Por Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
Si bien existen algunos puntos positivos como la prohibición de la pena de muerte y de los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, estos se diluyen entre las innumerables amenazas que presenta la propuesta para los derechos humanos.
El nuevo texto constitucional deja a la ciudadanía aún más desprotegida respecto al ejercicio de sus derechos sociales. Todo lo contrario a lo que la sociedad chilena ha reclamado por décadas. Mejor acceso a la salud, pensiones dignas, trabajo decente, entre otros, son temas urgentes, pero lamentablemente la propuesta de constitución está muy lejos de asegurarlos.
Cuesta entender que el nuevo texto constitucional no se haya hecho cargo de las vulneraciones que ha provocado el sistema actual de salud y de pensiones. Muy por el contrario, lo que hace es petrificar un modelo injusto que excluye a ciertas personas, principalmente a las más vulnerables. Además, pese a los intentos que hubo durante el proceso por incluir una norma que prohibiera discriminar a los usuarios y usuarias, esto no fue considerado en el texto definitivo. Por lo tanto, las entidades privadas podrán seguir ignorando y expulsando a personas sin mayor regulación del Estado.
Por otra parte, preocupa que si Chile recauda menos dinero de contribuciones e impuestos, como propone el nuevo texto, menos recursos habrá para proteger y garantizar los derechos humanos, en particular los derechos sociales.
Por cierto, la disminución de ingreso en arcas fiscales es perjudicial para el Fondo Común Municipal. Esta política financia a más de 200 municipalidades, especialmente las más pobres, las que verían reducidos sus recursos de forma extrema. Esto acarrea consecuencias negativas para las personas de esas comunas y también para el balance macroeconómico del país.
Además, la nueva propuesta constitucionaliza la posibilidad de deducir gastos “objetivamente necesarios para la vida” de la base imponible sobre la que se aplica el impuesto a la renta. Esta norma beneficiaría a las personas con mayores ingresos pues son las que por su alta renta pagan este impuesto.
Por cierto, los trabajadores y trabajadoras también verán mermados sus derechos. La nueva propuesta constitucional reconoce que el trabajo debe ser “decente”, lo cual es positivo, pero lo enmarca exclusivamente dentro de una relación laboral. Es decir, una vez más la gran cantidad de personas que trabajan de manera informal, lo cual es una realidad en Chile, queda excluida. Sin duda, esto acrecienta la vulnerabilidad y desprotección.
Además, el derecho a huelga se ve amenazado, pues lo enmarca solo en la negociación colectiva que se da cada dos o tres años. Una barrera más para que los trabajadores y trabajadoras ejerzan presión para mejorar sus condiciones laborales.
No es poco lo que el país se juega el próximo 17 de diciembre. Chile no puede seguir por el camino del “sálvese quien pueda”, sino avanzar en garantizar derechos sociales de manera universal a todas las personas. El voto informado es una responsabilidad que debemos asumir, pues una constitución sienta las bases de un modelo de sociedad que vamos a tener por un periodo largo y sin duda repercute en la vida cotidiana.