El enorme número de jóvenes que huyen del servicio militar indefinido en Eritrea se añade a la crisis mundial de refugiados. Estas personas tienen derecho a recibir protección internacional, según ha concluido un nuevo informe de Amnistía Internacional.
Just Deserters: Why indefinite national service in Eritrea has created a generation of refugees (Simples desertores: Por qué el servicio militar indefinido en Eritrea ha creado una generación de refugiados) revela que, a pesar de que oficialmente se afirmó que duraría 18 meses, el servicio militar nacional sigue siendo indefinido y a menudo dura decenios. Se recluta a niños y niñas de tan sólo 16 años, así como a ancianos, y se desarrolla en condiciones que constituyen trabajo forzado.
Los eritreos y eritreas que huyen del servicio militar nacional se han convertido en el tercer grupo de refugiados más numeroso que intenta llegar a Europa. Pero a pesar de la realidad de su país, los Estados europeos cada vez rechazan más solicitudes de asilo de Eritrea.
“La situación a la que se enfrentan los reclutas en Eritrea es desesperada y pone en tela de juicio las afirmaciones de ciertos países de acogida según las cuales la mayoría de las personas de nacionalidad eritrea que llegan a sus fronteras son migrantes económicos”, ha dicho Michelle Kagari, directora regional adjunta para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
“Estas personas, muchas de ellas menores, son refugiados que huyen de un sistema que equivale a trabajos forzados a escala nacional y que les impide decidir sobre aspectos clave de sus vidas.”
Basado en entrevistas con 72 eritreos que huyeron del país desde mediados de 2014, el informe arroja nueva luz sobre las duras condiciones que sufren las personas reclutadas y sobre los brutales métodos utilizados por el ejército contra quienes intentan evitar el servicio militar. Algunas de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que habían pasado 10 o 15 años como reclutas antes de huir del país. Otras tenían esposos o padres que aún eran reclutas tras 20 años de servicio.
En algunos casos, varios miembros de la misma familia son reclutados a la vez y separados geográficamente, negándoles el derecho a disfrutar de una vida familiar. Una mujer de 18 años dijo a Amnistía Internacional que un nuevo requisito que obligaba a incorporarse al servicio militar a las mujeres de más edad supuso que todos los miembros de su familia inmediata fueran reclutados o tuvieran que huir del país.
Algunos ex reclutas cuentan que estuvieron años haciendo el servicio militar sin conseguir un permiso. Quienes se ausentan sin permiso pueden ser encarcelados y si no los encuentran encarcelan a sus familiares.
El servicio militar nacional tiene un efecto negativo sobre los niños y las niñas. Muchos abandonan sus estudios para evitar ser reclutados y las niñas se casan a edad temprana esperando que esto las exima de ser reclutadas. Otros menores, cuyos padres llevan largo tiempo haciendo el servicio militar, tienen que asumir la responsabilidad económica de sus familias.
El servicio militar nacional no sólo es largo e indefinido, sino que está pésimamente remunerado.
Todos los ex reclutas entrevistados por Amnistía Internacional dijeron que es imposible cubrir las necesidades básicas de una familia con el sueldo que reciben, 450-500 nakfas mensuales como sueldo base antes de impuestos (unos 43-48 dólares estadounidenses).
A las personas a las que se descubre intentando evitar el servicio militar o escapar de él, por ejemplo huyendo del país, se las detiene –a veces indefinidamente– en condiciones terribles, a menudo en celdas subterráneas o en contenedores de transporte. Esta misma suerte correrán probablemente las personas que sean devueltas desde el extranjero al rechazarse su solicitud de asilo en Europa o en otros lugares, y en general todo solicitante de asilo devuelto corre peligro de detención arbitraria y tortura.
Las personas que intentan cruzar la frontera con Etiopía corren peligro de que las autoridades eritreas les disparen.
El gobierno de Eritrea afirma que el sistema de servicio militar nacional es necesario para la autodefensa del país dada las prolongadas hostilidades con la vecina Etiopía, pero no todos los reclutas se dedican a labores militares. Muchos realizan funciones civiles en la agricultura, la construcción, la enseñanza y la administración pública. A pesar de que las autoridades han afirmado que el periodo de reclutamiento se limitaría a 18 meses, es evidente que no ha sido así.
“El reclutamiento obligatorio sigue siendo indefinido para una gran proporción de los reclutas y en ocasiones dura decenios. Las personas de más edad vuelven a ser reclutadas, y quienes tratan de huir son detenidos arbitrariamente sin cargos”, ha dicho Michelle Kagari.
“Eritrea está perdiendo a su juventud. Los niños y niñas se van solos a otros países, a menudo sin informar a sus padres, para escapar de una vida de trabajos forzados mal remunerados a perpetuidad, sin educación ni oportunidades laborales. El hecho de que opten por embarcarse en tales viajes precarios e inseguros a presuntos lugares de refugio seguro refleja la gravedad de las violaciones de derechos humanos que tendrían que afrontar si permanecieran en su país.”
Amnistía Internacional pide a Eritrea que ponga fin al sistema de reclutamiento obligatorio indefinido para el servicio militar nacional. La organización pide a todos los Estados que reconozcan que este sistema viola los derechos humanos.
Información complementaria
El servicio militar nacional, establecido por ley en 1995, exige que todo eritreo mayor de edad realice un servicio militar de 18 meses, pero para un porcentaje importante de reclutas en la práctica este plazo se extiende indefinidamente.
La Ley sobre el Servicio Militar de Eritrea no contempla la objeción de conciencia ni un servicio civil alternativo para quienes son objetores al servicio militar por motivos religiosos, éticos u otros motivos de conciencia.
En 2014 y 2015 algunos países, como Reino Unido y Dinamarca, afirmaron que las condiciones de los reclutas y otros eritreos habían mejorado y ya no había motivos para conceder el asilo a quienes huían. En el segundo trimestre del 2015 (del 1 de abril al 30 de junio), el gobierno británico rechazó el 66 por ciento de los casos de asilo en primera instancia.