REPÚBLICA DOMINICANA: DEBEN PROTEGERSE LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Consejo de Derechos Humanos aprueba el resultado del examen periódico universal de la República Dominicana

Amnistía Internacional ve con beneplácito que la República Dominicana haya aceptado las recomendaciones relativas a combatir todas las formas de discriminación, por medios como aprobar una exhaustivo proyecto de ley contra ella, e insta al gobierno a situarse entre los primeros Estados independientes caribeños que aprueban legislación que garantiza el derecho de todas las personas a la igualdad y a no sufrir discriminación.

De acuerdo con estas recomendaciones, el gobierno debe garantizar que dicha ley se somete a amplia consulta con la sociedad civil y que es compatible con las normas internacionales de derechos humanos, a fin de proteger a los grupos marginados históricamente de la discriminación institucionalizada y social.

Amnistía acoge también con beneplácito que la República Dominicana haya aceptado las recomendaciones relativas a aumentar la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Su aceptación es un avance en lo que respecta a garantizar que todas las mujeres y las niñas del país tienen acceso a servicios de aborto legal y sin riesgos.

Aunque la República Dominicana se ha comprometido a investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes encargados de hacer cumplir la ley, es lamentable que haya rechazado la recomendación específica de garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y poner fin a la impunidad en estos casos.

Amnistía Internacional ha documentado cómo la policía viola, golpea y humilla de manera habitual a mujeres cisgénero y transgénero que realizan trabajo sexual, como forma de castigo. Estas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales pueden constituir tortura y malos tratos por razones de género.

Amnistía insta al gobierno a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y a elaborar un protocolo nacional de investigación de las denuncias de tortura y otros malos tratos, de acuerdo con el Protocolo de Estambul.

Lamentablemente, la República Dominicana ha rechazado la recomendación de garantizar el derecho a la nacionalidad y al acceso a documentación de identidad apropiada a las personas dominicanas de ascendencia extranjera, en la mayoría de los casos haitiana. El gobierno tiene todavía que reconocer el problema de la apatridia. La Ley 168-14, concebida con objeto de mitigar los duros efectos de la Sentencia 168-13, ha resultado insuficiente como respuesta a la crisis de apatridia creada por años de políticas y prácticas discriminatorias.

Amnistía pide al gobierno que expida documentos de identidad a todas las personas del Grupo A de la Ley 168-14 sin obstáculos administrativos ni trato diferente infundado y que trabaje en colaboración con la sociedad civil para buscar soluciones a las miles de personas que son apátridas.

Información complementaria

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el resultado del examen periódico universal de la República Dominicana el 5 de junio de 2019, durante su 41º periodo de sesiones. Antes de la adopción del informe del examen, Amnistía Internacional había hecho esta declaración oral.

Amnistía Internacional contribuyó también a aportar los datos que sirvieron de base al examen con su información sobre la República Dominicana:https://www.amnesty.org/en/documents/amr27/9486/2018/en/