Ante la decisión adoptada por el Parlamento de Hungría de aprobar una nueva ley que permitirá a las autoridades gobernar por decreto en virtud del estado de excepción sin una supervisión significativa, y sin una fecha de finalización ni revisiones periódicas claramente establecidas, David Vig, director de Amnistía Internacional Hungría, ha manifestado:
“Esta ley establece un estado de excepción indefinido y sin supervisión, y otorga a Viktor Orbán y su gobierno carta blanca para restringir derechos humanos. No es la manera de abordar la grave crisis que ha causado la pandemia de COVID-19.
Necesitamos salvaguardias firmes que garanticen que toda medida para restringir derechos humanos adoptada en virtud del estado de excepción es estrictamente necesaria y proporcionada para proteger la salud pública. Esta nueva ley otorga poderes ilimitados a las autoridades para gobernar por decreto más allá de la pandemia.
En los años que lleva en el cargo de primer ministro, Viktor Orbán ha supervisado el desmantelamiento de los derechos humanos en Hungría, fomentando la hostilidad hacia grupos marginados y tratando de acallar las voces críticas en Hungría. Permitir que gobierne por decreto probablemente acelerará este desmantelamiento.”
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Información complementaria
La nueva ley ha sido criticada internacionalmente por el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, el Instituto Internacional de Prensa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
La nueva ley contiene dos pilares de disposiciones. En primer lugar, da al gobierno el mandato parlamentario de gobernar por decreto sin una cláusula de extinción ni ninguna otra disposición que garantice que el Parlamento puede ejercer su función de vigilancia efectiva.
En segundo lugar, establece dos nuevos delitos que son incompatibles con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Toda persona que divulgue datos falsos o distorsionados que interfieran en la “protección satisfactoria” de la población, o que “alarme o agite” a la opinión pública, podría tener que cumplir hasta cinco años de cárcel.
Toda persona que interfiera en la ejecución de una orden de cuarentena o aislamiento podría enfrentarse también a una pena de hasta cinco años de prisión, que se elevaría a ocho años si con ello hubiera causado alguna muerte.
Encontrarán un resumen completo de los motivos de preocupación y las recomendaciones en la declaración conjunta del Comité Húngaro de Helsinki, la Unión Húngara por las Libertades Civiles, el Instituto Eötvös Károly y Amnistía Internacional Hungría: https://www.amnesty.hu/data/file/4846-unlimited-power-is-not-the-panacea-20200322.pdf?version=1415642342