Olha Baranevska, maestra de guardería jubilada de Melitópol, abiertamente proucraniana, se negó a volver a trabajar en la guardería bajo la ocupación rusa. En mayo de 2024, las autoridades ocupantes la secuestraron en su domicilio y al parecer la torturaron. Un mes más tarde fue liberada brevemente para luego ser detenida de forma arbitraria y sometida dos veces a 14 días de “detención administrativa”, antes de que la acusaran de esconder explosivos en su jardín y la condenaran a seis años de prisión. Mientras tanto, su madre, de avanzada edad, murió, y su propia salud corre peligro.
Amnistía Internacional ha documentado numerosas violaciones de derechos humanos de la población civil ucraniana y violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas rusas y las autoridades ocupantes de Ucrania. Entre esas violaciones se incluyen crímenes de guerra y probables crímenes de lesa humanidad, como el traslado o la deportación ilegales de civiles de algunas zonas ocupadas de Ucrania.
Se ha informado abundantemente de secuestros, desapariciones forzadas y encarcelamientos ilegítimos, así como de tortura y otros malos tratos de civiles en la Ucrania ocupada por Rusia, y Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de estas prácticas en Crimea y el este de Ucrania desde 2014, y en otros territorios ocupados por Rusia posteriormente. La tortura y otros malos tratos, como la negación de atención médica adecuada bajo custodia y la negación del derecho a un juicio justo, también son
habituales en Rusia.
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