Los gobiernos de la UE deben mejorar y, a continuación, suscribir el plan concebido para garantizar el oportuno desembarco y traslado de las personas rescatadas en el mar Mediterráneo, han manifestado Amnistía Internacional y Human Rights Watch hoy, cuando se cumplen seis años del “naufragio de Lampedusa”, en el que murieron al menos 368 personas. Se espera que, cuando se reúnan en Luxemburgo el 8 de octubre de 2019, los ministros de Interior de la UE examinen una declaración conjunta acordada por Alemania, Francia, Italia y Malta el 23 septiembre en La Valeta.
En la declaración conjunta de intenciones sobre un procedimiento de urgencia controlado: compromisos voluntarios de los Estados miembros respecto a un mecanismo de solidaridad temporal predecible, los Estados participantes se comprometen a crear un sistema predecible y eficiente para garantizar el desembarco digno en lugares seguros. Basándose en este buen comienzo, los ministros de la UE tienen que acordar ahora los detalles del plan para garantizar la certeza del desembarco y un sistema de traslado justo. Desde junio de 2018, numerosos barcos han permanecido bloqueados en el mar durante semanas tras rescatar a personas refugiadas y migrantes, hasta que se han alcanzado acuerdos ad hoc.
“Si queremos evitar que se repitan estas indignantes situaciones de estancamiento en el mar, los Estados costeros de la UE pertinentes debe elaborar planes claros para que los barcos puedan atracar en sus puertos, mientras que los demás Estados de la UE deben comprometerse a asumir la parte de responsabilidad que les corresponde con respecto a las personas desembarcadas”, ha señalado Matteo de Bellis, investigador de Amnistía Internacional sobre migración. “Un acuerdo sólido contribuirá a salvar vidas y demostrará que los países de la UE se han comprometido a trabajar juntos para que se respeten y cumplan los valores básicos y las obligaciones internacionales.”
Amnistía Internacional y Human Rights Watch quieren poner de relieve que la declaración conjunta contiene algunas afirmaciones problemáticas y hacen un llamamiento a los ministros de la UE para que las aborden al acordar el plan. En particular, los ministros de la UE deben indicar claramente que los barcos de salvamento no tienen que estar obligados a acatar las órdenes de desembarcar a personas en Libia, ya que este país no es un lugar seguro, y que nadie debe ser objeto de sanciones por desobedecer de manera legítima las órdenes de desembarcar en alguna parte de Libia. Este principio es aplicable incluso cuando el salvamento se lleva a cabo dentro de la zona de búsqueda y salvamento declarada de Libia.
“La respuesta actual de la UE a la crisis de salvamento en el Mediterráneo central presenta deficiencias de base”, ha afirmado Judith Sunderland, directora adjunta de Human Rights Watch para Europa y Asia Central. “Prestar apoyo a la guardia costera libia para que intercepte y devuelva a personas a Libia supone dejar a esas personas expuestas a sufrir allí detención arbitraria y abusos contra los derechos humanos y convierte a los gobiernos de la UE en cómplices de tales abusos. Los ministros de Interior de la UE tienen la oportunidad de garantizar que las personas rescatadas en el mar por barcos de organizaciones no gubernamentales y otras embarcaciones desembarcan con prontitud y en condiciones de seguridad en Europa.”
La declaración conjunta contiene la preocupante propuesta de que los barcos de propiedad estatal lleven a las personas rescatadas al Estado de su pabellón. Este requisito podría provocar retrasos injustificables en los desembarcos, desincentivar a las patrullas de salvamento activas y disuadir a las armadas y las guardias costeras de la UE de llevar a cabo rescates.
Además, la declaración hace hincapié en la necesidad de aumentar el uso de aviones para identificar a los barcos que estén en problemas, pero no habla de la reincorporación de buques de guerra. Paralelamente al acuerdo sobre desembarco y traslado, los ministros de la UE deben comprometerse a desplegar una cantidad suficiente de buques a lo largo de las principales rutas marítimas y a apoyar y posibilitar las operaciones de salvamento no gubernamentales en esta zona.
El compromiso de la declaración conjunta de trasladar a las personas solicitantes de asilo a los Estados miembros participantes en el plazo de cuatro semanas desde el momento del desembarco es un avance en lo que respecta a compartir la responsabilidad más ampliamente, según Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Este proceso debe ser justo, para garantizar que las personas no corren riesgo de detención prolongada y que no se discrimina a determinados grupos por motivos de nacionalidad, etnia u otros factores, y ágil, para que no suponga cargas adicionales para los países donde las personas desembarcan.
Al sugerir que los Estados miembros deben devolver a algunas de las personas inmediatamente después del desembarco, sin mencionar ningún proceso pertinente, aparte de un control médico y de seguridad básico, la declaración conjunta no garantiza el respeto de las salvaguardias contra las devoluciones sin condiciones de seguridad o abusivas. Los ministros de la UE reunidos en Luxemburgo deben acordar un plan que garantice el acceso a procedimientos justos y eficientes de asilo y la consideración de las alegaciones o necesidades individuales de protección, como prevé el derecho internacional y europeo.
La declaración conjunta parece estar concebida fundamentalmente para abordar la crisis de desembarco del Mediterráneo central. Pero se necesitan también con urgencia respuestas colectivas para abordar la situación en Grecia, España y Chipre, donde las llegadas con considerables y la recepción está sobrecargada y donde han de valorarse las consecuencias humanitarias.