El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que Rumania y Lituania violaron los derechos humanos de Abd al-Rahim al-Nashiri y Zayn al-Abidin Muhammad Husayn –también conocido como Abu Zubaydah– con su complicidad en los malos tratos que sufrieron ambos durante su reclusión en centros estadounidenses de detención secreta existentes en los dos países.
Las sentencias son un importante hito en los esfuerzos por hacer rendir cuentas a los gobiernos europeos que participaron en las actividades ilegales de la CIA tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
“Estados Unidos no podría haber mantenido el programa de entregas y detenciones secretas sin sus aliados europeos. Las históricas sentencias dictadas hoy rompen la conspiración de silencio creada en torno a la presencia de estos lugares secretos en Lituania y Rumania y subrayan públicamente la complicidad generalizada de muchos gobiernos europeos”, ha señalado Julia Hall, experta de Amnistía Internacional en medidas antiterroristas y derechos humanos.
“Son un importante hito en la rendición de cuentas debida a las víctimas de estas prácticas de ilegalidad flagrante.”
Al-Nashiri y Abu Zubaydah, recluidos actualmente en el centro estadounidense de detención de Guantánamo, fueron sometidos a desaparición forzada y tortura en el marco del programa de entregas.
El Tribunal Europeo sostiene que ambos gobiernos son responsables de la detención ilegal y los malos tratos de los dos hombres en ‘lugares negros’ de la CIA.
En un informe de 2014 del Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos se dieron detalles de la tortura de Al-Nashiri y Abu Zubaydah, pero se eliminaron los nombres de los países donde se recluía a los detenidos en lugares secretos. Los tribunales de Estados Unidos rehusaron ver causas relacionadas con las operaciones de la CIA, remitiéndose a la afirmación del gobierno estadounidense de que la información sobre dichos lugares debía protegerse porque era “secreto de Estado”. No ha habido prácticamente ninguna rendición de cuentas por esos abusos en Estados Unidos.
“Estas sentencias son un paso más en el establecimiento de la verdad sobre la complicidad europea en las entregas y las detenciones secretas y en la rendición de cuentas de los Estados europeos por su participación. Pero los gobiernos lituano y rumano no fueron los únicos. Muchos otros gobiernos europeos cooperaron con Estados Unidos en el traslado ilegal, “desaparición y tortura de personas durante las operaciones de entrega, y se les debe hacer rendir cuentas”, ha afirmado Róisín Pillay, directora del Programa para Europa y Asia Central de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).
Amnistía Internacional y la CIJ intervinieron en ambos procedimientos (véase Al-Nashiri y Abu Zubaydah). Las dos organizaciones presentaron datos, contexto y dictámenes periciales basados en precedentes del Tribunal y de otros órganos.
El 13 de marzo de 2018, en la base naval de Guantánamo, Abd al Rahim al Nashiri inició su semana número 800 bajo custodia de Estados Unidos. Abu Zubaydah también está recluido allí, pero no ha sido acusado formalmente de ningún delito. Amnistía Internacional y la CIJ han pedido reiteradamente que se cierre el centro de detención y se someta a un juicio justo o se deje en libertad a los detenidos.
Las sentencias son continuación de otras dictadas contra Polonia, Italia y la ex República Yugoslava de Macedonia por su participación en las entregas, tortura –incluidos waterboarding (simulacro de ahogamiento) y simulacros de ejecución– y desaparición forzada de presuntos delincuentes a manos de la CIA.
La sentencia
Basándose en numerosos dictámenes periciales y en un informe de 2014 del Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos sobre el programa de la CIA, el Tribunal ha identificado los centros detención “Lugar de Detención Negro” en Rumania y ‘’Lugar de Detención Violeta” en Lituania. Sostiene, asimismo, que ambos gobiernos violaron el principio de no devolución (non-refoulement) al permitir la entrega ilegal de los hombres a otros países a pesar del riesgo de nuevas contravenciones de la prohibición de la tortura y otros malos tratos.
Ha determinado que Rumania incumplió sus obligaciones en materia de derechos humanos al prestar ayuda en el traslado de Al-Nashiri fuera del país, a pesar del riesgo de que sufriera una negación flagrante de justicia al ser sometido a juicio ante una comisión militar estadounidense en Guantánamo. Ha determinado también que Rumania violó el derecho de Al-Nashiri a la vida al facilitar su traslado a pesar del riesgo considerable y previsible de que fuera condenado a muerte. En ambos casos, el Tribunal sostiene que ninguno de los dos Estados cumplió con su obligación de llevar a cabo una investigación efectiva.
Información complementaria
Amnistía Internacional y la CIJ han intervenido anteriormente en otras causas similares ante el Tribunal Europeo, como las demandas presentadas por Al-Nashiri y Abu Zubaydah contra Polonia, que concluyeron con una sentencia de julio de 2014 contra este país por su participación en la tortura y desaparición forzada de ambos hombres en el “lugar negro” que tenía la CIA allí. Aunque Polonia ha pagado indemnización a los dos, no ha proporcionado otras formas de reparación exigidas en la sentencia del Tribunal Europeo, como llevar a cabo una investigación completa y efectiva, hacer rendir cuentas a los responsables del trato que recibieron ambos hombres y pedir disculpas.
El 13 de diciembre de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que el gobierno de la ex República Yugoslava de Macedonia era responsable de la detención ilegal, desaparición forzada y tortura del ciudadano alemán Khaled el Masri. Fue la primera vez que se hizo rendir cuentas a un Estado europeo por su participación en las operaciones de la CIA. El país ha pagado también una indemnización y pedido disculpas a Khaled El-Masri, pero no ha llevado a cabo ninguna investigación plena y efectiva.
El 23 de febrero de 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en contra de Italia por su complicidad en la entrega por la CIA de Osama Mustafa Nasr, conocido también como Abu Omar, a Egipto en 2003 y por la falta de rendición de cuentas por las acciones de las autoridades italianas en la operación.
Las acusaciones formales y juicios se habían iniciado tanto contra funcionarios estadounidenses como italianos, pero los principales acusados italianos fueron absueltos tras invocar el gobierno italiano la doctrina del “secreto de Estado”. Aunque ha pagado a las víctimas la indemnización exigida y no se han iniciado más procedimientos, Italia continúa alegando el secreto de Estado para eludir la rendición de cuentas. Algunos de los agentes estadounidenses declarados culpables han sido indultados o se han beneficiado de reducciones de la condena concedidas por el presidente italiano.
Amnistía Internacional ha pedido investigaciones y rendición de cuentas por denuncias similares contra varios países, entre ellos Alemania, Finlandia, Irlanda, Reino Unido y Suecia.
El asunto Abu Zubaydah v Lithuania lo entabló Interrights, y la representación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos corrió a cargo de Human Rights in Practice. El asunto Al-Nashiri v Romania se llevó ante el Tribunal con la representación de Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta.