HONG KONG, CHINA – (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)
De Agnes Callamard, Secretary General of Amnesty International.
Los autobuses locales, los contenedores de reciclaje y los folletos eran algunas de las principales responsabilidades de Tiffany Yuen como concejala elegida cuando fue detenida por violar la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong y enviada a prisión.
Por absurdo que suene, es un hecho que resume el rápido declive de los derechos humanos en la ciudad desde la entrada en vigor de una sola ley, hace hoy un año.
En los 12 meses transcurridos desde su imposición por el gobierno chino, la Ley de Seguridad Nacional se ha utilizado como pretexto para sofocar —y, en última instancia, eliminar— las voces que critican a las autoridades de Hong Kong o de Pekín.
Tiffany Yuen no es más que una de las víctimas de la Ley. Una modesta política local con un historial de promoción de los derechos LGBTQI y de las mujeres, en febrero se despidió de su familia y amistades y fue encerrada en una institución penitenciaria.
Sigue recluida y es una de las 47 personas acusadas de “conspiración para subvertir el poder del Estado” por participar en unas “primarias” no oficiales con la intención de reducir la lista de candidaturas prodemocracia para unas elecciones en todo el territorio que iban a celebrarse en 2020 que nunca se celebraron. A la mayoría se les denegó la libertad provisional después de una vista judicial multitudinaria de cuatro días en la que una de las personas encausadas se desmayó por el agotamiento y los últimos vestigios de las en un tiempo proclamadas libertades de Hong Kong parecían desintegrarse con cada extenuante minuto.
La reclusión de Yuen es posible gracias a la propia Ley de Seguridad Nacional, que establece efectivamente que se debe negar la libertad provisional a las personas sospechosas a menos que éstas puedan demostrar que no “continuarán cometiendo actos que ponen en peligro la seguridad nacional”.
En otras palabras, se las presume culpables en lugar de inocentes. El resultado es que las personas perseguidas en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional sufren prisión al estilo chino: permanecen encarceladas hasta que son declaradas culpables.
Yuen es una de las 118 personas detenidas hasta ahora en relación con la Ley, pero muchas más han sido intimidadas, acosadas y, en última instancia, obligadas a callar en un asalto que ha cambiado el rostro de la sociedad de Hong Kong.
El cierre la semana pasada del Apple Daily, el diario abiertamente prodemocracia del emprendedor Jimmy Lai, es un flagrante ataque contra la libertad de prensa y representativo de una represión más general que permea cada poro de la ciudad.
En el último año, los estudiantes han borrado sus cuentas en las redes sociales, los restaurantes han quitado los carteles de protesta y miles de personas han tomado la angustiosa decisión de emigrar. Muchas comparten el mismo temor: el de ser consideradas una amenaza para la seguridad nacional y la pena de prisión potencialmente larga que conlleva.
Esto se debe a que la aplicación arbitraria de la Ley de Seguridad Nacional, junto con las definiciones poco precisas de lo que tipifica como delito, impide saber cómo y cuándo se podría transgredir.
Aunque las infracciones se clasifican en cuatro categorías generales — “secesión”, “subversión”, “terrorismo” y “connivencia con fuerzas extranjeras”—, las posibilidades de vulnerar la Ley son prácticamente infinitas.
Se ha detenido a personas por el contenido de sus tuits o por las consignas de sus camisetas o de los adhesivos de sus teléfonos móviles. Los chats por WhatsApp de una exlegisladora de la oposición fueron citadas como prueba contra ella.
Mientras continúa achicándose el espacio para la libertad de expresión, hay profesores y profesoras que han perdido sus licencias por promover debates en las aulas sobre temas como la independencia de Hong Kong. Se han retirado de las bibliotecas públicas los libros que critican a China y Hong Kong. Se ha advertido a niños y niñas que no expresen opiniones políticas en la escuela.
Contando únicamente con un disminuido Estado de derecho para protegerlas, las voces disidentes de Hong Kong piden apoyo a la comunidad internacional. Corresponde a los dirigentes mundiales de toda la región obligar a las autoridades chinas a hacer frente a este asalto a los derechos humanos, sea en escenarios bilaterales o en multilaterales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En uno de los momentos más conmovedores de los últimos 12 meses, la respetada exlegisladora Margaret Ng, que fue sentenciada a una condena condicional por participar en una protesta pacífica en 2019, declaró ante el tribunal durante su petición de mitigación: “Para la gente de Hong Kong no hay derecho más precioso que la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica”.
Y aunque la Ley de Seguridad Nacional ha debilitado las salvaguardias para los derechos humanos de Hong Kong, no ha debilitado la voluntad de su población. Cuando este mes las autoridades prohibieron de nuevo la vigilia anual por la represión de Tiananmen —supuestamente por la COVID-19— y desplegaron a miles de policías para controlar un evento que ha transcurrido pacíficamente durante 30 años, numerosas personas salieron no obstante a la calle para encender velas por quienes murieron en Pekín el 4 de junio de 1989. Si ellas dejan de recordar, ¿quién recordaría?
Cuando el Apple Daily estaba al borde del abismo, la ciudadanía acudió en tropel a los quioscos de prensa para comprar todos los ejemplares del periódico que pudieron.
Ante un grado antes inimaginable de represión del gobierno, honkoneses y honkonesas se adaptarán encontrando otras vías para expresarse. Tiffany Yuen, que sigue diseñando folletos para su comunidad mientras está recluida, no es más que una de ellos.
Artículo publicado originalmente por Al Jazeera.