En al menos cinco de las principales cárceles de Ecuador, las personas recluidas enfrentan una situación de emergencia, ya que las autoridades penitenciarias han suspendido la provisión de alimentos y medicamentos desde el 24 de abril. Amnistía Internacional hace un llamado urgente al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) para que restablezca de inmediato el acceso a alimentos y medicinas, y garantice el derecho fundamental a la salud, la alimentación y la integridad física de todas las personas privadas de libertad en Ecuador.
Durante varios años, Ecuador ha enfrentado una crisis persistente en su sistema penitenciario, marcada por repetidas tragedias. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, se estima que desde 2019 han fallecido alrededor de 600 personas en las prisiones del país.
Las recientes medidas implementadas por el presidente Daniel Noboa han agravado aún más la situación en las cárceles. La noche del 8 al 9 de enero, el presidente declaró el estado de excepción y una situación de conflicto armado interno, lo que permitió que las fuerzas armadas asumieran el control de todas las prisiones del país. Ambos decretos se han extendido desde entonces. Desde entonces, los servicios de salud en las cárceles han sido suspendidos. Además, grupos locales de derechos humanos han recibido informes de maltrato por parte de soldados hacia los reclusos durante este período.
El 24 de abril, las autoridades penitenciarias informaron a las familias de los presos en todo Ecuador que se suspendería la entrega de alimentos y medicamentos. Según informes de la prensa nacional, esta medida se debe a retrasos en el pago a la empresa privada encargada de suministrar alimentos a las prisiones de todo el país.
Ese mismo día, familiares de los presos se manifestaron pacíficamente fuera de la oficina central del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, exigiendo información sobre el estado de sus seres queridos y la reanudación de la entrega de alimentos y medicamentos.
Las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) establecen que las autoridades penitenciarias deben proporcionar alimentos nutritivos y acceso a agua potable a todos los reclusos, y que la atención médica es una obligación del Estado. Además, el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe estrictamente la tortura y otros malos tratos, incluso hacia las personas privadas de libertad.