Las autoridades judiciales parecen estar paralizando la investigación judicial sobre el homicidio de Faysal Baraket, que fue torturado hasta la muerte bajo custodia tras alzar la voz contra la brutalidad policial, han declarado hoy Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con motivo del 26 aniversario de su muerte.
A pesar de que en octubre de 2016 se presentó un acta de acusación formal contra 21 personas por cargos de tortura —el paso más importante en una investigación de ocho años sobre las circunstancias de la muerte de Faysal Baraket—, todavía debe concluir la fase de instrucción del caso.
Ambas organizaciones están instando a las autoridades tunecinas a garantizar que los miembros de las fuerzas de seguridad que torturaron a Faysal Baraket y los funcionarios que actuaron en connivencia con ellos para encubrir el delito comparecen ante la justicia por sus acciones.
“El largo proceso de hacer rendir cuentas a los responsables de la muerte de Faysal Baraket ilustra la perpetuación de deficiencias fundamentales en el sistema de justicia de Túnez tras la revolución y pone de relieve la persistente impunidad de la que gozan las fuerzas de seguridad por delitos como la tortura”, ha afirmado Gabriele Reiter, directora de la OMCT en Túnez.
“Las autoridades judiciales están actuando muy despacio en este proceso y deben acelerar urgentemente la investigación sobre la muerte de Faysal Baraket para demostrar que se toman en serio el hecho de hacer rendir cuentas a sus torturadores”, ha manifestado Heba Morayef, directora de investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.
Hoy se cumplen 26 años de la muerte por tortura de Faysal Baraket en una comisaría de policía de la ciudad costera de Nabeul, el 8 de octubre de 1991. Tenía sólo 25 años y estudiaba para obtener un título en matemáticas y física en la universidad de la ciudad de Túnez.
En diciembre de 2016, la Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Nabeul confirmó los cargos contra 11 personas acusadas de tortura, en virtud de los artículos 101 y 101 bis del Código Penal de Túnez, y otras 10 fueron acusadas de complicidad en los actos de tortura. El 5 de octubre de 2017, el Tribunal de Casación aplazó su sentencia sobre sendos recursos contra las actas de acusación formal presentados por los acusados y por la familia de Faysal Baraket, dilatando aún más el proceso hasta el 2 de noviembre.
“Las actas de acusación formal del año pasado fueron medidas positivas, pero sólo representan un pequeño paso en el largo camino hacia la justicia”, ha sostenido Gabriele Reiter, directora de la OMCT en Túnez.
Pruebas periciales que indican tortura
El caso de Faysal Baraket pone de manifiesto la función clave que desempeña la medicina forense en las investigaciones penales sobre la tortura. Tras examinar las lesiones reflejadas por el profesor Sadok Sassi y el doctor Abdelsattar Halleb en el informe de la autopsia, el doctor Derrick Pounder, patólogo forense independiente cuya opinión solicitó Amnistía Internacional en 1992, concluyó que había fallecido como consecuencia de tortura.
Durante años, los familiares de Faysal Baraket habían pedido reiteradamente a las autoridades que reabrieran el caso y exhumaran su cadáver, tal y como recomendaba el Comité de la ONU contra la Tortura. A pesar de que el gobierno tunecino aceptó la recomendación en 2009, el fiscal del Tribunal de Apelación de Grombalia rechazó la decisión ese mismo año.
Tras el alzamiento en Túnez, en febrero de 2011, el Tribunal de Apelación de Nabeul devolvió el caso al juez instructor y le ordenó reabrirlo y dictar una orden de exhumación. Sin embargo, el juez instructor se negó, alegando que el cadáver estaría en un estado de descomposición demasiado avanzado para determinar las causa de la muerte.
En 2012 se designó un nuevo juez instructor para el caso. El primer gran avance en la investigación se produjo en 2013, cuando finalmente se autorizó la exhumación tras un recurso de apelación interpuesto por el abogado de la familia. Se confirmó que Faysal Baraket había muerto como consecuencia de las torturas sufridas y no en un accidente de tráfico, como las autoridades habían sostenido durante años. Con todo, el mero reconocimiento no es suficiente dado el persistente clima de impunidad en Túnez.
Para el hermano de Faysal, Jamel Baraket, y para el resto de su familia, la espera por la justicia ha sido demasiado larga.
“Sólo queremos ver que un tribunal declare culpable al menos a una persona responsable de la muerte de mi hermano 26 años después… Ello garantizará que tales delitos no se repitan y que las generaciones futuras no sufrirán de la misma manera’’, contó a Amnistía Internacional.
Añadió que cree que las autoridades judiciales no están realizando todos los esfuerzos necesarios para concluir el caso y hacer rendir cuentas a los responsables de la muerte de su hermano.
“Los responsables siguen llevando una vida normal sin tener que esconderse’’, dijo.
El abogado de la familia también contó a Amnistía Internacional que la duración de la fase de instrucción no manda un mensaje positivo sobre la voluntad de las autoridades judiciales de seguir adelante y enjuiciar a los responsables de tales delitos.
Jamel Baraket y su madre, Khira Materi, prestaron testimonio durante la primera sesión de vistas judiciales públicas celebrada por la Comisión de la Verdad y la Dignidad en noviembre de 2016, en la que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares relataron sus historias. Sus testimonios arrojaron una luz muy necesaria sobre los abusos generalizados cometidos en el pasado y, según Jamel, tuvieron un impacto positivo en los procedimientos judiciales. La Comisión de la Verdad y la Dignidad tiene la facultad de remitir casos a salas especializadas para que sean oídos por tribunales de primera instancia. No obstante, dichas salas todavía no han sido establecidas.
Durante años, las organizaciones de derechos humanos han instado a las autoridades tunecinas a reformar el sector de la seguridad y poner fin a la impunidad. Sin embargo, desde 2011, la inmensa mayoría de las denuncias creíbles de tortura y otros malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad no se han investigado, y sólo ha habido unos pocos procesamientos.
La falta de avances a la hora de abordar esas violaciones de derechos humanos sigue suponiendo una grave amenaza para el futuro de Túnez como país que hace valer los derechos humanos y el Estado de derecho, y el actual caso de Faysal Baraket demuestra claramente que la impunidad por tales delitos está perpetuando la tortura en el Túnez de hoy.
“Abordar la impunidad por violaciones de derechos humanos no se puede lograr si el sistema de justicia y el aparato de seguridad en Túnez no se reforman y se transforman en herramientas de protección de los derechos humanos, en lugar de ser instrumentos que sirven a los intereses de las autoridades”, ha afirmado Heba Morayef, directora de investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.