Por Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
En el mundo, se sabe que al menos 483 personas fueron ejecutadas en 2020. Por escalofriante que resulte esta cifra, es el número de ejecuciones más bajo registrado por Amnistía Internacional en al menos un decenio, y supone una disminución del 26% respecto a 2019, y del 70% respecto a la cifra máxima de 1.634 ejecuciones alcanzada en 2015.
Es evidente que la pena de muerte está en vías de extinción, ya que tanto el número de ejecuciones como el de condenas a muerte descendieron en 2020.
Esta tendencia ha quedado aún más de manifiesto tras la aplaudida decisión de Chad de abolir la pena capital en 2020, junto con el estado estadounidense de Colorado. Más recientemente, Virginia se convirtió en el primer estado del sur de Estados Unidos que derogó la pena capital, mientras que, en el ámbito federal estadounidense, hay pendientes ante el Congreso varios proyectos de ley para abolirla.
En un año en el que más Estados que nunca (123 en total) apoyaron el llamamiento de la Asamblea General de la ONU de que se dictara una moratoria de las ejecuciones, creció la presión sobre los que se mantienen al margen para que sigan el ejemplo.
Ejecutar personas en plena pandemia
La disminución del número de ejecuciones se debió a una reducción en algunos estados retencionistas y, en menor medida, en algunas interrupciones de las ejecuciones producidas como respuesta a la pandemia. Las ejecuciones registradas en Arabia Saudí disminuyeron un 85%, de 184 en 2019 a 27 en 2020, y se redujeron en más de la mitad en Irak, de 100 en 2019 a 45 en 2020.
No obstante, no cabe duda de que la cifra real de ejecuciones es mucho más alta, ya que no existen datos públicos de las llevadas a cabo en China, Corea del Norte, Siria y Vietnam. Se cree que sólo China ejecuta a miles de personas cada año, lo que convierte a este país en el ejecutor más prolífico del mundo, por delante del cuarteto compuesto por Irán (+246), Egipto (+107), Irak (+45) y Arabia Saudí (27), responsables entre todos del 88% del total de ejecuciones de las que se tuvo noticia en 2020.
Pero también otros países llevaron a cabo ejecuciones.
Mientras el mundo luchaba por proteger vidas frente a la COVID-19 en 2020, 18 países llevaron a cabo despiadadamente ejecuciones autorizadas por el Estado, y algunos incluso incrementaron el número de personas a las que dieron muerte.
Egipto triplicó su tasa anual de ejecuciones, y se convirtió en el tercer país que más ejecuciones llevó a cabo en 2020. Al menos 23 de las personas ejecutadas habían sido condenadas a muerte en relación con casos de violencia política tras juicios manifiestamente injustos, empañados por “confesiones” forzadas y después de haber sido sometidas a otras violaciones graves de derechos humanos, como tortura y desaparición forzada, lo cual es contrario al derecho internacional.
Estados Unidos reanudó las ejecuciones federales después de un paréntesis de 17 años, y dio muerte a la escalofriante cifra de 10 personas en apenas seis meses. India reanudó las ejecuciones tras cinco años de interrupción. Omán, Qatar y Taiwán también fueron en contra de la tendencia mundial a abandonar la pena capital y reanudaron las ejecuciones. China anunció una represión de los “actos delictivos” que afectaban a los esfuerzos de prevención de la COVID-19, que dio lugar a que al menos un hombre fuera condenado a muerte y ejecutado en el plazo de unos meses.
Desafíos extraordinarios para defender y proteger a las personas condenadas a muerte
En varios países, las restricciones impuestas por la COVID-19 empeoraron aún más las cosas. Esas restricciones impidieron a las personas presas acceder a asistencia letrada y a otras garantías procesales. En Estados Unidos hubo abogados defensores que declararon que no habían podido llevar a cabo trabajo crucial de investigación o reunirse con sus clientes cara a cara. En Singapur, al menos dos condenas a muerte se dictaron a través de una aplicación de vídeo. En Nigeria, un hombre fue condenado a muerte por el tribunal a través de una conexión de vídeo, mientras su abogado y los fiscales también estaban conectados en modo remoto.
En varios casos de Estados Unidos, las autoridades federales ejecutaron a personas mediante inyección letal después de que la orden original de ejecución hubiera expirado, y a pesar de que aún había mociones pendientes ante los tribunales. Esto constituyó una violación de una salvaguardia fundamental del derecho internacional que exige a los Estados que no lleven a cabo una ejecución si hay apelaciones pendientes.
El afán que Estados Unidos puso para que se llevaran a cabo ejecuciones en la jurisdicción federal limitó seriamente la capacidad de las personas presas de buscar ayuda cuando la asistencia letrada que habían recibido durante el juicio y las apelaciones había sido inadecuada, o cuando se habían producido otros defectos de procedimiento que habían afectado a sus casos durante mucho tiempo, y muchos de los cuales violaban el derecho internacional.
Defenderte frente a una condena a muerte es difícil en circunstancias óptimas, pero resultó ser mucho peor en plena pandemia. Los efectos de las normas sobre distancia social en la preparación de apelaciones y el apoyo adecuado a quienes estaban en espera de ejecución, la reducción de las visitas a prisiones y el elevado riesgo de exposición a la COVID-19, habida cuenta de su propagación entre la población reclusa, constituyeron grandes desafíos a lo largo de 2020. Esas circunstancias, excepcionales por sí solas, deberían haber dado lugar a que todos los Estados “ejecutores” detuvieran la aplicación de la pena de muerte.
Sin embargo, en lo que constituye un angustioso ejemplo, en pleno año de la pandemia, Wesley Ira Purkey fue ejecutado por las autoridades federales estadounidenses en Indiana el 16 de julio de 2020 a pesar de que un tribunal federal de primera instancia había suspendido su ejecución. El tribunal había concluido que Wesley Purkey sufría alzheimer, y también se le habían diagnosticado trastorno de estrés post-traumático, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión grave y psicosis. El asesor espiritual de Wesley Purkey también intentó posponer la ejecución, porque él mismo sufrió complicaciones de salud y no pudo brindar apoyo a Purkey antes de la ejecución. Sin embargo, a pesar de todo ello, las autoridades federales siguieron adelante con la ejecución.
Es hora de abolir la pena de muerte
A pesar de que algunos gobiernos siguen aplicando la pena de muerte, el panorama general está claro: la pena capital está en vías de desaparición.
Y, a medida que el camino hacia la abolición mundial avanza firmemente, pedimos a Estados Unidos que tome medidas decisivas. El Congreso debe apoyar los esfuerzos legislativos por abolir la pena de muerte. El presidente Biden debe otorgar clemencia a las 49 personas que permanecen en el corredor de la muerte federal. Las autoridades estadounidenses deben abolir la pena capital y conmutar todas las condenas a muerte en sus jurisdicciones.
En el ámbito global, todos los países que aún no han derogado esta pena deben poner fin para siempre a estos homicidios autorizados por el Estado. Ha llegado el momento de que la pena de muerte quede relegada al vertedero de la historia. Junto con sus socios de todo el mundo, Amnistía Internacional continuará con su campaña contra la pena de muerte hasta que quede abolida en todas partes, de una vez por todas.
Artículo publicado originalmente en TIME.com
https://time.com/5956795/global-death-penalty-lowest-in-decade/