El hecho de que el gobierno de Nepal no haya establecido un marco regulador para la Ley del Derecho a la Vivienda, unido al flagrante desprecio de las autoridades locales por la ley, ha dado lugar a desalojos forzosos que han dejado a cientos de personas sin hogar, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.
El informe, titulado “Nowhere to go”: Forced evictions in Nepal, pone de relieve las devastadoras consecuencias para comunidades ya marginadas, incluidos dalits y pueblos indígenas, que se ven afectadas desproporcionadamente por los desalojos forzosos. El informe revela asimismo que las autoridades no han defendido las salvaguardias jurídicas ni se han ocupado de las deficiencias en la normativa necesaria para aplicar las disposiciones de la Constitución y la Ley del Derecho a la Vivienda de 2018 que tienen como objetivo prevenir los desalojos forzosos.
“Existe una distancia cada vez mayor entre la protección legal que promete la Constitución de Nepal y la realidad de las comunidades marginadas en el país, que siguen viviendo con miedo a ser desalojadas sin el debido proceso, sin tener en cuenta sus precarias circunstancias y sin esperanza de recibir una indemnización que les ayude a rehacer sus vidas en otro lugar”, ha afirmado Nirajan Thapaliya, director de Amnistía Internacional Nepal.
“Las autoridades están incumpliendo su obligación legal de proteger los derechos de las personas sin tierra, que son algunas de las más vulnerables en la sociedad.”
El informe se centra en casos emblemáticos de desalojos forzosos que tuvieron lugar entre 2020 y 2024 en todo Nepal, incluidos los distritos de Katmandú, Siraha, Sunsari, Jhapa y Kailali. En conjunto, representan diversas regiones y tipos de desalojo. En algunos casos, los desalojos tuvieron lugar como consecuencia de proyectos de desarrollo urbanístico en entornos urbanos; en otros, los desalojos forzosos se llevaron a cabo en zonas protegidas en bosques comunitarios y parques nacionales.
Las autoridades están incumpliendo su obligación legal de proteger los derechos de las personas sin tierra, que son algunas de las más vulnerables en la sociedad.
Nirajan Thapaliya, director de Amnistía Internacional Nepal
Desprecio al debido proceso
En los casos documentados, las autoridades mostraron un absoluto desprecio por las obligaciones de Nepal en materia de derechos humanos en virtud de la legislación nacional y el derecho internacional. Los casos ponen de relieve que las autoridades no han implantado salvaguardias de los derechos humanos contra los desalojos forzosos, que incluyan consultas con las comunidades afectadas para explorar alternativas al desalojo y la emisión de avisos con tiempo suficiente para su traslado.
El 23 de junio de 2024, familias que vivían en la zona del aeropuerto de Purano, en la Ciudad Submetropolitana de Dhangadhi, Kailali, fueron objeto de desalojo forzoso y sus hogares fueron demolidos por excavadoras pese a haber en marcha un proceso de la Comisión para la Resolución de Asuntos de Tierras con objeto de confirmar la situación de las personas residentes, un paso fundamental para garantizar la seguridad de la tenencia. Las autoridades locales hicieron caso omiso de los resultados de los procesos de verificación, incluidos los certificados de ocupación de la tierra emitidos a las personas residentes por la Comisión. Más adelante admitieron que nueve de las 13 familias desalojadas no deberían haber sido expulsadas, ya que tenían derecho a protección jurídica especial contra el sinhogarismo.
“Tenemos documentos de posesión de la tierra, facturas de electricidad, etc., pero nada de esto nos protegió del desalojo”, explicó un miembro de una de las comunidades afectadas.
Otra de las omisiones del gobierno ha sido no establecer protecciones específicas para grupos vulnerables a la discriminación y la marginación, como las personas mayores, los niños y niñas y las personas con discapacidad. Además, las autoridades no siguieron los procedimientos estipulados en la Ley de Tierras relativos a la identificación y verificación de las personas dalits sin tierras y las residentes en asentamientos informales.
Además, las autoridades tampoco contactaron con las comunidades afectadas en un proceso de verdaderas consultas antes de los desalojos ni las avisaron con antelación suficiente, requisitos que establecen la Ley del Derecho a la Vivienda de Nepal y las normas internacionales de derechos humanos.
“No tenemos adónde ir […]. ¿Cómo sobreviviremos?”
Muchas personas residentes describieron la manera deshumanizadora en que fueron expulsadas de sus hogares sin brindarles siquiera la oportunidad de recoger sus ropas y medicamentos, los libros de sus hijos e hijas o importantes documentos de identidad legales.
“Nuestros hogares fueron arrasados desde todos los costados. Ahora no tenemos adónde ir ni qué comer”. ¿Cómo sobreviviremos?”, dijo una de las víctimas de los desalojos forzosos en el municipio de Bhajani, Kailali.
Al menos en tres lugares donde se llevaron a cabo desalojos residían algunos de los grupos más vulnerables: personas mayores, mujeres embarazadas y recién nacidos.
Bishnu Nepali*, madre de 23 años, de Bhajani, dijo: “Acababa de tener un bebé, y ahora no tenemos techo, ni electricidad, ni mosquitero. Vivir así es insoportable.”
En Dhangadhi, una mujer joven que acababa de dar a luz dijo que ya había sido desarraigada en una ocasión anterior: “No vinimos aquí por codicia. Nos vimos obligados a mudarnos cuando un deslizamiento de tierras destruyó nuestro hogar. Pero las autoridades nos trataron como si hubiéramos cometido un crimen por el solo hecho de buscar refugio en esta tierra.”
El informe pone de relieve los graves efectos emocionales, físicos y psicológicos causados por los desalojos forzosos, la pérdida de propiedades, la falta de acceso a alimentos y agua, la pérdida de medios de vida, la falta de acceso a educación.
El sinhogarismo era evidente en los tres escenarios de desalojos visitados por Amnistía Internacional. Esto constituye una clara violación del derecho internacional, que obliga a los Estados a proteger a todas las personas frente a desalojos forzosos, cualquiera que sea la situación en cuanto a tenencia de la tierra, y a abstenerse de dejar sin hogar a las personas.
Las comunidades que fueron desalojadas en la mayoría de los casos documentados en el informe no recibieron indemnización alguna o, cuando la recibieron, fue totalmente insuficiente. Cuando se ofreció el reasentamiento, se hizo sin consulta previa con la comunidad afectada y sin prestar la debida atención a sus necesidades, como el tamaño de la familia o la prestación de servicios esenciales.
Si no se adoptan medidas urgentes y coordinadas para implementar el derecho a una vivienda adecuada y establecer marcos reguladores, el ciclo de desalojos forzosos y violaciones de derechos humanos en Nepal persistirá.
Nirajan Thapaliya, director de Amnistía Internacional Nepal
Deficiencias sistémicas que permiten los desalojos forzosos
Ante la inexistencia del marco regulador necesario para implementar muchas de las disposiciones de la Ley del Derecho a Vivienda, las salvaguardias legales siguen siendo en gran medida ineficaces. El hecho de no armonizar la legislación contradictoria anterior con leyes más recientes de Nepal para proteger derechos fundamentales ha menoscabado aún más su aplicación, en tanto que la falta de coordinación y cooperación entre el gobierno federal y los gobiernos locales ha empeorado la situación.
Los mecanismos de supervisión también han sido en gran medida ineficaces. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dado seguimiento a algunos incidentes de desalojo y emitido recomendaciones para proceder a su reparación. Sin embargo, su respuesta no ha estado a la altura de la gravedad de estas violaciones de derechos humanos. De contar con recursos adecuados, la Comisión podría desempeñar un papel más firme mediante la documentación de las constantes sistémicas de desalojos forzosos y la realización de investigaciones independientes.
“Las autoridades nepalíes deben salvaguardar el derecho a una vivienda adecuada, poner fin a la práctica del desalojo forzoso y garantizar el debido proceso cuando los desalojos se consideren necesarios. Si no se adoptan medidas urgentes y coordinadas para implementar el derecho a una vivienda adecuada y establecer marcos reguladores, el ciclo de desalojos forzosos y violaciones de derechos humanos en Nepal persistirá”, ha manifestado Nirajan Thapaliya.
*Se han cambiado los nombres para proteger la identidad