Ante los hechos acontecidos el pasado domingo 7 de enero en el municipio de Acapulco, en el estado de Guerreo, en que se registró un enfrentamiento entre miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) – y elementos de la policía estatal, en el cual 11 personas murieron, incluidos 3 policías comunitarios, y más de 30 personas fueron detenidas, Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas en Amnistía Internacional, declaró:
“Las autoridades estatales deben actuar con prontitud para esclarecer las circunstancias en que 11 personas fallecieron e investigar de forma efectiva, independiente e imparcial el uso de la fuerza letal por parte de los agentes estatales para llevar a los responsables ante la justicia.
Las autoridades deben asimismo garantizar todos los derechos humanos de las 30 personas que permanecen detenidas, y asegurar que tengan acceso cuanto antes a representación legal de su elección y a los servicios médicos que pudieran requerir, así como permitir que puedan comunicarse y recibir visitas de sus familiares. Es fundamental que las autoridades den a conocer a la brevedad un listado de todas las personas detenidas, su situación jurídica y física, y el lugar en que se encuentran detenidas. De no existir ninguna acusación en su contra, deben ser inmediatamente liberadas.”