La ejecución en Irak de cinco presos es una manifiesta reacción visceral al detestable atentado con explosivos de Bagdad del fin de semana y un indicio preocupante de que el país está aumentando su uso de la pena de muerte, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
El Ministerio de Justicia iraquí declaró que los cinco presos fueron ejecutados el martes porque tras el atentado del sábado por la noche de Bagdad, en el que según los medios de comunicación murieron al menos 213 personas y resultaron heridas otras 200, las autoridades habían prometido hacer más ejecuciones.
“El atentado de Bagdad, dirigido contra civiles en una ajetreada zona comercial, es un ataque inadmisible contra el derecho fundamental a la vida y un crimen de guerra, y no puede haber justificación alguna para esa odiosa violencia”, dijo Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
El grupo armado que se autodenomina Estado Islámico reivindicó la responsabilidad del atentado.
Amnistía Internacional ha pedido que los responsables respondan ante la justicia en juicios justos sin recurso a la pena de muerte.
“Las ejecuciones no son la solución y no abordan las causas de fondo de la delincuencia. La pena de muerte, que es una violación del derecho a la vida y el castigo cruel, inhumano y degradante por antonomasia, ha demostrado una y otra vez que no tiene más efecto disuasorio que una pena de prisión”, añadió Philip Luther.
El sistema de justicia penal de Irak sigue teniendo deficiencias sustanciales. Los juicios —concretamente los de personas acusadas en virtud de la ley antiterrorista y que podrían ser condenadas a muerte— pueden ser manifiestamente injustos, y los tribunales suelen admitir pruebas obtenidas bajo tortura, incluso cuando los procesados se retractan de sus “confesiones” ante el tribunal.
En una declaración realizada el lunes, el Ministerio de Justicia dijo que “rechazaría categóricamente” cualquier injerencia internacional en sus ejecuciones, y añadió que no aceptará ningún argumento de derechos humanos contra la pena de muerte. Según el Ministerio, quedaban 3.000 presos en el corredor de la muerte, mientras se estaba condenando a más personas a la pena capital.
El año pasado, el Consejo de Ministros iraquí propuso una enmienda al Código de Enjuiciamiento Criminal encaminada a acelerar el proceso de ejecución.
En Irak, para que se pueda ejecutar una condena a muerte, tiene que ratificarla el presidente del país. Sin embargo, si se aprueba la enmienda, se podrían llevar a cabo las ejecuciones sin la aprobación del presidente, un mes después de presentarlas para su ratificación. La propuesta del Consejo de Ministros también haría más difícil que los condenados a muerte pidan un nuevo juicio.
“La respuesta del gobierno indica un preocupante aumento del uso de la pena de muerte en la lucha antiterrorista del país”, dijo Philip Luther.
“Pedimos a Irak que detenga inmediatamente todas las ejecuciones y decrete una moratoria oficial, El país no puede seguir usando la lucha antiterrorista para justificar errores judiciales manifiestos y el uso de la pena de muerte.”
Información complementaria:
Los tribunales iraquíes han impuesto más de 123 condenas a muerte solamente en 2016, en su mayoría a hombres acusados de actos de terrorismo. Este año ya han sido ejecutadas al menos 105 personas.
El ex presidente Jalal Talabani se negó a ratificar las condenas a muerte, lo que causó una acumulación de casos pendientes. El año pasado, los parlamentarios y la opinión pública sometieron a una importante presión al nuevo presidente, Fuad Masum, para que ratificara condenas a muerte tras la masacre de Speicher, en la que murieron al menos 1.700 cadetes del campamento militar de Speicher, cerca de Tikrit, tras ser capturados por combatientes de Estado Islámico en junio de 2014. La Presidencia creó un comité especial para gestionar los casos pendientes.
El 29 de junio de 2016, Amnistía Internacional escribió a las autoridades iraquíes pidiéndoles que detuvieran todas las ejecuciones, decretasen una moratoria oficial, conmutaran todas las condenas a muerte y garantizaran que todos los nuevos juicios cumplen todas las normas internacionales de imparcialidad procesal.