“Las excarcelaciones son un importante componente de la respuesta a la amenaza de la COVID-19, y no hay duda de las familias de las personas excarceladas sentirán un gran alivio al tenerlas de nuevo en casa.
“Sin embargo, dado el momento en que se produce, tememos que esa amnistía sea una cínica forma de desviar la atención de atropello a que someten las autoridades militares los derechos humanos a diario.
“No puede ocultar el hecho de que, desde que el comienzo del golpe de Estado, los militares han metido en la cárcel a centenares de personas por oponerse pacíficamente a su gobierno y de que estas personas recluidas injustamente podrían tener que cumplir largas penas de prisión en condiciones de reclusión terribles.
“Estamos verificando todavía si entre las personas excarceladas hay presos y presas de conciencia. Estas excarcelaciones deben ser incondicionales, pues los presos y presas de conciencia no deberían jamás haber pasado ni un sólo día entre rejas.
Información general
El 12 de febrero, el Consejo Administrativo del Estado instalado por el golpe militar anunció la excarcelación de 23.314 personas con motivo del “establecimiento de un nuevo Estado democrático, con paz, desarrollo y disciplina para convertir a los presos en ciudadanos honrados, complacer a la sociedad y crear los motivos humanitarios y de compasión.”
La amnistía sólo era aplicable a las personas condenadas antes del 31 de enero de 2021. Según la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos (AAPP), hay 241 personas detenidas arbitrariamente desde el golpe del 1 de febrero.
En Myanmar son muchos los casos de activistas y defensores y defensores de los derechos humanos declarados culpables de acusaciones formuladas por militares, que utilizan la represiva legislación del país para presentar cargos contra quienes critican al ejército y la Constitución de 2008 que redactó, como se explica en un informe de Amnistía de abril de 2020.
El 18 de abril de 2020, la administración entonces civil de Myanmar excarceló a cerca de 24.896 personas en el marco de una amnistía que, según la AAPP, era la mayor concedida en años. Se excluyó de ella a los defensores y defensoras de los derechos humanos.
Contexto pertinente sobre las excarcelaciones relacionadas con la COVID-19
En respuesta a la pandemia de COVID-19, Amnistía Internacional insta a los gobiernos a que revisen la necesidad de la privación de libertad con vistas a salvaguardar la salud de la población reclusa, el personal penitenciario y la población en general. Los gobiernos deben considerar la posibilidad de que las personas reclusas accedan a la libertad condicional, a la libertad condicional anticipada o a otras medidas alternativas no privativas de libertad. Para ello, han de tener en cuenta todas las circunstancias individuales y los riesgos que plantea la COVID-19 para grupos específicos de personas reclusas, como las personas mayores o las que padecen enfermedades graves, incluidas las que tienen el sistema inmunitario debilitado.
Dado que la propagación de enfermedades transmisibles es un problema de salud pública, sobre todo en el entorno carcelario, es deseable que, con su consentimiento, todas las personas privadas de libertad tengan acceso gratuito a las pruebas de detección de la COVID-19, incluidas las que vayan a ser puestas en libertad anticipada. En el caso de las personas que continúen detenidas o presas, las autoridades deben proporcionar un nivel de atención de la salud que atienda a las necesidades individuales de cada una de ellas y garantice la máxima protección posible contra la propagación de la COVID-19.