En junio de 2025, el gobierno canadiense presentó al Parlamento el proyecto de ley C-2, que amenaza el
derecho a solicitar asilo y pondría en peligro a personas que buscan seguridad. Este proyecto de ley
impediría a las personas que llevan en Canadá más de un año presentar una solicitud de protección como
refugiadas que se evalúe de manera imparcial, daría a la clase política el poder de cancelar sin un proceso
justo los permisos de residencia permanente, de trabajo y de estudios, y ampliaría el poder de la policía y los
servicios de inteligencia para vigilar a cualquiera, independientemente de su condición migratoria. De ser
aprobado, este proyecto de ley amenaza con violar derechos consagrados en virtud del derecho
internacional.
Todas las personas tienen el derecho universal de solicitar asilo en caso de sufrir persecución y otras violaciones graves de derechos humanos. Además, tienen derecho a no ser devueltas a lugares donde su vida o su libertad puedan correr peligro o donde estén en riesgo de sufrir tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de su situación migratoria. Este principio, conocido como no devolución (non-refoulement), es una protección consagrada en el derecho internacional consuetudinario, los derechos humanos,
el derecho de refugiados y el derecho humanitario, y exige a los Estados que se abstengan de devolver, expulsar o trasladar por cualquier vía a cualquier persona a su país de origen o a cualquier otro lugar donde correrá un riesgo real de sufrir abusos o violaciones graves de derechos humanos.
Firma para retirar el proyecto de ley C-2 y, en su lugar, confirmar el compromiso de Canadá con la dignidad, la protección y la justicia.