Mientras las protestas contra por el homicidio de George Floyd provocan una reacción en cadena en favor de un cambio en todo el país y en el mundo entero, Amnistía Internacional pide que se prohíba el uso policial de la tecnología de reconocimiento facial con fines de vigilancia masiva, a fin de combatir la actuación policial discriminatoria y la aplicación criterios raciales contra las personas negras.
“En todas nuestras comunidades, las personas negras sufren ya violaciones desproporcionadas de la privacidad y los derechos básicos, y la vigilancia no hace más que exacerbar el riesgo de que se cometan tales violaciones”, ha manifestado Michael Kleinman, director del proyecto Silicon Valley Initiative de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Vemos cometer a diario este tipo de violaciones mientras departamentos de policía de todo Estados Unidos se valen del reconocimiento facial para identificar a manifestantes.
“La mera amenaza de vigilancia tiene un efecto inhibidor en las personas, que, de lo contrario, ejercerían su derecho a manifestarse. En vez de violar los derechos humanos en la calle a diario, los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben hacer valer el derecho de las personas a protestar contra estos homicidios y participar con las comunidades en un diálogo muy necesario.
“Es la capacidad de formar parte de una multitud anónima lo que permite que muchas personas participen en manifestaciones pacíficas y se sientan seguras. En vez de utilizar estas tecnologías para agudizar los temores de la gente, los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben cumplir son su obligación de respetar y facilitar el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente.”
Las investigaciones realizadas coinciden en que los sistemas de reconocimiento facial procesan algunos rostros con más precisión que otros, dependiendo de características clave como el color de la piel, la etnia y el género, lo que genera desigualdades tanto en la vigilancia como en la actuación policial. Igualmente preocupante es la enorme aceptación que ha tenido en los últimos años la tecnología de reconocimiento facial, especialmente entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Amnistía Internacional pide que se imponga una prohibición total de uso, desarrollo, producción y venta de tecnología de reconocimiento facial con fines de vigilancia en la policía y otros organismos públicos de Estados Unidos, así como una prohibición de las exportaciones de sistemas de reconocimiento facial a otros países.