Ante la noticia de que el Parlamento de Grecia ha votado a favor de suspender el registro de las solicitudes de asilo de las personas llegadas en barco desde el norte de África durante tres meses y devolverlas a su país de origen, Adriana Tidona, investigadora de Amnistía Internacional sobre migración, ha declarado:
“Estas vergonzosas propuestas son una violación flagrante del derecho internacional y no servirán para mejorar las condiciones de las personas refugiadas y migrantes que ya están en Creta y Gaudos, sino para castigar a quienes buscan protección. Negar a una persona su derecho a solicitar asilo por el modo en que ha llegado es discriminatorio y vulnera los principios básicos de la protección de las personas refugiadas. El derecho internacional prohíbe estrictamente devolver a una persona sin evaluar primero sus circunstancias. El gobierno de Grecia debe revocar de inmediato esta decisión.
Además, las autoridades griegas anunciaron un plan para establecer un centro de detención en Creta y recluir en él a quienes entraran irregularmente en el país. Este plan, si se implementa, probablemente dará lugar a situaciones de detención automática —y por tanto arbitraria— con fines de control migratorio, en contravención del derecho internacional y de la UE.
Como garante del derecho de la UE, la Comisión Europea debe actuar urgentemente para exigir que se anulen las medidas y poner en marcha procedimientos de infracción si fuera necesario. Si las instituciones de la UE no condenan estas medidas de manera rápida y contundente, pondrán en peligro no sólo los principios básicos del derecho internacional y de la UE sino también los esfuerzos para implantar un sistema común europeo de asilo”.
Información complementaria
El 11 de julio, el Parlamento de Grecia votó a favor de la reforma. La votación viene precedida de una visita reciente de la UE a Libia para debatir asuntos de cooperación en materia migratoria, en la cual la delegación de la UE no fue autorizada a entrar en el este de Libia, fue declarada “persona non grata” y recibió la orden de salir del país.
Desde principios de 2025 han aumentado las llegadas hasta las islas griegas de Creta y Gaudos desde Libia. Un informe de una ONG publicado el 7 de julio ponía de relieve la falta de medidas de primera acogida y alojamiento en Creta.
En 2020, Grecia adoptó medidas parecidas a las aprobadas en respuesta al aumento de las llegadas a las fronteras con Turquía, suspendiendo el derecho de asilo y proponiendo la devolución de quienes cruzaban. En aquel momento, Amnistía Internacional informó de casos de devolución sumaria, palizas y detención arbitraria, incluso de muertes y lesiones resultantes del uso de munición real. Ese escenario no debe repetirse.
En su discurso ayer ante el Parlamento, el primer ministro griego anunció asimismo la intención de su país de cooperar con las autoridades libias para detener los flujos de migración a Grecia. Como ha advertido Amnistía Internacional, el apoyo que la UE sigue ofreciendo a las autoridades libias para frenar las salidas ha dado lugar a la interceptación de decenas de miles de personas en el mar y su traslado forzoso a centros de detención de Libia.