Ante la decisión del Tribunal Superior de Bangladesh de sobreseer la causa abierta en 2018 en virtud de la draconiana Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ICT) contra el fotógrafo, activista social y preso de conciencia de Amnistía Internacional Shahidul Alam, Isabelle Lassee, directora de Investigación sobre Asia Meridional de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Este resultado para Shahidul Alam debía haberse producido hace tiempo. Alam, a quien reconocimos como preso de conciencia mientras estuvo privado de libertad, nunca debió haber sido detenido por cargos en aplicación de la Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación, pues lo fue exclusivamente por criticar el uso excesivo de la fuerza por las autoridades de Bangladesh y la represión del estudiantado que protestaba en favor de mayor seguridad vial en 2018”.
“Su caso fue emblemático de una tendencia general del uso por las autoridades bangladesíes de leyes como la Ley de ICT, derogada en 2018, así como la Ley de Seguridad Digital (DSA) y la Ley de Ciberseguridad (CSA), sustituidas por la Ordenanza de Ciberseguridad en mayo de 2025, para reprimir la libertad de expresión, sobre todo contra quienes critican al gobierno”.
“La represión de los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica en Bangladesh culminó el año pasado con la brutal represión de las protestas estudiantiles; la ONU calcula que los actos de violencia causaron posiblemente la muerte de 1.400 personas”.
“Es fundamental que el gobierno provisional de Bangladesh corrija el rumbo en cuanto a la represión sistémica y violenta de la libertad de expresión y de reunión pacífica en el país. Un primer paso sería garantizar que la compatibilidad de la legislación con las leyes y normas internacionales de derechos humanos, y llevar ante la justicia a los funcionarios que han hecho presuntamente uso excesivo de la fuerza contra manifestantes e infligido malos tratos a personas bajo custodia, incluidos quienes imparten órdenes. No hay lugar para este tipo de táctica mientras Bangladesh transiciona hacia lo que mucha gente espera que será una sociedad más equitativa y respetuosa de los derechos”.
“Además, las autoridades deben proporcionar a Shahidul Alam acceso a una reparación por la pesadilla que fue obligado a padecer durante más de 100 días de reclusión por un delito relacionado con la libertad de expresión, incluida la tortura que presuntamente sufrió bajo custodia”.
Información complementaria
Las autoridades de Bangladesh detuvieron a Shahidul Alam el 5 de agosto de 2018 acusado, en aplicación del artículo 57 de la draconiana Ley de Tecnologías de la Información por unos comentarios realizados durante una entrevista con el canal de Al Yazira en lengua inglesa sobre las protestas estudiantiles en favor de mejoras en la seguridad vial y el uso de fuerza excesiva por las autoridades.
De haber sido declarado culpable, Alam podía haber sido condenado a un máximo de 14 años de prisión. Alam afirmó que había sido torturado mientras estuvo bajo custodia.
Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia en septiembre de 2018.
Alam fue excarcelado el 20 de noviembre de 2018, cinco días después de que el Tribunal Superior le concediera la libertad bajo fianza. El 7 de agosto de 2025, el Tribunal Superior de Bangladesh sobreseyó la causa contra Shahidul Alam.