“Las autoridades libanesas no han proporcionado verdad ni justicia a las víctimas y sus familias cinco años después de la devastadora explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020”, han declarado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Es fundamental hacer una investigación exhaustiva y sin obstáculos que establezca la cadena completa de responsabilidad. El estallido, que causó la muerte de al menos 236 personas, hirió a más de 7.000 y destrozó partes enormes de la capital, una de las mayores explosiones no nucleares de la historia.
Pese a los reiterados llamamientos nacionales e internacionales de los últimos cinco años en favor de la rendición de cuentas, las autoridades libanesas no han completado una investigación efectiva, independiente e imparcial de la explosión. La reanudación en 2025 de la investigación nacional después de dos años de suspensión no ha arrojado aún resultados concluyentes. Esta investigación está empañada por obstrucciones e interferencias persistentes de dirigentes políticos y funcionarios estatales resueltos a eludir la justicia. Para las familias de las víctimas, esta prolongada negación de la responsabilidad es una carga insoportable.
Ha llegado la hora de la justicia, la rendición de cuentas y la verdad.
Reina Wehbi, responsable de campañas sobre Líbano de Amnistía Internacional
“La justicia retrasada es justicia denegada”, dijo Reina Wehbi, responsable de campañas sobre Líbano de Amnistía Internacional. “Las familias de las personas fallecidas y heridas en la explosión de Beirut llevan esperando cinco años intolerables. No se las debe obligar a soportar otro año de impunidad. Ha llegado la hora de la justicia, la rendición de cuentas y la verdad”.
En lugar de facilitar la investigación, varias figuras políticas y altos cargos a quienes ha citado el juez instructor principal, Tarek Bitar —entre los que hay generales, miembros de la magistratura y del Parlamento, así como ex titulares de Ministerios—, han tratado sistemáticamente de entorpecerla negándose a asistir a sesiones de preguntas para lo cual han invocado diversas formas de inmunidad procesal y presentado un aluvión de recursos legales contra el juez Bitar que han provocado la suspensión reiterada de la investigación.
En enero de 2023, cuando el juez Bitar trató de reanudar la investigación, estancada después de dos años de suspensión, el entonces fiscal de Líbano Ghassan Oueidat —procesado por Bitar— respondió presentando una demanda contra el magistrado que causó la suspensión efectiva de la investigación una vez más. Además, Oueidat decretó la libertad de las personas sospechosas que estaban en detención en espera de juicio desde la explosión y ordenó a las fuerzas de seguridad y a la Fiscalía que cesara toda cooperación con el juez.
En febrero de 2025, tras otra interrupción más de dos años, el juez Bitar reanudó la investigación citando a más empleados y funcionarios implicados en la explosión. Esto sucedió en un contexto de renovadas promesas políticas del presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam, recién elegidos, de respetar el Estado de derecho y garantizar justicia para las víctimas de la explosión del puerto.
La medida se hizo posible en marzo, cuando el fiscal superior interino, Jamal Hajjar, anuló las medidas decretadas por su predecesor que habían paralizado efectivamente la investigación. Algunas de las personas citadas a declarar, como el ex primer ministro Hassan Diab, el general de división Abbas Ibrahim y el general de división Tony Saliba, sí comparecieron para ser interrogadas por primera vez en años. Sin embargo, otras autoridades, como dos miembros del Parlamento, Ali Hassan Khalil y Ghazi Zaiter, y el exfiscal Oueidat, han seguido obstruyendo la investigación negándose a presentarse para ser preguntados.
“Las autoridades libanesas deben garantizar una investigación exhaustiva y sin obstáculos”, han declarado Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Es fundamental que esta investigación establezca exhaustivamente los hechos y circunstancias que rodearon la explosión, abarcando la cadena completa de responsabilidad —sea nacional o internacional— y determinando si se cometieron actos delictivos o violaciones de derechos humanos debido que el Estado no protegió el derecho a la vida de las personas.
Las autoridades deben asimismo tomar todas las medidas necesarias para garantizar que la investigación se completa sin injerencias ni obstrucciones indebidas de dirigentes políticos, funcionarios del Estado o sospechosos en el caso. Esto incluye garantizar la independencia del poder judicial y adoptar reformas esenciales a los códigos de procedimiento civil y penal de Líbano para abordar las disposiciones que se han utilizado para obstruir investigaciones civiles y penales.
“Pese a la reanudación de la investigación, el camino a la justicia sigue lleno de dificultades políticas y legales”, añadieron Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Las autoridades libanesas deben eliminar con prontitud los obstáculos que han bloqueado reiteradamente la investigación y garantizar que ésta prosigue sin injerencias políticas.
Una investigación de Human Rights Watch de 2021 concluyó que la explosión había sido resultado directo del incumplimiento por las autoridades libanesas de sus obligaciones en materia de derechos humanos, concretamente del derecho a la vida, y señaló la posible implicación de altos cargos.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros grupos de derechos humanos han documentado sistemáticamente diversos defectos procesales y sistémicos de la investigación nacional. Entre ellos figuran las injerencias políticas generalizadas, la concesión de inmunidad procesal a figuras políticas de alto nivel y el incumplimiento de las garantías procesales y de las normas de imparcialidad procesal. Otros países también han condenado reiteradamente las descaradas injerencias políticas de las autoridades en la investigación nacional, de forma particular en una declaración conjunta ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2023.
“La justicia por la explosión del puerto de Beirut no consiste sólo en la rendición de cuentas por un único suceso”, dijo Ramzi Kaiss, investigador sobre Líbano de Human Rights Watch, “sino que es una prueba del compromiso expresado por Líbano con el Estado de derecho y con los derechos humanos”.