancia. Sin embargo, los responsables de la adopción de políticas de la UE han optado por elaborar una lista indicativa de zonas de conflicto o de alto riesgo, exponiéndose a que surjan distorsiones en el mercado y omitiendo los riesgos que puedan surgir fuera de dichas áreas.
Además de limitar a tan sólo unos pocos cientos el número de empresas afectadas por la ley, los Estados miembros de la UE han tratado de externalizar su responsabilidad respecto a la aplicación de las normas al situar las iniciativas del sector privado en el centro de la ley. Las empresas que se adhieran a los esquemas reconocidos en el sector serán consideradas automáticamente como conformes a la normativa, y las autoridades competentes asumirán que son de “bajo riesgo”.
Basándose en este acuerdo político, las tres instituciones continuarán las negociaciones relativas a la implementación técnica. Se espera que este proceso dure varios meses.