Nuevamente se archivaron las denuncias de más de 2,000 casos de víctimas de esterilización forzada
Organización pide que fiscalía revise decisión sobre el caso de más de 2000 mujeres esterilizadas contra su voluntad
Amnistía Internacional lanzó una acción global para que sus activistas en todo el mundo pidan a la Fiscalía de la Nación que se revise la decisión tomada en el caso de miles de mujeres esterilizadas contra su voluntad. La organización considera que existen indicios que el personal médico que aplicó este programa de planificación familiar recibía presiones de las autoridades gubernamentales para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado.
“El hecho que no se haya investigado de manera eficaz las denuncias realizadas pone de manifiesto la persistente discriminación que sufren las mujeres de comunidades indígenas y campesinas en Perú” dijo Silvia Toledo Vallejos, coordinadora de incidencia de Amnistía Internacional en Perú.
Miles de víctimas de esterilizaciones forzadas han visto truncada su esperanza de obtener justicia a pesar de la existencia de sólidos indicios de que el personal médico que aplicó los programas de planificación familiar recibía presiones para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en muchos de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado.
De las víctimas incluidas en la investigación solo siete casos de manera individual han sido denunciados por la fiscal Marcelita Gutiérrez, los que serán derivados al Poder Judicial para su aprobación. Los demás casos investigados quedarían archivados.
Amnistía Internacional se suma al pedido de todas las víctimas de esterilizaciones forzadas para que las autoridades pertinentes puedan revisar esta decisión y se cumpla así con la obligación de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de todas las mujeres y familiares que se hayan visto afectados por las esterilizaciones forzadas. Inés Condori, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas manifestó que “quieren justicia y que van a luchar para que se reconozca esta grave violación a sus derechos por la vía legal”.
En más de una oportunidad Amnistía Internacional pidió a la fiscalía que denunciara a toda persona que haya participado de estas graves violaciones a los derechos humanos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares