El 24 de junio de 2026, unos terremotos devastadores sacudieron Venezuela, dejando a su paso un incontable número de víctimas, entre ellas miles de personas que murieron, resultaron heridas, fueron desplazadas, se quedaron sin hogar o se vieron afectadas de alguna otra forma. Se considera que las cifras oficiales, que no dejan de aumentar, aún no reflejan el alcance total del desastre. Las autoridades venezolanas deben garantizar que las labores de ayuda se rijan por el derecho y estándares de derechos humanos. Se necesitan medidas especiales para proteger a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, incluidas las niñas, niños y personas mayores. Se debe proteger el papel de las y los periodistas que brindan información fundamental al público. Instamos a la presidenta encargada a que garantice que las labores de ayuda respeten los principios humanitarios y el derecho internacional de los derechos humanos.
Amnistía Internacional se solidariza con todas las personas afectadas directa o indirectamente por los terribles terremotos, réplicas y la catástrofe que han azotado a Venezuela desde el 24 de junio. Durante muchos años, el mundo ha sido testigo de la resiliencia, la solidaridad y la dignidad del pueblo venezolano frente a crisis humanitarias y de derechos humanos prolongadas. Hoy, la obligación de las autoridades venezolanas de proteger los derechos humanos de su población es más indispensable que nunca.
El plan de respuesta de emergencia y los esfuerzos humanitarios para ayudar a todas las personas afectadas por esta catástrofe deben respetar los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Esto incluye abstenerse de cualquier forma de discriminación en la prestación y distribución de la asistencia humanitaria.
Es fundamental que se proteja plenamente el papel de las y los periodistas y los medios de comunicación independientes. Se debe permitir que las y los periodistas nacionales e internacionales que actualmente intentan recabar y difundir información de interés público lo hagan, a fin de proporcionar información vital que podría salvar vidas y proteger a quienes necesitan urgentemente rescate, asistencia y ayuda humanitaria. Garantizar la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información incluye levantar los bloqueos y los cierres de medios y plataformas de comunicación en línea, de conformidad con el derecho y las normas internacionales.
Asimismo, hacemos hincapié en que la vida, la integridad personal y la seguridad de las niñas, niños y las personas mayores —quienes se ven y seguirán viéndose particularmente afectados por este desastre— deben garantizarse con la máxima urgencia y cuidado.
Firma esta petición para instar a las autoridades a brindar ayuda y responder a los terremotos de conformidad con las normas humanitarias y de labores de respuesta a desastres, así como con el derecho internacional de los derechos humanos, protegiendo la libertad de prensa y a quienes son más vulnerables a la discriminación y la marginación, incluidos las niñas, niños y las personas mayores.