De Ken Scott
El miércoles, el líder rebelde de Sudán del Sur Riek Machar juró el cargo de primer vicepresidente. La semana pasada prestó juramento el nuevo gobierno, en el que hay ex rebeldes y miembros de la oposición. La formación de un gobierno de transición de unidad nacional es un gran paso hacia adelante para un país asolado por más de dos años de conflicto armado. Pero para tener una paz duradera, hará falta construir sobre los cimientos de la justicia, la verdad y la reparación.
Como muestran numerosos informes, incluidos el de la reciente misión de evaluación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Sudán del Sur y el de la Comisión de Investigación de la Unión Africana sobre Sudán del Sur, publicados en octubre de 2015, las partes del conflicto cometieron durante los dos años que duró terribles crímenes de derecho internacional, como homicidios, torturas, mutilaciones, violaciones e incluso canibalismo forzado. Estos crímenes deben investigarse de forma urgente e imparcial, y todos los presuntos responsables penales deben responder de sus actos en juicios justos y sin recurso a la pena de muerte.
Es imprescindible que se establezca rápidamente un marco sistemático para investigar estos crímenes como primer paso hacia la rendición de cuentas. Al irse degradando las pruebas y desdibujándose los hechos en la memoria, cada día que pasa aleja a las víctimas sursudanesas de la justicia.
El acuerdo de paz firmado en agosto del año pasado es una contribución positiva para poner fin a la impunidad por abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario. Dicho acuerdo prevé el reparto de poderes, la desmilitarización y la reforma del sector de la seguridad, así como importantes mecanismos de justicia transicional. Entre ellos cabe mencionar una autoridad encargada de otorgar reparaciones, una comisión de la verdad y la reconciliación y un tribunal penal híbrido, que será creado por la Comisión de la Unión Africana.
Resulta sorprendente y alentador que el mecanismo penal de rendición de cuentas haya sido aceptado de buen grado por las dos partes del conflicto. De hecho, cuando el presidente Salva Kiir firmó el acuerdo, formuló 16 reservas de peso, pero la creación de un tribunal penal que algún día podría juzgar a dirigentes políticos y militares de alto rango no fue una de ellas.
La absoluta ausencia de rendición de cuentas por los ciclos de violencia que han asolado la región que se ha convertido en Sudán del Sur es una de las causas fundamentales del reciente conflicto: no abordar los profundos resentimientos ni garantizar justicia real sólo ha servido para alimentar el siguiente ciclo de violencia política. Con pocas excepciones, la mayoría de los líderes comunitarios con los que ha hablado Amnistía Internacional durante esta fase de violencia política cree que sólo se alcanzará una paz duradera con una rendición de cuentas real por los crímenes cometidos por las dos partes del conflicto.
El acuerdo de paz estipula que, “desde su concepción”, el gobierno de transición debe elaborar legislación destinada a establecer el tribunal híbrido que, según el acuerdo, será creado por la Comisión de la Unión Africana. Tal como ilustra una carta conjunta enviada el 23 de septiembre por numerosas organizaciones no gubernamentales internacionales y sursudanesas a la presidenta de la Comisión de la Unión Africana, existe una necesidad real de que la Comisión ponga en marcha lo antes posible el tribunal híbrido.
El establecimiento de un tribunal híbrido plenamente operativo, con el personal, la infraestructura y la financiación necesarios, exigirá cierto tiempo, pero la recopilación y conservación de pruebas debe empezar ya.
Las pruebas físicas se deterioran con rapidez en un clima tropical y también existe el riesgo de que se destruyan, alteren u oculten intencionadamente. Los recuerdos de los testigos se desdibujan y se pierde el rastro de estas personas. Pueden perderse para siempre pruebas vitales. Por eso es importante que, junto con la adopción pronta de medidas para establecer el tribunal híbrido, la Unión Africana y el resto de la comunidad internacional creen urgentemente un mecanismo provisional dotado de un claro mandato para investigar posibles crímenes de guerra y recopilar y preservar pruebas. Tomar medidas inmediatas para abrir investigaciones sobre el terreno transmitirá un mensaje claro de que se está escuchando la exigencia de justicia.
Existen numerosos argumentos de autoridad y claros precedentes para tomar tales medidas. Por ejemplo, antes de que se pusieran en marcha y funcionasen plenamente los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda ya había comisiones de expertos realizando investigaciones.
Igualmente, en Sudán se creó la Comisión Internacional de Investigación sobre Darfur como paso previo a que el Consejo de Seguridad de la ONU remitiese la situación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
El informe de la Unión Africana –y otros muchos informes elaborados por diversas organizaciones, como Amnistía Internacional– no dejan lugar a dudas sobre la comisión de crímenes de derecho internacional en Sudán del Sur por las dos partes del conflicto.
Ya es hora de que todos los presuntos responsables penales respondan ante la justicia en juicios justos.
Ken Scott es asesor de Amnistía Internacional y ha trabajado como fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y como fiscal especial del Tribunal Especial para el Líbano.