La autorización dictada hoy por las autoridades israelíes para la construcción de otras 3.000 casas en asentamientos ilegales de la Cisjordania ocupada –el cuarto anuncio de este tipo hecho en las últimas semanas– subraya la escandalosa disposición de las autoridades a burlar el derecho internacional. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
En las semanas previas a esta autorización, las autoridades israelíes anunciaron planes de construir 3.219 casas más en la Cisjordania ocupada, incluidas 719 casas en Jerusalén Oriental. Todos los anuncios se han hecho desde la toma de posesión del presidente estadounidense Donald J. Trump, firme aliado del actual gobierno israelí.
“Desde comienzos de 2017, las autoridades israelíes han dejado claro que planean acelerar la construcción de casas en asentamientos ilegales y hacerse con una mayor parte del territorio palestino, lo cual constituye una flagrante violación del derecho internacional”, ha manifestado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“La oleada de recientes anuncios indica que el gobierno israelí, envalentonado por la administración Trump, no siente la necesidad de ocultar sus descaradas violaciones de los derechos de la población de los Territorios Palestinos Ocupados.”
“La decisión de incrementar el número de casas en los asentamientos en el año en el que se cumple el 50 aniversario de la ocupación israelí es además totalmente contraria a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU aprobada el pasado diciembre en la que se pide a Israel que cese todas las actividades de asentamiento en los Territorios Palestinos Ocupados.”
En total, desde que empezó el año, las autoridades israelíes han anunciado la construcción de 6.219 nuevas viviendas en asentamientos.
La semana que viene, está previsto también que el Knesset, el Parlamento israelí, vote un proyecto de ley que legalizaría retroactivamente la ocupación por Israel de un trozo de tierra palestina en la que podrían construirse hasta 16 asentamientos en Cisjordania.
La política israelí de asentar a civiles judíos en los Territorios Palestinos Ocupados viola el derecho internacional humanitario y constituye un crimen de guerra. Además, es intrínsecamente discriminatoria y ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos, como destrucción de viviendas, desalojos forzosos, homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias y castigos colectivos.
Desalojo en Amona
El anuncio de hoy se hizo unas horas antes de que las fuerzas de seguridad israelíes iniciaran una operación para retirar a más de 300 colonos judíos del puesto avanzado ilegal de Amona, en Cisjordania, después de que el Tribunal Supremo de Israel resolviera que estaba construido en tierra de propiedad privada palestina y debía ser evacuado antes del 8 de febrero. Se ha informado de violencia y lesiones a policías durante el desalojo.
“La evacuación de Amona, construido ilegalmente en tierra palestina hace más de 20 años, es un paso positivo, pero las autoridades israelíes deben garantizar que las fuerzas de seguridad no hacen uso de fuerza excesiva contra los colonos y quienes los apoyan.
Las autoridades deben asimismo garantizar que a los colonos no se les permite volver a ocupar la tierra, y que se permite el acceso a ellas a sus propietarios palestinos”, ha manifestado Magdalena Mughrabi.