- Las nuevas instalaciones son inseguras y no satisfacen las necesidades básicas de los refugiados
- Los refugiados afirman que viven con un temor constante a la violencia
- Australia debe abandonar su política de crueldad y abandono
El gobierno australiano ha abandonado a cientos de refugiados y solicitantes de asilo, a los que ha dejado en una situación que parece mucho más un castigo que una protección en Papúa Nueva Guinea. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.
Punishment not protection: Australia’s treatment of refugees and asylum seekers in Papua New Guinea documenta cómo, desde que los refugiados fueron desalojados forzosamente de un centro de tránsito en la isla de Manus en noviembre de 2017, han sido trasladados a unas instalaciones más nuevas pero inadecuadas en las que viven bajo la amenaza constante de sufrir violencia a manos de la comunidad local.
“Trasladar a los refugiados y solicitantes de asilo de una situación infernal a otra no es una solución: sólo es una prolongación del desesperado sufrimiento al que están sometidos. Los nuevos centros de la isla de Manus no son sólo un riesgo para la seguridad, sino que además dejan sin servicios básicos a los hombres que viven en ellos”, ha manifestado Kate Schuetze, investigadora de Amnistía Internacional para Oceanía.
“En lugar de implementar formas nuevas y creativas de eludir su responsabilidad y violar el derecho internacional, el gobierno australiano debe poner fin a esta política deliberada de crueldad y abandono. Debe hacer lo único que es seguro y legal: llevar a estos hombres a sus propias costas y brindarles la protección que necesitan y merecen.”
De un campo inseguro a otro
Desde el 31 de octubre de 2016, Australia ha retirado todos los servicios al centro inicial de refugiados de la isla de Manus, donde había enviado desde 2013 a cientos de hombres como parte de su política ilegal de “tramitación extraterritorial de solicitudes de protección internacional”. Cuando que los hombres del centro organizaron protestas pacíficas y se negaron a marcharse, a finales de noviembre la policía de Papúa Nueva Guinea los desalojó a la fuerza y los trasladó a tres centros más nuevos.
La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional —basada en entrevistas con 55 refugiados y solicitantes de asilo— revela que los nuevos centros distan de ser seguros y no abordan los problemas fundamentales de la tramitación extraterritorial de solicitudes de protección internacional llevada a cabo por Australia.
En los últimos años, varios refugiados han sido atacados violentamente por residentes locales en la isla de Manus, en casos que no dieron lugar a ningún procesamiento. Las nuevas instalaciones ofrecen una protección aún menor que el centro anterior: no sólo están más cerca de la localidad de Lorengau, sino que además carecen de infraestructuras básicas de seguridad, tales como vallas.
Muchos refugiados dijeron a Amnistía Internacional que les daba demasiado miedo salir de los centros debido al riesgo de sufrir robos o ataques violentos por parte de los habitantes de la zona. La reiterada inacción por parte de la policía a la hora de investigar los ataques o hacer rendir cuentas a los responsables ha socavado aún más la confianza en las autoridades, y ha creado un clima de impunidad.
Joinul Islam, bangladeshí de 42 años, dijo: “No voy a Lorengau porque es un lugar muy peligroso. Hace tres meses fui allí, y alguien me cortó [en el brazo]. Me quitaron el teléfono móvil y el dinero. Es un lugar muy peligroso […] No me gusta ir a Lorengau”.
Los refugiados se han visto atrapados en una situación de hostilidad, en la que han sufrido reiterados cortes de carretera por parte del propietario de las tierras, disputas entre los proveedores de servicios y protestas de los habitantes de la zona.
En las últimas semanas se ha producido un enfrentamiento entre empresas rivales de de seguridad que ha acrecentado la sensación de inseguridad. Según se ha informado, los guardias de una empresa de Manus han expulsado de algunas de las instalaciones a los guardias de una empresa contratada por el gobierno australiano, lo que ha generado una confusión respecto a quién está al cargo de proporcionar seguridad a los refugiados.
“Los refugiados nos han contado que les han robado y agredido tanto en la isla de Manus como en Puerto Moresby. La policía se ha negado a actuar incluso sobre los casos más graves de violencia. El balance final es que Papúa Nueva Guinea no proporciona una solución segura o sostenible a los refugiados enviados allí por Australia”, ha manifestado Kate Schuetze.
El 21 de enero de 2018, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) también señaló que “aunque no hay vigente un toque de queda formal, la policía local ha aconsejado a todos los refugiados y solicitantes de asilo que vuelvan a sus alojamientos antes de las seis de la tarde, para mitigar los riesgos a sus seguridad’.
Daño constante
El trauma psicológico de la detención prolongada se ha cobrado un alto precio para los refugiados: el 88% de ellos sufre depresión o trastorno de estrés post-traumático. Pese a ello, los nuevos centros sólo cuentan con una pequeña clínica y un hospital público, que distan de ser adecuados para cubrir las necesidades de los refugiados.
Los refugiados permanecen sometidos a fuertes restricciones de su libertad de circulación. La mayoría no pueden salir de los centros de alojamiento que les han sido asignados en la isla de Manus o en Puerto Moresby. Se ven reducidos a sobrevivir con una prestación básica que no es suficiente para cubrir sus alimentos, medicinas y otros gastos.
Las autoridades de Papúa Nueva Guinea no han proporcionado a los refugiados una condición regularizada, acceso a viajes y a documentos de identidad o la capacidad de obtener un trabajo duradero, esencial para su integración significativa. El asentamiento en Papúa Nueva Guinea ha demostrado ser prácticamente imposible para los refugiados que lo han intentado, habida cuenta de las dificultades de ganarse la vida y de la amenaza constante de la violencia.
Australia debe proporcionar una solución real.
Después de casi cinco años, el gobierno australiano no ha proporcionado opciones viables o sostenibles para los refugiados a los que transfiere forzosamente a Papúa Nueva Guinea. Los refugiados se ven de hecho obligados a elegir entre regresar a su país o trasladarse a un entorno igualmente abusivo en Nauru.
Unos pocos afortunados —unos 83 hasta ahora— han recibido el “billete de lotería” de ser asentados en Estados Unidos, pero este es un proceso largo y arbitrario que no está al alcance de todos.
“El gobierno australiano debe poner fin a su cruel política de detención extraterritorial, y debe llevar de inmediato a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a Australia o a un tercer país seguro”, ha manifestado Kate Schuetze.
“A corto plazo, las autoridades de Papúa Nueva Guinea y de Australia deben hacer todo lo que puedan para garantizar que se protege la seguridad de los refugiados. Deben garantizar que estos hombres tienen cubiertas sus necesidades básicas y que su seguridad no corre peligro.”