La condena masiva de miembros de la oposición en el “caso de conspiración 2” de Túnez es un nuevo ejemplo de las continuas restricciones impuestas por las autoridades tunecinas al espacio de la sociedad civil y de la erosión de la independencia judicial y las garantías procesales, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
El caso, basado en acusaciones ambiguas de terrorismo y de atentado contra la seguridad del Estado, es el último de una serie de enjuiciamientos por motivos políticos que parecen diseñados para silenciar la disidencia pacífica e intimidar y reprimir a las personas críticas con el gobierno del presidente Kais Saied.
Las sentencias condenatorias dictadas en el ‘caso de conspiración 2’ constituyen una grave injusticia y un ataque flagrante a las obligaciones de Túnez en materia de derechos humanos. Todas las personas detenidas por el mero hecho de ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y actividad política deben quedar en libertad de inmediato.
Sara Hashash, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África
Este caso ilustra el uso indebido del sistema de justicia penal en Túnez para reprimir la disidencia pacífica y perseguir a personas por el mero hecho de ejercer sus derechos humanos. El uso cada vez mayor de la legislación antiterrorista para castigar la disidencia pacífica es un grave motivo de preocupación, que Amnistía Internacional documenta desde 2023”, ha afirmado Sara Hashash, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Las sentencias condenatorias dictadas en el ‘caso de conspiración 2’ constituyen una grave injusticia y un ataque flagrante a las obligaciones de Túnez en materia de derechos humanos. Todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación y actividad política de forma pacífica deben quedar en libertad de inmediato.”
“Las autoridades deben poner fin cuanto antes a la represión de los derechos humanos en curso, incluida la persecución de personas críticas con el pretexto de la seguridad nacional, y restablecer la independencia judicial y el Estado de derecho, así como aplicar salvaguardias efectivas para impedir que se utilicen las leyes antiterroristas y de seguridad nacional como instrumentos de represión.”
Amnistía Internacional pide a las autoridades tunecinas que anulen todas las sentencias dictadas en el “caso de conspiración 2” y liberen de inmediato a las personas sometidas a detención arbitraria. Las autoridades deben garantizar que cualquier nuevo juicio respete plenamente el derecho internacional de los derechos humanos, lo que incluye asegurar que los futuros juicios sean públicos y que se permita el pleno acceso a familiares, asistencia letrada, periodistas y personal de observación independiente. Túnez es Estado parte en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y está legalmente obligado a respetar los derechos a un juicio justo, a la libertad de expresión y de asociación, así como el derecho a la libertad.
El juicio se celebró en medio de una crisis del Estado de derecho en Túnez. Desde que el presidente Saied ascendió al poder en julio de 2021, el país ha sido testigo de una erosión del Estado de derecho, entre otras cosas mediante el desmantelamiento de las garantías de independencia judicial, lo que ha dado lugar a una mayor injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial y a una oleada de enjuiciamientos contra miembros de la oposición, periodistas, activistas de la sociedad civil y antiguas autoridades. En consecuencia, se ha restringido aún más el espacio para los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Sentencias masivas tras un juicio de motivación política
El juicio comenzó el 24 de junio de 2025 y concluyó el 8 de julio con la condena masiva de 21 de las 24 personas juzgadas, entre las que se encontraban altos cargos políticos del partido Ennahdha, antiguas autoridades del gobierno y las fuerzas de seguridad, profesionales de la abogacía y otros miembros de partidos de la oposición. Las penas impuestas a las 21 personas oscilaron entre 12 y 35 años. Tan solo hubo una absolución, mientras que dos personas siguen a la espera de conocer la decisión de su recurso contra la sentencia.
Entre las personas condenadas se encuentra Rached Ghannouchi, dirigente del partido Ennahda, que fue sentenciado in absentia a 14 años de prisión, tras negarse a participar en el juicio. Otros altos cargos de Ennahda, como Habib Ellouz, Samir Hanachi y Fathi Elbedoui, fueron condenados a 12 años, mientras que Mouadh Kheriji y Lotfi Zitoun, miembros de Ennahda en el exilio, se hallan entre los condenados in absentia a 35 años.
Pruebas deficientes y falta de garantías procesales
La investigación se inició en mayo de 2023, a raíz de una denuncia anónima en la que se afirmaba la existencia de una red secreta dirigida por Ghannouchi, ideada para “cambiar la estructura del Estado”, con la ayuda de Kamel Ben El Bedouil, antiguo cargo del Ministerio del Interior. En la denuncia también se alegaba la captación de personal de seguridad y la coordinación con otras de las personas acusadas. A estas acusaciones se sumaron posteriormente declaraciones adicionales de autoridades del ámbito de la seguridad, una de las cuales también era anónima.
Los cargos se basaban en denuncias de “conspiración contra la seguridad del Estado”, respaldadas en gran medida por testimonios anónimos, comunicaciones interceptadas y documentos incautados en redadas policiales. Gran parte del material consistía en críticas políticas y comunicaciones privadas contrarias al presidente Saied, que se remontaban al periodo comprendido entre 2011 y 2022, sin que hubiera pruebas concretas de conducta delictiva. La afirmación central de las autoridades, según la cual ciertos políticos de la oposición operaban un “aparato de seguridad” clandestino, sigue sin estar respaldada por pruebas que puedan verificarse de forma independiente. La fiscalía se basó en gran medida en acusaciones anónimas amplificadas por medios de comunicación afines al Estado y sindicatos del ámbito de la seguridad, pero no presentó documentación material, investigaciones institucionales ni verificaciones independientes que respaldaran dicha afirmación. No se aportó ninguna investigación formal sobre las presuntas irregularidades, ni siquiera durante los contrainterrogatorios de las personas acusadas.
Un juicio empañado por graves violaciones de las garantías procesales
El juicio se vio empañado por graves violaciones de las garantías procesales y del derecho a un juicio justo.
A finales de febrero, el juzgado de Primera Instancia de Túnez decidió que los juicios sucesivos por terrorismo se celebrarían con la asistencia virtual de las personas detenidas, a través de una conexión en línea con la prisión, alegando la existencia de “peligros reales” no especificados. Posteriormente, el tribunal renovó la decisión sin dar más explicaciones.
Por lo tanto, las personas acusadas detenidas en espera de juicio se vieron obligadas a participar por videoconferencia, lo que limitó gravemente su capacidad para comunicarse con su asistencia letrada y de interactuar con el tribunal, según informaron sus representantes legales.
Al igual que en otros casos de gran repercusión, el acceso a las salas del tribunal estuvo estrictamente restringido por motivos de seguridad, y se impidió la asistencia de periodistas independientes, familiares y personal de observación independiente, lo que socavó gravemente la transparencia del juicio.
“Estos juicios carecen de imparcialidad, credibilidad y transparencia. La alta dependencia de fuentes anónimas y de procedimientos rodeados de hermetismo convierte los juicios en una farsa, donde las condenas y sentencias son una parodia de la justicia”, ha afirmado Sara Hashash.
Las autoridades tunecinas deben poner fin al uso indebido del poder judicial para la persecución de opositores políticos, respetar el Estado de derecho y defender los derechos humanos de todas las personas del país.
Sara Hashash
“Las autoridades tunecinas deben poner fin al uso indebido del poder judicial para la persecución de opositores políticos, respetar el Estado de derecho y defender los derechos humanos de todas las personas del país”.
Represión generalizada de la disidencia pacífica
El juicio se celebró en medio de una crisis del Estado de derecho en Túnez. Desde que el presidente Saied ascendió al poder en julio de 2021, el país ha sido testigo de una erosión del Estado de derecho, entre otras cosas mediante el desmantelamiento de las garantías de independencia judicial, lo que ha dado lugar a una mayor injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial y a una oleada de enjuiciamientos contra miembros de la oposición, periodistas, activistas de la sociedad civil y antiguas autoridades. En consecuencia, se ha restringido aún más el espacio para los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Información complementaria
Desde julio de 2021, cuando el presidente Kais Saied consolidó su poder, Amnistía Internacional ha documentado de forma sistemática una escalada de la represión contra la disidencia en Túnez. La organización ya había documentado anteriormente abusos del sistema judicial por parte de las autoridades, que recurrieron a cargos ambiguos y cometieron graves violaciones del derecho a un juicio justo en casos contra miembros de la oposición.
Entre estos hechos se halla una serie de procesamientos por motivos políticos, detenciones arbitrarias y hostigamiento contra opositores políticos, periodistas independientes, profesionales de la abogacía, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.