Pronunciándose sobre un recurso judicial presentado por la Campaña contra el Comercio de Armas y al que se sumaron Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Rights Watch UK, el Tribunal de Apelación de Reino Unido ha determinado hoy que la decisión del gobierno británico de continuar concediendo licencias de exportación de material militar a Arabia Saudí es ilegal.
“Esta sentencia es una inesperada buena noticia para la población de Yemen. Durante cuatro años de guerra devastadora, la coalición dirigida por Arabia Saudí ha matado a miles de civiles en Yemen, arrasando indiscriminadamente viviendas, escuelas y hospitales con ataques aéreos”, ha señalado Lucy Claridge, directora de Litigio Estratégico de Amnistía Internacional.
“Es la primera vez que un tribunal británico reconoce los riesgos de continuar prodigando a Arabia Saudí material militar para utilizarlo en Yemen. Acogemos con satisfacción esta sentencia, pues constituye un importante avance en la prevención de nuevo derramamiento de sangre.”
Importancia de la investigación de las ONG como prueba
Un aspecto decisivo, en el que el Tribunal ha hecho hincapié, es la importancia de la investigación de Amnistía, otras ONG y la ONU como prueba autorizada de los riesgos de seguir concediendo licencias de exportación de armas a Arabia Saudí, algo que el ministro debe tener ahora debidamente en cuenta al tomar decisiones sobre ello.
Sobre la necesidad de probar si las violaciones del derecho internacional cometidas son un factor pertinente que debe tenerse en cuenta al evaluar si existe un riesgo real de que se cometan en el futuro, el Tribunal ha manifestado:
“En nuestra opinión, es evidente que sí. ¿Acaso es razonable pensar que no?”
Como consecuencia de esta sentencia, las decisiones del ministro de no suspender las licencias actuales de exportación y continuar concediendo otras nuevas quedarán anuladas. Salvo que solicite y consiga el aplazamiento de la orden del Tribunal, se ha comprometido a no conceder nuevas licencias de exportación de armas o material militar a Arabia Saudí para su posible uso en el conflicto de Yemen hasta que se replanteen esas decisiones atendiendo a la base jurídica correcta.
“Pedimos al ministro que no interponga tal recurso con carácter urgente y creemos que debe resolverse con la suspensión”, ha añadido Lucy Claridge.
Esperamos que se ponga fin así a ese episodio de vergonzosa impunidad y se someta a mayor escrutinio a otros importantes proveedores de armas a Arabia Saudí, como Francia y Estados Unidos. Continuamos pidiendo la suspensión inmediata de todas las transferencias de armas a todas las partes en el conflicto de Yemen.”
Informes de Amnistía Internacional sobre Yemen
Extensos y creíbles informes –entre ellos la propia investigación de Amnistía Internacional en Yemen, han demostrado que se han utilizado reiteradamente armas y material similares a los exportados por Reino Unido, incluidas armas de fabricación británica, para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra.
Según la información disponible públicamente, Arabia Saudí no ha investigado debidamente tales violaciones ni ha hecho rendir cuentas a los responsables de alguna infracción. Por consiguiente, Amnistía considera que existe un claro riesgo de que la autorización de nuevas exportaciones de armas dé lugar a más violaciones graves del derecho internacional en Yemen y que es por ello contraria a las obligaciones contraídas por Reino Unido en virtud de su legislación interna y del derecho internacional.
Ventas a Arabia Saudí suspendidas
Varios países –entre ellos Países Bajos, Bélgica (habla flamenca) y Grecia– han suspendido parcial o totalmente las ventas de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
Otros, como Austria, Irlanda, Suecia y Suiza, han adoptado medidas restrictivas sobre las exportaciones a Arabia Saudí. A raíz del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, varios Estados europeos anunciaron también la suspensión de las transferencias de armas a Arabia Saudí, entre ellos Alemania, Noruega, Finlandia y Dinamarca.
Antecedentes del asunto
La Campaña contra el Comercio de Armas presentó en 2016 un recurso judicial contra el ministro de Competencias e Innovación Empresarial del Reino Unido. Su intención es impugnar la legalidad de la decisión del gobierno británico de continuar concediendo licencias de exportación de armas a Arabia Saudí pese al claro riesgo de que las armas se utilicen para cometer violaciones del derecho internacional en Yemen.
El asunto se vio en un principio ante el Tribunal Superior en febrero de 201, y en esa esa etapa intervinieron Amnistía, Human Rights Watch y Rights Watch UK. El Tribunal desestimó las alegaciones de la Campaña contra el Comercio de Armas y, el 10 de julio de 2017, falló que el gobierno no obraba ilegalmente al continuar autorizando las exportaciones de armas a Arabia Saudí. En mayo de 2018, la Campaña contra el Comercio de Armas recibió permiso para interponer un recurso, que se vio en abril de 2019 y sobre el que el Tribunal de Apelación se ha pronunciado hoy. La intervención conjunta de Amnistía Internacional estuvo centrada en cómo se determina la existencia de un claro riesgo y en la autoridad de los informes de investigación de las ONG y su valor para hacer tal determinación.
Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado cómo todas las partes en el conflicto del Yemen han cometido infracciones graves del derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra. Entre ellas figuran el grupo armado huzí y las fuerzas aliadas con él, que también han disparado indiscriminadamente munición explosiva y con efectos sobre una amplia zona –como proyectiles de mortero y otras piezas de artillería– contra zonas residenciales, matando e hiriendo a civiles.