Las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a cientos de personas en respuesta a las protestas pacíficas previstas para ayer en Egipto, ha dicho Amnistía Internacional. Un gran despliegue de agentes de las fuerzas de seguridad impidió que los manifestantes se concentraran en El Cairo y en otros lugares.
El Frente de Defensa en favor de los Manifestantes Egipcios (grupo de activistas locales, algunos de ellos abogados de derechos humanos, creado para proteger a los manifestantes pacíficos frente a las violaciones de derechos humanos), comunicó a Amnistía Internacional a primeras horas de esta mañana que tenían noticias de la detención de al menos 238 personas el 25 de abril en todo Egipto, entre las que había extranjeros, activistas y periodistas. “Libertad para los valientes”, otro movimiento egipcio de vigilancia, tenía una lista de 168 nombres a última hora de la noche de ayer, y los activistas seguían identificando detenidos.
“Las autoridades egipcias parecen haber orquestado una campaña dura y despiadadamente eficaz para aplastar esta protesta antes aún de su comienzo. Detenciones masivas, cortes en la vía pública y un enorme despliegue de las fuerzas de seguridad hacen que sea imposible la celebración de manifestaciones pacíficas”, ha dicho Magdalena Mughrabi, directora adjunta provisional del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Lamentablemente, la represión de la libertad de reunión pacífica y la violación de otros derechos están totalmente en la línea de la respuesta del gobierno egipcio a cualquier tipo de critica.”
Las protestas se convocaron tras la cesión por parte del gobierno de Egipto de dos islas del Mar Rojo a Arabia Saudí, una decisión que diversos grupos de la sociedad civil condenaron por considerarla inconstitucional y falta de transparencia. El 25 de abril, día festivo en Egipto, se celebra el aniversario de la retirada de Israel de la Península del Sinaí en 1982.
En el periodo previo a las protestas previstas, entre el 21 y el 24 de abril, fueron detenidas más de 90 personas, según las cifras dadas a conocer por organizaciones de derechos humanos egipcias y el movimiento Libertad para los Valientes.
Muchas de estas personas han sido puestas bajo custodia por diversos cargos, como el de violación de la ley antiterrorista, la Ley de Manifestación y otras leyes que regulan las reuniones públicas, y también por delitos contra la “seguridad nacional” en aplicación del Código Penal.
Entre las personas detenidas durante la última semana hay destacados activistas vinculados a los movimientos egipcios de protesta y en favor de los derechos humanos, como Ahmed Abdullah, presidente de la junta directiva de la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, detenido en su domicilio a primeras horas del 25 de abril por “Fuerzas Especiales”, según sus representantes, y acusado de varios cargos, como incitar a la violencia para derrocar al gobierno, unirse a un grupo “terrorista” y promover el “terrorismo”.
Haytham Mohammedein, abogado laboralista y portavoz del Movimiento Socialista Revolucionario, también fue detenido en su domicilio a primeras horas del 22 de abril por agentes de la Seguridad Nacional, que se negaron a mostrarle la orden de detención.
Fue interrogado con los ojos vendados y presentado ante el fiscal cuando habían transcurrido más de 24 horas desde el momento de su detención, en violación de la Constitución de Egipto, según informó uno de sus abogados a Amnistía Internacional. Según este abogado, el fiscal ordenó su detención durante 15 días por “unirse a la organización prohibida Hermandad Musulmana”, “planear el derrocamiento del régimen” y “convocar protestas contra el cambio de las fronteras marítimas del país”. Haytham Mohammedein está en un campamento de las Fuerzas de Seguridad Central conocido como Kilo 10.5, en la carretera del desierto que une El Cairo con Alejandría.
Otras personas a las que ha afectado la represión son la conocida activista Sanaa Seif, que afirma haber sido citada para ser interrogada por un fiscal, y el abogado Malek Adly, contra el que se ha dictado orden de detención.
Desde primeras horas de la mañana del 25 de abril circulaban informes de fuertes medidas de seguridad en el centro de El Cairo, con cortes de calles y efectivos de la policía armados, lo cual indicaba que el gobierno egipcio pretendía sofocar las protestas. El presidente calificó las manifestaciones previstas como un intento de desestabilizar el Estado, mientras que el ministro del Interior amenazó con graves consecuencias para todo el que cruzara “ciertos límites”.
“Las autoridades afirman que están restableciendo la estabilidad y la seguridad, pero su paranoia ha creado un verdadero ‘punto ciego’ que parece volverlas incapaces de distinguir entre manifestaciones pacíficas y verdaderas amenazas a la seguridad”, ha dicho Magdalena Mughrabi.
Amnistía Internacional insta a las autoridades egipcias que respeten los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Todas las personas detenidas por protestar pacíficamente deben ser puestas en libertad.
La Ley de Manifestación de Egipto prohíbe que se celebren manifestaciones sin la autorización de las autoridades, y da a las fuerzas de seguridad amplios poderes para disolver manifestaciones “no autorizadas”. En la práctica, las autoridades han facilitado las protestas de los partidarios del presidente Abdel Fattah al Sisi, y en cambio han disuelto sistemáticamente las manifestaciones de sus oponentes.
Amnistía Internacional ha expresado reiteradamente su preocupación por la draconiana ley antiterrorista. La definición vaga y excesivamente amplia de “acto terrorista” que contiene la ley permite a las autoridades suprimir cualquier forma de disidencia pacífica.
Las manifestaciones fueron precedidas por las protestas masivas de hace 11 días tras anunciarse la cesión de las islas, que están deshabitadas. Las manifestaciones del 15 de abril han sido las mayores que se celebran en Egipto desde hace más de dos años.