Ante el juicio del destacado abogado y defensor de los derechos humanos Ahmed Souab, que comienza el 31 de octubre en la capital tunecina, la directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, Heba Morayef, ha declarado:
«Ahmed Souab se enfrenta a cargos sin fundamento que comportan severas penas de prisión, como “formación de una organización terrorista” y “difusión de noticias falsas”, simplemente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y llevar a cabo sus obligaciones profesionales como abogado de derechos humanos. Su detención y posterior procesamiento han sido en represalia por criticar la falta de garantías procesales e independencia del tribunal en la “causa de la conspiración”, en la que representaba a tres acusados.
Para empezar, nunca debió haber sido detenido, y mucho menos procesado.
Heba Morayef
Para empezar, nunca debió haber sido detenido, y muchos menos procesado. Su caso es un aterrador ejemplo de prácticas autoritarias más amplias de las autoridades tunecinas contra voces críticas, profesionales de la abogacía y defensores y defensoras de los derechos humanos que se atreven a protestar contra las persistentes violaciones de la independencia del poder judicial y del Estado de derecho, así como la extralimitación del poder ejecutivo. Las autoridades están utilizando cargos falsos de “terrorismo” como pretexto para reprimir la disidencia pacífica y restringir severamente el derecho a un juicio con garantías, creando un clima generalizado de temor. Es preciso detener esta parodia de justicia.
“Las autoridades tunecinas deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a Ahmed Souab y retirar todos los cargos infundados presentados contra él. Deben respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y dejar de atacar a abogados y abogadas por defender a sus clientes o criticar al poder judicial. Asimismo, deben respetar el Estado de derecho, incluida la independencia judicial, y permitir que los profesionales de la abogacía lleven a cabo libremente sus funciones profesionales sin hostigamientos, intimidaciones ni injerencias indebidas.”
Información complementaria
Ahmed Souab es un destacado abogado y defensor de los derechos humanos tunecino, conocido por criticar abiertamente las violaciones del derecho a un juicio justo y la injerencia del poder ejecutivo en la independencia del poder judicial, especialmente durante el mandato del presidente Kais Saied. Antes de ejercer como abogado, fue juez del Tribunal Administrativo y criticó abiertamente el desmantelamiento del Estado de derecho tras la toma del poder por el presidente Saied, el 25 de julio de 2021.
Souab ha sido representante legal de destacadas víctimas de violaciones de los derechos humanos, incluidas figuras de la oposición política y activistas en la «causa de la conspiración,» el ejemplo más destacado de las amplias prácticas autoritarias, como la represión de la oposición política y la erosión de la independencia judicial y el Estado de derecho en Túnez. El 19 de abril, un tribunal de lo penal de la ciudad de Túnez condenó a 37 personas, entre las que había destacadas figuras de la oposición política, profesionales de la abogacía y defensores y defensoras de los derechos humanos, a severas penas de cárcel que oscilaban entre cuatro y 74 años por cargos de “conspiración” infundados. Las personas acusadas fueron declaradas culpables sólo por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Su juicio, plagado de irregularidades tanto de procedimiento como de fondo, y de un desprecio manifiesto hacia los derechos mínimos a la defensa, se basó en cargos infundados.
La vista de Ahmed Souab se celebrará sin que él esté físicamente presente, ya que el tribunal hizo efectiva su decisión de celebrar juicios de forma no presencial alegando un vago “peligro inminente”.Souab se niega a asistir a la vista en remoto, e insiste en estar físicamente presente durante el juico para defenderse a sí mismo. No hay justificación alguna para negar a una persona detenida su derecho a comparecer físicamente ante un tribunal para impugnar la legalidad de su detención. Hacerlo es, además, incompatible con los requisitos de respeto al debido proceso, ya que, por ejemplo, menoscaba la capacidad de la persona detenida de participar realmente en los procedimientos y seguirlos, así como de ser escuchada sin impedimentos técnicos. Esta negación es incompatible con los principios del debido proceso que garantizan tanto el artículo 7 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos como el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los que Túnez es Estado Parte.
Souab fue detenido el 21 de abril de 2025, justo dos días después de que criticara en una conferencia de prensa la falta de garantías procesales en la “causa de la conspiración” en calidad de abogado defensor de tres acusados en ella. Tras su arresto, las autoridades lo mantuvieron incomunicado 48 horas antes de que se ordenara su detención en espera de juicio. Amnistía Internacional ha documentado un preocupante patrón de uso indebido de la legislación antiterrorista para reprimir la disidencia pacífica, así como una creciente tendencia a atacar a profesionales de la abogacía que representan a activistas y grupos políticos de oposición en Túnez.
Por ejemplo, la abogada Dalila Msaddak será juzgada el 25 de noviembre de 2025 junto con el periodista Borhene Bsaies por los comentarios realizados en el programa de televisión de éste hace dos años, en las que defendió a sus clientes detenidos en la famosa “causa de la conspiración”. En la entrevista, que tuvo lugar en noviembre de 2023, Msaddak afirmó que los cargos contra sus clientes eran infundados y que la causa era “inventada”. Dos días después, la fiscalía abrió una investigación contra Msaddak y Bsaies en aplicación del Decreto Ley 54, acusándolos de difusión de “noticias falsas”, y posteriormente los llevaron a juicio.
Las autoridades tunecinas están obligadas legalmente, en aplicación del artículo 7 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los que el país es Estado Parte, a garantizar el derecho a un juicio con las debidas garantías, que incluye el derecho de la persona acusada a ser defendida por un abogado de su elección.
De forma similar, el principio 16 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de la ONU establece que los gobiernos garantizarán que los profesionales de la abogacía “no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”. Por su parte, el principio 20 dispone que “los abogados gozarán de inmunidad civil y penal por las declaraciones que hagan de buena fe, por escrito o en los alegatos orales, o bien al comparecer como profesionales ante un tribunal judicial”.