Un total de 130 organizaciones de la sociedad civil han pedido a la Unión Europea (UE) que no desaproveche una oportunidad única de ejercer su papel en la búsqueda de soluciones para el comercio de minerales con los que se financian conflictos.
Cada año, las empresas introducen minerales en Europa por valor de miles de millones de euros sin comprobar si han servido para financiar conflictos o abusos contra los derechos humanos. Estos minerales pueden terminar formando parte de productos de uso cotidiano como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, automóviles y bombillas. Las organizaciones de la sociedad civil vienen documentando desde hace muchos años las conexiones entre minerales, conflictos armados y abusos contra los derechos humanos, desde el papel de los minerales en la financiación de violentos grupos armados hasta el trabajo infantil en las minas.
En su carta, la sociedad civil representada hace una petición muy simple: que la UE obligue a las empresas europeas a actuar con la debida prevención a la hora de adquirir minerales o artículos que podrían estar relacionados con conflictos o abusos contra los derechos humanos. La UE ha aprobado legislación análoga en otros sectores, desde el alimentario al de los servicios financieros. Este llamamiento es, además, absolutamente acorde con normas internacionales existentes que los Estados miembros de la UE suscribieron hace años.
Sin embargo, en lugar de acompañar con medidas su discurso sobre una actividad empresarial responsable, los Estados miembros han intentado dejar fuera del saco a la mayoría de las empresas europeas, favoreciendo una legislación que sólo sería aplicable a un número insignificante de empresas europeas que compran minerales en bruto mientras que pasaría completamente por alto a la ingente cantidad de empresas que introducen minerales en la UE como componentes de productos. Para empeorar las cosas, los Estados miembros hicieron una propuesta en diciembre de 2015 que socava las propias normas internacionales que se han comprometido a respetar, al reducir considerablemente los controles exigidos a ciertas empresas que abarca la legislación.
Si los Estados miembros consiguen imponer estas exigencias al Parlamento Europeo, que antes había votado una propuesta mucho más contundente, es muy probable que la legislación no tenga efectos significativos, si es que tiene alguno. Abandonadas a sus propios recursos, la mayoría de las empresas en Europa podrá decidir si actúa o no responsablemente al comprar estos minerales o productos. Los límites de este planteamiento son bien conocidos: datos estadísticos ampliamente difundidos demuestran que muy pocas empresas europeas optan por hacer estos controles. Así lo han reconocido varios países repartidos por todo el mundo, desde la República Democrática del Congo hasta Estados Unidos, que han aprobado legislación destinada a regular este comercio.
La Unión Europea corre el riesgo de socavar las normas internacionales y los esfuerzos para dar solución a un problema de alcance mundial. Sobre todo, defraudaría a todas esas comunidades locales que sufren a diario la violencia y los abusos asociados a los minerales con que se financian conflictos. Mientras, empresas europeas seguirían obteniendo beneficios de este comercio letal.