En Irán, al menos ocho personas están condenadas a muerte en relación con el levantamiento “Mujer Vida Libertad” de 2022, y otras nueve han sido ejecutadas arbitrariamente tras simulacros de juicio manifiestamente injustos. Las autoridades han vulnerado gravemente los derechos de estas personas a un juicio justo y han sometido a muchas de ellas a tortura y otros malos tratos, tales como palizas, descargas eléctricas y violencia sexual.
Al menos 15 personas corran el riesgo de que se les aplique la pena capital en relación con el levantamiento “Mujer Vida Libertad” entre septiembre y diciembre de 2022. Entre ellas figuran al menos ocho hombres —Fazel Bahramian, Mahmoud Mehrabi, Mamousta Mohammad Khazrnejad, Manouchehr Mehman Navaz, Mehran Bahramian, Mojahed (Abbas) Kourkouri, Reza (Gholamreza) Rasaei y Toomaj Salehi— condenados a muerte actualmente y en riesgo de ejecución tras juicios manifiestamente injustos en los que se dictaron sentencias condenatorias por cargos de “enemistad con Dios” (moharebeh), “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) y “rebelión armada contra el Estado” (baghi). El 23 de enero de 2024, las autoridades ejecutaron arbitrariamente a Mohammad Ghobadlou, joven con discapacidad mental, saltándose los procedimientos legales para negarle un nuevo juicio y ejecutar su condena a muerte, a pesar de que el Tribunal Supremo había anulado su sentencia condenatoria y su pena de muerte y había ordenado que se celebrara un nuevo juicio en julio de 2023.
Las personas antes mencionadas han sido sometidas a juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios o Tribunales de lo Penal en todo el país. Las autoridades han violado, entre otros, los derechos a acceder a una defensa adecuada y a asistencia letrada de su elección, a la presunción de inocencia, a guardar silencio, a impugnar por medios válidos la legalidad de su detención y a una vista imparcial y pública. Los tribunales han utilizado confesiones forzadas mediante tortura, algunas de las cuales se retransmitieron a través de los medios de comunicación estatales antes de los juicios, para condenar a estas personas. Según ha documentado Amnistía Internacional, entre los métodos de tortura y otros malos tratos infligidos contra las personas antes mencionadas se incluyen palizas, descargas eléctricas, asfixia, violencia sexual y negación deliberada de atención médica.
Pedimos sean anuladas inmediatamente todas las sentencias condenatorias y las penas de muerte derivadas de las protestas, que no se soliciten nuevas penas de muerte y que se garantice que toda persona acusada de cualquier delito común reconocible sea juzgada en procesos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos, sin recurrir a la pena de muerte. T
