“Mientras los miembros permanentes usen el veto para proteger a los responsables de atrocidades masivas, el Consejo de Seguridad seguirá siendo una mera tertulia para la palabrería política, y no un lugar en el que se pueda brindar protección efectiva a la población civil y evitar catástrofes humanitarias. La población de Alepo está pagando un enorme precio por el estancamiento en la ONU”, ha declarado Anna Neistat, directora general de investigación en Amnistía Internacional.
“Este último veto debe servir de acicate para que los Estados incrementen la presión en la Asamblea General para que se reforme sus uso.”
