[OPINIÓN]
En los aterradores e inciertos días que siguieron al 11-S, el Congreso autorizó unas medidas que facultaban la vigilancia más amplia vista hasta entonces en Estados Unidos. Estas medidas, se garantizó a la ciudadanía, eran temporales y extraordinarias, y estaban justificadas por la situación de emergencia en la que estaba sumida la nación.
Diecinueve años después, siguen en su mayoría firmemente en vigor.
Ahora el gobierno estadounidense está creando una plataforma con datos amplios y exhaustivos sobre el coronavirus que rastreará la información de millones de estadounidenses. El mes pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) adjudicó el contrato para esta plataforma a Palantir Technologies, una hermética empresa dedicada a la minería de datos conocida por su trabajo con el Pentágono, agencias de inteligencia y aplicación de la ley durante la llamada guerra contra el terror global. La plataforma Protect Now del HHS acumulará datos de al menos 187 fuentes, entre las que se cuentan el gobierno federal, los gobiernos estatales y locales, hospitales y el sector privado.
Esto debería preocuparnos a toda la ciudadanía. Nuestras leyes existentes sobre privacidad son lamentablemente insuficientes para proteger la información delicada y personal que analizará Palantir. Sin unas protecciones adecuadas, corremos el riesgo de que toda la ciudadanía estadounidense sea sometida a la vigilancia continua del gobierno en nombre de la salud pública. Sin limitaciones temporales, esa vigilancia podría convertirse en la norma y los datos recabados, empleados para fines que van mucho más allá de la protección de nuestra salud pública.
En primer lugar, considérese el mero volumen de datos —que podrían incluir información médica personal— que terminará en esta plataforma. Las personas expertas indican que podrían hacer falta entre 750.000 pruebas a la semana hasta millones de pruebas al día antes de reabrir el país. El HHS afirma que los conjuntos de datos actuales no incluyen información personal identificable, pero, según informes recientes, prevé incluir en el futuro información como datos de pacientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades e incluso de empresas privadas. No sabemos qué salvaguardias ha establecido el HHS en su caso para proteger nuestra privacidad. Ni el HHS ni Palantir han divulgado información crítica sobre qué datos entran en el sistema, cómo se utilizan y con quién se pueden compartir.
En segundo lugar, hay motivos fundados para preocuparse por la posibilidad de que los datos delicados que se recopilen sean cooptados para fines que van mucho más allá de la preservación de la salud pública. La administración Trump ha intentado ya utilizar datos del HHS recabados por una razón para alcanzar otros objetivos infames. En 2018, la agencia permitió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) accediera a un ingente número de datos que había recopilado mientras reunían a menores migrantes no acompañados bajo su custodia con sus familias en Estados Unidos. Esto, a su vez, permitió que el ICE detuviera a cientos de familiares y creó un efecto paralizador para innumerables familias que se vieron de pronto obligadas a elegir entre sus hijos e hijas detenidos y la posibilidad de ser también detenidos.
En tercer lugar, la participación de Palantir en el rastreo y recopilación de datos sobre salud pública suscita una enorme preocupación dado el afianzamiento de su tecnología de vigilancia en los servicios federal de inteligencia y aplicación de la ley. Algunos de los programas de vigilancia global de más alcance de la Agencia de Seguridad Nacional se basan en la tecnología de Palantir. Más aún: esta tecnología ha facilitado la separación y deportación de familias migrantes. En 2017, el ICE utilizó tecnología de Palantir para detener a más de 400 padres, madres, cuidadores y cuidadoras de menores migrantes no acompañados. Palantir dijo inicialmente que su tecnología no desempeñaba ningún papel en la separación y deportación de familias migrantes, hasta que su director general, Alex Karp, lo admitió este año. La tecnología de Palantir también impulsó la mayor redada contra la inmigración realizada en una década en Misisipi, que provocó la detención de casi 700 trabajadores y trabajadoras indocumentados y la separación de progenitores de sus hijos e hijas.
La gigantesca estructura de vigilancia creada por Palantir para permitir el rastreo y detención de inmigrantes podía volverse ahora contra toda la ciudadanía.
Aunque una respuesta coordinada y basada en datos a la pandemia de coronavirus podría desempeñar un papel crucial en la promoción de la salud pública, ni el gobierno ni las empresas privadas como Palantir deberían recibir una autorización ilimitada para llevar a cabo una vigilancia ilegítima, innecesaria o desproporcionada o una recopilación de datos intrusiva. Esos datos tampoco deberán utilizarse para alcanzar fines que no sean el de fomentar la salud pública. Toda vigilancia que se lleve a cabo en respuesta a la pandemia deberá estar justificada por necesidades de salud legítimas y limitada a únicamente la información necesaria para responder a la pandemia. Además, esta recopilación de datos ha de ser totalmente transparente y sólo deberá durar el tiempo necesario para responder a la pandemia.
La potencial recopilación masiva de información médica personal por el gobierno, facilitada por Palantir, debería impulsarnos a exigir que nuestros y nuestras representantes en el Congreso estudien detenidamente el ámbito y el alcance de los datos que va a recabar la empresa. El poder legislativo deberá establecer unos límites claros sobre el tiempo durante el cual se recopilarán datos, cómo se protegen y almacenan estos y con quién se comparten, a fin de garantizar que no hay un uso indebido, especialmente contra inmigrantes y comunidades racializadas. La tecnología que despleguemos para combatir esta pandemia no puede sacrificar nuestros derechos humanos en el proceso.