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HUNGRÍA: ANTE LA INACCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA, CONTINÚA LA REPRESIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MIGRANTES Y REFUGIADOS

7, Jul. 2016 | Categoría: ,

HungriarefugiadosAmnistiaInternacionalAmnistía Internacional observa con preocupación las recientes novedades jurídicas y políticas en Hungría, que han deteriorado aún más la situación de las personas refugiadas y solicitantes de asilo que buscan protección en el país, y les han causado un sufrimiento constante.

La organización pide a la Comisión Europea que utilice todos los medios necesarios para garantizar que el país cumple plenamente su obligación, contraída en virtud del derecho tanto internacional como de la UE, de respetar, proteger y hacer realidad los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Esos medios incluyen llevar hasta el final los procedimientos de infracción iniciados contra Hungría en diciembre de 2015.

Expansión de las disposiciones de zona de tránsito

Desde el 5 de julio, un nuevo conjunto de reformas a la ley de asilo, la ley de fronteras nacionales y la ley que rige la entrada y la estancia de nacionales de terceros países permite a la policía aprehender y “escoltar” a las personas solicitantes de asilo a las que encuentre a menos de 8 km de la frontera hasta la entrada de las zonas de tránsito situadas en el lado externo de las vallas fronterizas ampliadas del sur del país. Las devoluciones informales se llevan a cabo en todos los casos salvo cuando se sospeche que se ha cometido un acto delictivo. Aunque el área de la periferia externa de las vallas fronterizas, donde deben ser “escoltadas” las personas solicitantes de asilo, es territorio húngaro, las autoridades sólo permiten atravesar la valla a entre 15 y 20 personas al día, con lo que niegan el derecho a pedir asilo, así como unas condiciones y un trato humanos, a las centenares de personas que habitualmente permanecen allí varadas. En la práctica, las nuevas reformas permiten a la policía devolver sin el debido procedimiento a todos los solicitantes de asilo que se encuentren a menos de 8 km de la frontera, lo cual viola la obligación de respetar el principio de no devolución (non-refoulement) y las garantías de procedimiento a él asociadas.

A consecuencia de la negación del acceso sin demora al territorio húngaro más allá de la valla y del acceso a los procedimientos de asilo, las personas refugiadas y solicitantes de asilo que intentan cruzar desde Serbia se convierten a menudo allí en “migrantes en situación irregular” por haber superado el permiso temporal para permanecer en Serbia, que suele ser de 72 horas. Si deciden salir del área de la zona de tránsito por no haber podido acceder al procedimiento de asilo en Hungría, son multadas y expulsadas de Serbia por estancia ilegal.

En los últimos meses, las autoridades húngaras han eludido constantemente su deber de abordar las condiciones inhumanas y degradantes en esas zonas, donde hasta 300 personas solicitantes de asilo, incluidas familias, mujeres embarazadas y lactantes y personas que requieren tratamiento médico, se ven obligadas a esperar durante interminables días y, en ocasiones, semanas sin información fiable ni apoyo para acceder a procedimientos de asilo en Hungría. No se les proporciona nada más que un único grifo de agua en cada una de las zonas de tránsito, y sólo unas pocas organizaciones humanitarias se encargan de prestar unos escasos servicios de ayuda y asistencia. Las autoridades han hecho oídos sordos a la alarmante situación documentada por el ACNUR y por varias organizaciones no gubernamentales.

Las zonas de tránsito se crearon el año pasado para frenar y controlar el flujo de entrada de personas refugiadas y migrantes al país. Sin embargo, en la práctica, estas zonas han resultado ineficaces, y no cuentan con los recursos suficientes. Las autoridades húngaras han adoptado la práctica de procesar entre 15 y 20 solicitudes de asilo al día, sin tener en cuenta que el número de solicitantes de asilo que esperan al otro lado de la valla supera normalmente los varios centenares. Lo más probable es que a quienes consiguen entrar en las zonas de tránsito se les deniegue su solicitud de asilo, ya que a Serbia se lo considera un “tercer país seguro” para la gran mayoría de los solicitantes de asilo.

La práctica de restringir el acceso físico a las zonas de tránsito mediante obstáculos de procedimiento, unida a la aplicación de la noción de tercer país seguro para los solicitantes de asilo que llegan desde Serbia, ha dado lugar ya a que se restrinja severamente el acceso al asilo en Hungría. La ley recién promulgada permitirá ahora a la policía “escoltar” de vuelta a estas zonas a las personas solicitantes de asilo que ya hayan cruzado tanto la frontera como la valla. La nueva política constituirá en la práctica una devolución masiva sin el debido procedimiento, contraria al derecho y las normas internacionales de derechos humanos, a menos que se garantice el acceso inmediato y efectivo a un procedimiento de asilo justo e individualizado en las zonas de tránsito.

Criminalización de las personas refugiadas y migrantes

Desde que en 2015, mediante la valla fronteriza y la tipificación de delitos conexos, se penalizó la entrada en Hungría, miles de personas refugiadas y migrantes han sido criminalizadas por entrar en el país fuera de las zonas de tránsito. Entre el 15 de septiembre de 2015 y el 26 de junio de 2016, el tribunal local de Szeged, responsable de juzgar este tipo de causas penales, procesó 2.843 casos de “personas migrantes” y declaró a 2.792 de ellas culpables de cruzar la valla fronteriza ilegalmente o de causar daños en dicha valla. La mayoría de las sentencias condenatorias consistían en una orden de expulsión y la prohibición de volver a entrar en Hungría; sin embargo, tres personas fueron encarceladas, y más de 40 recibieron penas de prisión condicionales.

Amnistía Internacional se opone a la criminalización de la entrada y estancia irregular en un país, y lo considera una medida desproporcionada de control fronterizo. Además, según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, no deben imponerse a nadie sanciones penales por cruzar irregularmente fronteras para pedir asilo.

Actualmente se está juzgando a 11 personas en Szeged por cargos de disturbios colectivos en lo que parece ser un juicio espectáculo concebido para utilizar como chivo expiatorio a los refugiados y solicitantes de asilo. Uno de ellos, el ciudadano sirio A. H., está acusado de terrorismo y de incitar a una multitud a atacar Hungría. Todos los acusados formaban parte de un gran grupo de personas refugiadas y migrantes varadas en la frontera entre Serbia y Hungría el 16 de septiembre de 2015, después de que Hungría hubiera decidido el día antes cerrar del todo su frontera sur. Según la fiscalía, las personas acusadas, entre las que se encontraban una anciana ciega y un hombre discapacitado y en silla de ruedas procedente de Siria, han participado en unos disturbios colectivos para entrar ilegalmente en el país, una figura tipificada como delito tan sólo unos días antes del presunto incidente, como parte de las medidas especiales introducidas durante el denominado “estado de excepción para controlar la inmigración masiva”. Estas personas fueron detenidas tras un presunto enfrentamiento con unidades antiterroristas y de la policía antidisturbios de Hungría, desplegadas en la frontera. La información procedente de fuentes presentes durante el juicio indica que no se presentaron ante el tribunal pruebas directas de que estas personas se enfrentaran con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o los atacaran. Según los testimonios de las personas acusadas, éstas entraron en Hungría de buena fe, juzgaron erróneamente su situación y creyeron que las puertas se habían reabierto para permitir pasar a la gente: lo que había sido la práctica hasta el día del cierre de la frontera.

El mismo día de los presuntos disturbios, los observadores de Amnistía Internacional en la frontera registraron el uso de gas lacrimógeno, cañones de agua y fuerza física que causaron lesiones y la separación de familias, cuando la policía húngara intervino para detener las protestas de las personas refugiadas y migrantes en su valla fronteriza. Hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna investigación independiente sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales y otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, unos actos condenados por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, entre otros.

El 1 de julio de 2016, el tribunal de Szeged dictó su sentencia en primera instancia sobre el caso de los disturbios colectivos contra los diez acusados: los declaró a todos ellos culpables y los condenó a penas, algunas de ellas condicionales, de entre uno y tres años de prisión. Tanto la fiscalía como los acusados apelaron contra la sentencia.

Amnistía Internacional siente una preocupación extrema por la posibilidad de que los cargos presentados contra los 11 acusados sean parcial o totalmente falsos. Los informes de la defensa, así como los datos registrados durante el juicio por organizaciones no gubernamentales y periodistas, sugieren una flagrante falta de pruebas sobre el móvil y la responsabilidad penal de los acusados.

Las vistas en el caso de terrorismo contra A. H. aún están en curso, y se espera que en otoño se dicte sentencia en primera instancia. Amnistía Internacional teme que el gobierno húngaro pueda haber intervenido o influido en el trabajo de la fiscalía y haber comprometido la imparcialidad del tribunal al haber emitido declaraciones públicas en las que afirmaba la existencia de un vínculo directo entre el incidente en la frontera, la responsabilidad penal de A. H. y la propagación del terrorismo por medio de la migración.

Las normas internacionales sobre juicios justos garantizan el derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad de acuerdo con la ley y tras un juicio con las debidas garantías.

La determinación de Hungría de eludir su responsabilidad respecto a las personas refugiadas y solicitantes de asilo sólo está sirviendo para desviar las rutas que estas personas toman para llegar a la UE, y para incrementar el peligro que corren de sufrir abusos a manos de traficantes de personas y grupos delictivos.

Amnistía Internacional observa con preocupación que Hungría ha eludido actuar respecto a varias recomendaciones de organismos de la ONU y organizaciones de derechos humanos, y ha seguido estigmatizando a las personas refugiadas y migrantes, calificándolas de amenaza a la seguridad nacional. La organización considera que las políticas húngaras siguen representando una amenaza estructural al Estado de derecho y al respeto por los derechos humanos en la UE, ya que en los últimos seis meses no se han abordado sus deficiencias. La organización reitera, por tanto, su llamamiento a la Comisión Europea para que utilice las medidas a su disposición, incluido el marco de la UE sobre el Estado de derecho, con el fin de hacer que las políticas húngaras sobre migración y asilo sean conformes con las obligaciones establecidas por el derecho tanto internacional como de la UE.

 

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