El 11 de noviembre de 2019, Amnistía Internacional y Human Rights Watch presentaron una intervención conjunta de terceros ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una causa relativa a los abusos cometidos por Libia contra migrantes durante operaciones en el mar y al regresar al país en noviembre de 2017.
En la causa de S. S. and others v Italy (núm. 21660/18), los demandantes piden justicia al tribunal, alegando que Italia incumplió sus obligaciones contraídas en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos al cooperar con Libia para que la guardia costera de este país pudiera interceptar a personas en el mar y llevarlas de vuelta a Libia. Los solicitantes han manifestado ante el tribunal que las personas devueltas a Libia son expuestas allí habitualmente a tortura y otros abusos, incluido su confinamiento sistemático en centros de detención, donde permanecen recluidas arbitrariamente.
En 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de la causa Hirsi Jamaa and Others v. Italy (núm. 27765/09), concluyó que la práctica italiana de interceptar a personas migrantes en el mar y obligarlas a regresar a Libia había violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluida la prohibición de devolver a personas a países en los que corren peligro de sufrir abusos contra los derechos humanos. Desde entonces, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado sistemáticamente los constantes abusos contra los derechos humanos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en Libia, y han condenado la cooperación y el apoyo brindados por la UE, y específicamente Italia, a Libia, que han dado lugar a la prolongada detención arbitraria y los abusos contra personas en Libia.
La intervención conjunta argumenta que Italia desempeña un papel decisivo en apoyar e influir al control migratorio libio para que siga las mismas políticas de interceptar a personas migrantes en el mar y devolverlas a Libia, algo que el Tribunal condenó en 2012. Amnistía Internacional y Human Rights Watch alegan que Italia comparte la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos derivadas de las operaciones marítimas llevadas a cabo por las autoridades libias que empleen fuerza innecesaria o desproporcionada o que concluyan con la devolución de personas a condiciones de abuso. La intervención proporciona también conclusiones actualizadas sobre las inhumanas condiciones de las personas refugiadas y migrantes en Libia y sobre los abusos cometidos o tolerados por las autoridades libias.
Pese a tener plena conciencia de la situación, Italia, junto con otros Estados miembros de la UE, ha ofrecido apoyo a las autoridades libias para que retengan a gente en Libia, sin condicionar este apoyo a medidas para impedir graves violaciones de derechos humanos, como el cierre de los centros de detención o la liberación de las miles de personas detenidas ilegalmente. Por el contrario, la ayuda a la Guardia Costera libia para que devuelva a las personas interceptadas en el mar a situaciones de detención indefinida en Libia continúa sin trabas.
Este caso brinda una oportunidad crucial de garantizar que Italia rinde cuentas en virtud del Convenio Europeo sobre su papel sustancial en la elaboración de la política fronteriza y de control de la migración de Libia. El apoyo de Italia, y de la UE más en general, a Libia es fundamental para permitir los terribles abusos cometidos por las autoridades libias contra personas refugiadas y migrantes durante interceptaciones en el mar y a su regreso a Libia. Por tanto, no debe quedar sin consecuencias.
En el núcleo del caso se encuentran los sucesos del 6 de noviembre de 2017, cuando un bote que, según estimaciones, transportaba a unas 150 personas empezó a hundirse en aguas cercanas a la costa libia y tanto una embarcación de salvamento perteneciente al grupo no gubernamental Sea-Watch como un barco patrulla de la Guardia Costera libia, vinculado al Gobierno de Acuerdo Nacional reconocido por la ONU, pero donado por Italia, llegaron al lugar de los hechos. Según las 17 personas supervivientes que son las demandantes en la causa, la Guardia Costera libia obstaculizó el trabajo de la tripulación del Sea-Watch 3, que había empezado a rescatar a personas: arrojó objetos contra la tripulación y golpeó y amenazó a las personas rescatadas, algunas de las cuales habían saltado por la borda durante la operación.
La Guardia Costera libia llevó a 47 personas de vuelta a Libia, donde fueron detenidas y quedaron expuestas a abusos. El barco de Sea-Watch rescató y desembarcó en Italia a varias personas supervivientes más, entre ellas 15 de las demandantes. Un número desconocido de personas murieron, entre ellas los hijos pequeños de dos de las personas demandantes.