En el Día Internacional de la Mujer, examinamos la larga lucha para que las niñas embarazadas puedan seguir asistiendo a la escuela en Sierra Leona.
“Me iba bien en la escuela […] pero tuve que dejar de ir porque me quedé embarazada. Mi familia contaba conmigo, pero les he decepcionado.”
Nunca olvidaré las descorazonadoras palabras de Rugiatu* (nombre ficticio), estudiante de Sierra Leona que me contó su historia en junio de 2015. Rugiatu había sido expulsada de la escuela tras quedarse embarazada, y tenía miedo de haber perdido la oportunidad de ayudar a su familia a salir de la pobreza.
Esta flagrante injusticia era resultado de una política introducida en abril de 2015, justo antes de que las escuelas reabrieran tras la crisis del ébola, y por la que se prohibía a las niñas visiblemente embarazadas asistir a la escuela y presentarse a exámenes.
El impacto de esta ley discriminatoria se vio amplificado por el hecho de que durante la crisis del ébola se había producido un fuerte aumento de los embarazos de adolescentes, debido a una combinación de factores que incluían meses de cierre de las escuelas y una oleada de violencia sexual durante el brote. Rugiatu era consciente de la probabilidad de que la falta de acceso a la educación los mantuviera a ella y a toda su familia en las condiciones de pobreza en las que viven.
Obligadas a mantener relaciones sexuales con hombres a cambio de comida
Muchas niñas cuyos progenitores habían muerto se vieron obligadas a mantener relaciones sexuales con hombres a cambio de protección o comida. Rugiatu fue una de los cientos de niñas que entrevisté junto con mis colegas de Amnistía Internacional en grupos-muestra ese año. Las niñas nos contaron que, antes de que se cerraran las escuelas, soñaban con ser abogadas, médicas o profesoras.
In March 2015, as the number of Ebola cases started to decline, the government announced that schools would reopen and the education system would resume. This announcement was seen as an important turning point and a positive sign.
(Photo Amnesty International )
Describieron lo estigmatizadas y humilladas que se sintieron a manos de sus docentes y sus compañeros y compañeras de estudios, que cuchicheaban a sus espaldas, y expresaron su frustración por el hecho que ellas eran castigadas mientras que los hombres con los que habían mantenido relaciones no lo eran. Se sentían tratadas como delincuentes, y querían desaparecer y encerrarse en sus casas.
Estar en Sierra Leona nos dio también la oportunidad de hablar con muchas partes interesadas, como donantes y ONG internacionales y locales, y también con las autoridades, para ver cómo podían justificar una política tan discriminatoria. Las conclusiones de esta primera visita y las visitas subsiguientes se incluyeron en diferentes informes, materiales de campaña y documentos de acción que Amnistía Internacional luego utilizó para movilizar a la opinión pública tanto nacional como internacional sobre la injusticia que estaban sufriendo las niñas embarazadas de Sierra Leona.
A mis colegas y a mí nos conmovieron tanto las historias de estas niñas, y nos enfureció tanto la injusticia que sufrían, que intervinimos en una causa judicial presentada por dos organizaciones no gubernamentales, Children Welfare Society Sierra Leone (CWA – SL) y Women Against Violence and Exploitation in Society (WAVES), para hacer frente a la prohibición.
La causa se remitió al Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) en Abuya (Nigeria) en mayo de 2018. En nuestro informe de amicus curiae, Amnistía Internacional presentó al Tribunal pruebas de las violaciones de derechos humanos que habíamos documentado, así como legislación internacional y regional de derechos humanos pertinente, para que el Tribunal las examinara.
El 12 de diciembre de 2019, el Tribunal de la CEDEAO dictó su sentencia. Concluyó que la prohibición impuesta por Sierra Leona era discriminatoria contra las niñas embarazadas y debía ser revocada con efecto inmediato.
Sentí una inmensa alegría al pensar en Rugiatu y las otras niñas y en cómo el Tribunal había coincidido con su apasionado sentido de la injusticia. Al mismo tiempo, sabía que esta sentencia era sólo un primer paso en una larga batalla que las niñas embarazadas de Sierra Leona, y de otros lugares de África, siguen teniendo que luchar para conseguir su derecho a la educación.
El Tribunal declaró que la prohibición infringe los compromisos contraídos por Sierra Leona en virtud de sus propias leyes tanto regionales como internacionales, incluidas la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. Afirmó que la educación es un derecho humano, y declaró que es responsabilidad del Estado garantizar que tanto hombres como mujeres gozan de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, sin discriminación.
Girls that became pregnant were forced to leave the school. (Photo: Amnesty International )
También consideró que separar a las niñas embarazadas equivale a estigmatizarlas, y podía verse como una forma de castigo por estar embarazadas. Resulta significativo que el Tribunal también ordenara al Estado que desarrollara estrategias y campañas para abordar las actitudes sociales negativas hacia las niñas embarazadas que asisten a la escuela. El Tribunal decía que castigar a las niñas expulsándolas de la escuela no anulará los elevados índices de embarazo adolescente en el país.
El Tribunal pidió también que se adoptaran medidas de educación sexual y planificación familiar para que las niñas y las mujeres de Sierra Leona puedan disfrutar plenamente de sus derechos sexuales y reproductivos. Resultó especialmente gratificante ver que, al tomar su decisión sobre el fondo del caso, el Tribunal reconocía como instructivo el informe de amicus curiae de Amnistía Internacional.
La sentencia es vinculante. Eso significa que el gobierno de Sierra Leona tiene la obligación de aplicarla. No obstante, los mecanismos del Tribunal para hacer que la sentencia se cumpla son limitados. La aplicación depende realmente de la voluntad política del gobierno de Sierra Leona y, esperemos, de las presiones procedentes tanto de dentro como de fuera del país.
A pesar de todas las dificultades, la sentencia del Tribunal de la CEDEAO es una victoria para todas las niñas que, al quedarse embarazadas, ven cómo su futuro se desvanece. Es una victoria para las personas que han estado defendiendo tanto a estas niñas como a los derechos humanos, para todas las niñas de otros países africanos (como Tanzania y Guinea Ecuatorial) que sufren políticas similares y que ahora pueden tener esperanza de que sus gobiernos se las replantearán.
Sigo pensando en Rugiatu y su bebé. Cuando la conocí, apenas sabía cómo sostenerlo en sus brazos. Estaba estigmatizada por haber sido una madre adolescente. Rugiatu estaba realmente decidida a volver a la escuela una vez que el bebé creciera un poco y encontrara a alguien que la ayudara a cuidar de él. No quería que el gobierno de Sierra Leona y su injusta y discriminatoria prohibición destruyeran sus propios sueños de convertirse en abogada y defender los derechos de otras personas, incluidas las que están en situaciones similarmente vulnerables.
Estoy segura de que Rugiatu se alegraría mucho con la sentencia de la CEDEAO. Esa sentencia debería significar que miles de niñas embarazadas podrán ir a la escuela y convertirse en las abogadas, médicas y profesoras que querían ser. En el Día Internacional de la Mujer, es algo que merece celebrarse.
Este blog fue publicado el viernes 6 de marzo de 2020 por el Daily Maverick