Por Abdullahi Hassan
Al parecer, el presidente Donald Trump ha pedido al Pentágono que elabore planes para la retirada de las tropas estadounidenses de Somalia. Sin embargo, la posible retirada de un contingente de entre 650 a 800 efectivos sobre el terreno no significa necesariamente el fin de las operaciones militares de Estados Unidos en el país. Y, con independencia de que las tropas se vayan o se queden, cualquier decisión será un triste consuelo para la numerosa población civil que sufre las consecuencias de los mortíferos ataques aéreos del ejército estadounidense, muchos de los cuales parten de bases situadas fuera de Somalia.
Según Airwars, sólo este año ha habido al menos 47 ataques aéreos, un nuevo récord que se suma a los casi 150 ataques de los tres primeros años de la presidencia de Trump. Amnistía Internacional ha investigado nueve de estos ataques desde 2019 y ha determinado que en ellos murieron 21 civiles y resultaron con heridas 11. Hemos documentado ataques que parecen haber violado el derecho internacional humanitario, pues en ellos no se tomaron todas las precauciones posibles para evitar daños a la población civil, y en algunos casos se dirigieron directamente contra personas que, según ha determinado Amnistía Internacional, eran civiles.
El mando estadounidense en África (AFRICOM), que lleva a cabo los ataques en Somalia, afirma públicamente que su principal objetivo es dar estabilidad al país y reconoce que esto no se conseguirá aplicando únicamente medios militares. Pero sus palabras no se corresponden con sus actos.
Si bien AFRICOM afirma que Estados Unidos desea mejorar la gobernanza y el desarrollo económico de Somalia, así como resolver las causas de su inestabilidad, sus ataques aéreos han destruido elementos clave de la sociedad y la economía del país necesarios para lograrlo: han matado o herido a destacados empresarios, médicos y agricultores; destruido huertos y canales de riego, y creado nuevas oleadas de personas internamente desplazadas. Los ataques han matado y herido a importantes miembros de la frágil sociedad civil somalí.
Todas las semanas, familiares de víctimas de ataques aéreos estadounidenses se ponen en contacto conmigo para que los asesore sobre cómo conseguir justicia para sus seres queridos muertos o heridos. Desde abril de 2019, AFRICOM ha admitido su responsabilidad en la muerte de cinco civiles somalíes y las heridas sufridas por otros seis en tres ataques aéreos. Sin embargo, ninguna de estas víctimas ni sus familias han sido indemnizadas por AFRICOM ni por el gobierno de Somalia.
Desde el punto de vista del futuro desarrollo económico, la agricultura es uno de los principales medios de subsistencia en Somalia. Desde 2017, Amnistía Internacional ha documentado la muerte de al menos ocho agricultores durante ataques aéreos estadounidenses, en la mayoría de los casos en sus terrenos o cerca de ellos.
Uno de estos ataques, que parece haber violado el derecho internacional humanitario, ocurrió cerca del pueblo de Baladul-Rahma en diciembre de 2018, y en él murió un agricultor civil y resultó gravemente herido otro hombre, Omar Abdi Sheikh, de sobrenombre ‘Rambow’, importante figura en la comunidad y respetado curandero tradicional en la región de la Baja Shabelle.
Mohamud Salad Mohamud, destacado empresario, cultivador de bananas y gerente de la empresa de telecomunicaciones Hormuud Telecom, murió en su finca en febrero de 2020. Un vídeo grabado en su finca de Masalanja, cerca del pueblo de Kumbareere, poco después del ataque, muestra la destrucción de los bananos y del canal de riego.
AFRICOM sostiene que fue una operación de Al Shabaab, pero sus familiares y colegas insisten en que Mohamud Salad Mohamud no era más que un empresario que trabajaba para la mayor empresa de telecomunicaciones de Somalia. Las personas de más edad de los clanes lo describen como uno de los miembros más productivos de su comunidad, que había trabajado también para organizaciones humanitarias, extremo éste que Amnistía Internacional puede corroborar. Otros dos empleados de Hormuud Telecom han muerto en ataques aéreos estadounidenses.
Los ataques aéreos de Estados Unidos también han destruido viviendas y refugios en las comunidades. Por ejemplo, el 6 de diciembre de 2017, un vehículo que transportaba a presuntos combatientes de Al Shabaab explotó en Illimey, en la Baja Shabelle. La explosión destruyó la mitad del pueblo y mató a cinco civiles, dos de ellos menores de edad. Además, hirió a otras dos personas, una de ellas una niña de 18 meses.
El 2 de febrero de este año, la vivienda de Kusow Omar Abukar resultó gravemente dañada en un ataque aéreo en Jilib que, según ha reconocido el ejército estadounidense, mató a su hija e hirió a su anciana madre y a otras dos de sus hijas. El padre de las niñas, agricultor de 50 años que estaba en la casa en el momento del ataque, describió éste a Amnistía Internacional.
Los ataques aéreos de Estados Unidos crean además una incertidumbre y un temor constantes en la ciudadanía, según me han dicho varios somalíes en entrevistas. Según la ONU, en lo que va de año han abandonado la Baja Shabelle más de 180.000 personas, en muchos casos huyendo del conflicto y la inseguridad. La mayoría han acabado en campos para personas desplazadas de Mogadiscio o sus cercanías, donde corren peligro de sufrir explotación y abusos, incluida violencia sexual. Las mujeres y los niños y niñas son especialmente vulnerables ante los abusos, la marginación y la exclusión.
En julio, Amnistía Internacional halló que la pandemia de COVID-19 afecta desproporcionadamente a las personas desplazadas del área de Mogadiscio, que también tienen que enfrentarse a desalojos forzosos, desempleo, suministro de agua inadecuado y servicios de salud insuficientes.
AFRICOM insiste en que su objetivo es “debilitar” a Al Shabaab, pero en realidad su campaña se está cobrando un alto precio en vidas e infraestructuras civiles. La respuesta no está en ataques aéreos que matan y hieren a civiles, destruyen plantaciones y aumentan el número de personas internamente desplazadas.
A pesar de que AFRICOM reconoció recientemente un reducido número de víctimas civiles y estableció un sistema para que los familiares denunciaran las muertes de civiles en ataques aéreos estadounidenses —dos pasos que son positivos—, aún queda mucho por hacer para proteger a la población civil, admitir la verdadera magnitud de la cifra de víctimas causadas y garantizar que éstas y sus familias reciben reparación.
Se retiren o no las tropas estadounidenses —según Bloomberg News, “todas o casi todas desplegadas durante la presidencia de Trump”—, AFRICOM debe aplicar de inmediato una estrategia que garantice que no hay marcha atrás en los avances logrados en materia de rendición de cuentas por las acciones militares de Estados Unidos en Somalia. Para cumplir con las obligaciones que establece el derecho internacional humanitario —y los objetivos que él mismo ha reconocido— AFRICOM debe asegurarse de que hace lo correcto por la población civil somalí.