“Las autoridades iraníes están llevando a cabo una represión aterradora so pretexto de la seguridad tras las hostilidades con Israel en junio de 2025”, han declarado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El agravamiento de la crisis pone de relieve la necesidad urgente de que la comunidad internacional adopte medidas concretas de rendición de cuentas en materia penal.
Desde el 13 de junio, las autoridades iraníes han detenido a más de 20.000 personas entre disidentes, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, personas que usan las redes sociales, familias de víctimas de homicidio ilegítimo en protestas nacionales y personas extranjeras. También se han visto afectadas personas afganas, miembros de las minorías étnicas baluchi y kurda, y miembros de las minorías religiosas bahaí, cristiana y judía.
“Mientras la población lucha para recuperarse de los devastadores efectos del conflicto armado entre Irán e Israel, las autoridades iraníes están desatando una represión terrorífica”, afirmó Sara Hashash, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “La maquinaria de represión de las autoridades en el país sigue siendo implacable mientras aumentan una vigilancia generalizada ya opresiva, las detenciones masivas y la incitación a la discriminación, la hostilidad y violencia contra las minorías”.
Las fuerzas de seguridad han matado a personas en controles de vehículos, entre ellas a una niña de tres años. Medios de comunicación oficiales y afines al Estado han pedido que se aceleren las ejecuciones, propugnando en algunos casos que se repitan las matanzas penitenciarias de 1988 en las que las autoridades ordenaron la ejecución sumaria y extrajudicial de miles de presos políticos. Al menos nueve hombres han sido ejecutados por cargos de motivación política y/o acusaciones de espionaje para Israel, y está pendiente de aprobación final un proyecto de ley parlamentaria acelerado que amplía aún más el ámbito de aplicación de la pena de muerte.
El puño de hierro que usan las autoridades iraníes contra una población que aún se tambalea por el impacto de la guerra indica una catástrofe en ciernes para los derechos humanos, en particular para los grupos más marginados y perseguidos del país.
Michael Page, Amnistía Internacional
“Desde junio, la situación de los derechos humanos en Irán ha entrado en una espiral de crisis en la que las autoridades del país usan como chivos expiatorios a disidentes y minorías de un conflicto con el que no tienen ninguna relación”, declaró Michael Page, director adjunto de Human Rights Watch para Oriente Medio y el Norte de África. “El puño de hierro que usan las autoridades iraníes contra una población que aún se tambalea por el impacto de la guerra indica una catástrofe en ciernes para los derechos humanos, en particular para los grupos más marginados y perseguidos del país”.
Las autoridades iraníes deben establecer una moratoria inmediata de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte, poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente y garantizar que todas las demás personas privadas de libertad son protegidas de la desaparición forzada y de la tortura y otros malos tratos. “En virtud del principio de jurisdicción universal, otros países deben investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades iraníes”, afirmaron Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Detenciones generalizadas y alarmantes llamamientos para acelerar juicios y ejecuciones
Los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad iraníes comenzaron a practicar detenciones masivas pocos días después de la escalada de las hostilidades con Israel so pretexto de la seguridad nacional.
Gholamhossein Mohseni Eje’i, presidente de la Magistratura, anunció el 22 de julio que se impondrían fuertes castigos, incluida la pena de muerte, a quienes, dijo, “habían cooperado con Israel”. En una declaración del 12 de agosto, Saeed Montazer Al-Mahdi, portavoz de la policía, anunció que habían sido detenidas unas 21.000 personas.
Altos cargos han pedido la aceleración de juicios y ejecuciones por “apoyar” a Estados hostiles o “colaborar” con ellos. Medios de comunicación afines al Estado han propugnado la repetición de las matanzas penitenciarias de 1988, por ejemplo, en un artículo de Fars News en el que se afirma que “los elementos mercenarios […] merecen ejecuciones al estilo de 1988”.
El poder judicial también ha anunciado la formación de tribunales especiales para enjuiciar a “traidores y mercenarios”. El Parlamento ha tramitado de forma acelerada una legislación de excepción, pendiente de la aprobación final del Consejo de Guardianes, que ampliaría el uso de la pena de muerte incluso por cargos de seguridad nacional de redacción imprecisa como “cooperación con gobiernos hostiles” y “espionaje”.
“Las personas detenidas corren un grave riesgo de sufrir desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, juicios injustos y ejecuciones arbitrarias”, han declarado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Represión intensificada de las minorías étnicas
Las autoridades han usado también el clima postconflicto como justificación para imponer medidas aún más enérgicas contra las minorías étnicas oprimidas.
Amnistía Internacional ha documentado que, en la provincia de Sistán y Baluchistán, las fuerzas de seguridad mataron de forma ilícita a dos mujeres de la minoría étnica iraní oprimida baluchi durante un asalto a la localidad de Gounich el 1 de julio. Una fuente primaria dijo a la organización que unos agentes dispararon perdigones y munición real contra un grupo de mujeres y mataron a una de ellas, Khan Bibi Bamri, en el lugar, e hirieron mortalmente a Lami Bamri, que murió posteriormente en el hospital. Al menos otras 10 mujeres resultaron heridas.
Los agentes ofrecieron justificaciones contradictorias del asalto, alegando la presencia de un “grupo terrorista”, “afganos” e “Israel”. Un vídeo del incidente que ha analizado Amnistía Internacional muestra a agentes uniformados de la Guardia Revolucionaria Islámica apuntando con armas de fuego a las mujeres mientras se oyen repetidos sonidos de disparos.
El 25 de junio, medios de comunicación estatales anunciaron la detención de más de 700 personas en todo el país por presunta colaboración con Israel y citaron las provincias de Kermanshah y Juzestán, hogar de minorías étnicas como la kurda y la árabe ahwazí, entre aquellas donde se había practicado el mayor número de detenciones. Según la Red de Derechos Humanos de Kurdistán, el 24 de julio las autoridades habían detenido al menos a 330 personas de la minoría étnica kurda.
Las autoridades también han iniciado una campaña de detenciones y expulsiones masivas de personas afganas, a las que someten a detenciones generalizadas y demonizan en los medios de comunicación estatales.
Represión de las minorías bahaí, cristiana y judía
Las autoridades también han usado el clima de fuertes medidas de seguridad para intensificar la represión de las minorías religiosas.
La minoría bahaí es atacada especialmente mediante una campaña de propaganda estatal coordinada de incitación a la hostilidad, la violencia, la discriminación y la desinformación en la que se acusa falsamente a sus miembros de espías y colaboradores de Israel. En una declaración de 28 de julio, el Ministerio de Inteligencia calificó la fe bahaí de “secta sionista”. El 18 de junio, Raja News, afín a la Guardia Revolucionaria Islámica, acusó a quienes profesaban esta fe de “representantes y espías de Israel”.
La investigación de Amnistía Internacional y Human Rights Watch halló que las medidas adoptadas contra quienes profesan la fe bahaí incluyen arrestos y detenciones arbitrarias, interrogatorios, asaltos a sus domicilios, confiscación de bienes y cierre de negocios.
Por ejemplo, una fuente informada dijo a las organizaciones que las autoridades habían detenido a Mehran Dastoornejad, de 66 años, durante un asalto a su vivienda en Marvdasht, provincia de Fars, el 28 de junio después de darle una paliza y confiscar sus pertenencias. Las autoridades denegaron al abogado nombrado por la familia el acceso al detenido, así como información sobre los cargos. Mehran Dastoornejad salió en libertad bajo fianza de la prisión de Shiraz, provincia de Fars, el 6 de agosto. Otra fuente informó a Human Rights Watch de la detención en la provincia de Mazandarán de los cónyuges Noyan Hejazi y Leva Samimi el 25 de junio y el 7 de julio, respectivamente, y que se les había denegado el acceso a un abogado hasta su puesta en libertad bajo fianza el 3 de agosto.
A finales de junio, las autoridades iraníes citaron e interrogaron al menos a 35 miembros de la comunidad judía de Shiraz y Teherán sobre sus vínculos con familiares en Israel y los advirtieron de que no mantuvieran el contacto, según Human Rights in Iran, organización radicada fuera del país.
Pese a los desmentidos iniciales en los medios de comunicación estatales, a finales de julio y principios de agosto, publicaciones en el canal de Telegram del parlamentario judío Homayoun Sameyeh Najafabadi confirmaron que habían sido detenidos miembros de la comunidad judía de Irán en tres provincias y que varios habían sido juzgados por un Tribunal Revolucionario en Teherán por cargos no identificados. Las publicaciones indicaban se habían formulado cargos de espionaje contra las personas detenidas en Teherán que habían sido retirados posteriormente.
El Ministerio de Inteligencia, en una declaración del 28 de julio, también acusó a sectores de la comunidad cristiana de ser “mercenarios del Mossad” con conexiones con Israel, y medios de comunicación estatales difundieron “confesiones” de miembros de esta comunidad detenidos el 17 de agosto, lo que suscitó preocupación por la posibilidad de que hubieran sido obtenidas bajo tortura. El 25 de julio, un grupo de derechos humanos radicado fuera de Irán informó de la detención de al menos 54 personas cristianas desde el 24 de junio de 2025.
Uso de fuerza letal ilegítima en controles de seguridad
Los controles de seguridad para vehículos introducidos desde el conflicto de junio se han convertido en otro instrumento de represión. Las autoridades han llevado a cabo registros invasivos de vehículos y teléfonos móviles, y han detenido a personas por “colaborar” con Israel, a menudo basándose exclusivamente en publicaciones en redes sociales encontradas en sus teléfonos, según informaciones de medios de comunicación estatales. Los controles también se usan para detener a personas “no autorizadas”, término discriminatorio que usan las autoridades para referirse a las personas afganas.
El 1 de julio, las fuerzas de seguridad de Tarik Darreh, provincia de Hamedán, mataron a tiros a dos personas e hirieron a una tercera pretextando que estaban huyendo de un control, según informaron medios de comunicación. En una declaración del 2 de julio, Hemat Mohammadi, jefe de la Organización Judicial de las Fuerzas Armadas de la provincia de Hamedán, dijo que se estaba haciendo una investigación, aunque afirmó que las fuerzas de seguridad habían disparado contra un vehículo que intentaba huir. Activistas en las redes sociales identificaron a los dos hombres muertos como Alireza Karbasi y Mehdi Abaei.
Basándose en informaciones de los medios de comunicación estatales y declaraciones oficiales, el 17 de julio, las fuerzas de seguridad de Jomeini, provincia de Markazi, también mataron a tiros a cuatro miembros de una familia que viajaba en dos coches: Mohammad Hossein Sheikhi, Mahboubeh Sheikhi, Farzaneh Heydari y la niña de tres años Raha Sheikhi. Vahid Baratizadeh, gobernador de Jomeini, anunció que las fuerzas de seguridad habían disparado contra dos coches “sospechosos”. El 12 de agosto, un portavoz del gobierno anunció sin más detalles que varios agentes implicados en el tiroteo habían sido detenidos.
A tenor de las declaraciones de las autoridades, no hay datos que indiquen que quienes murieron a tiros en estos incidentes representaran una amenaza inminente de muerte o de lesión grave. En virtud del derecho internacional, el uso de fuerza potencialmente letal con fines de aplicación de la ley es una medida extrema a la que se debería recurrir sólo cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida o prevenir lesiones graves de una amenaza inminente.