Amnistía Internacional y otras 34 organizaciones han publicado una carta conjunta en la que aplauden la publicación del acuerdo entre el gobierno de Brasil y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para organizar la conferencia de la ONU sobre el clima (COP30) en Belém (Brasil) del 10 al 21 de noviembre de 2025.
“Las iniciativas de la sociedad civil en favor de la transparencia de los acuerdos que se firman con el país anfitrión antes de la conferencia climática de la ONU han dado sus frutos con la publicación del acuerdo para la COP30 en el sitio web de la CMNUCC. Nos agrada ver que varias recomendaciones formuladas por la sociedad civil en años anteriores se han implementado, y pedimos a la CMNUCC que garantice su implementación en futuros acuerdos con el país anfitrión”, ha manifestado Ann Harrison, asesora de política sobre el cambio climático para Amnistía Internacional.
“Es encomiable que el acuerdo con el país anfitrión de la COP30 incluya el compromiso de respetar y defender los derechos humanos de todas las personas participantes y de garantizar que todos los aspectos de las reuniones se planifican y organizan de manera inclusiva y no discriminatoria.
Sin embargo, no incluye garantías explícitas de Brasil de respetar, proteger y hacer efectivos fuera de la Zona Azul los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica de quienes deseen expresar sus opiniones —incluso sobre la COP30—, sean o no nacionales de Brasil.”
A Amnistía Internacional también le preocupa el aparente debilitamiento de las disposiciones sobre patrocinio, lo que podría favorecer que las empresas de combustibles fósiles y otras cuyas actividades socavan los objetivos de la CMNUCC y el Acuerdo de París ejerzan una influencia indebida en la presidencia de la COP. Todos los patrocinios y asociaciones para la COP30 deben hacerse públicos de inmediato.
La Secretaría de la CMNUCC debe adoptar con urgencia un marco de rendición de cuentas, que incluya una política sobre conflictos de intereses, para que quede reflejado en futuros acuerdos con el país anfitrión.
Además, Amnistía Internacional pide a las autoridades que aborden el problema del precio del alojamiento en Belém, todavía inasequible para muchos/as representantes de la sociedad civil, organizaciones observadoras y pueblos indígenas, que hace peligrar su participación, a pesar de la cláusula de asequibilidad (artículo 7) incluida en el acuerdo para la COP30.
Las iniciativas de la sociedad civil en favor de la transparencia de los acuerdos que se firman con el país anfitrión antes de la conferencia climática de la ONU han dado sus frutos con la publicación del acuerdo para la COP30 en el sitio web de la CMNUCC.
Ann Harrison, asesora de política sobre justicia climática para Amnistía Internacional
Información general
El Acuerdo con el País Anfitrión de la COP (HCA, por su sigla en inglés) es un acuerdo legal entre la CMNUCC y las autoridades del país anfitrión que establece los términos de organización de la conferencia, incluidos todos los privilegios e inmunidades aplicables fuera de la legislación nacional. Normalmente se firma varios meses antes de la COP. La sociedad civil lleva tiempo reclamando la oportunidad de hacer comentarios al borrador y que el HCA se haga público inmediatamente después de su firma para poder evaluar la medida en que el espacio cívico estará protegido durante la COP.
Amnistía Internacional ha documentado anteriormente la falta de transparencia en torno a los acuerdos con el país anfitrión y las deficiencias en cuanto a protecciones de los derechos humanos. El acuerdo para la COP29 no llegó a hacerse público oficialmente. La carta conjunta sobre el acuerdo para la COP30 está firmada por 35 organizaciones y se puede consultar aquí.