El gobierno está poniendo en peligro el bienestar y, en muchos casos, las vidas de los más de cinco millones de personas que viven en asentamientos informales en Sudáfrica al no proporcionarles acceso a viviendas de calidad y servicios esenciales, afirma Amnistía Internacional Sudáfrica en un nuevo informe.
Estas personas, muchas de las cuales viven en terrenos proclives a sufrir inundaciones, suelen tener que arreglárselas solas, especialmente durante fenómenos meteorológicos extremos, a pesar de que las principales responsables de estar preparadas para responder a estas catástrofes son las autoridades gubernamentales.
En Sudáfrica, los asentamientos informales, así como otras zonas desatendidas, por ejemplo las áreas de reubicación temporal, recuerdan dolorosamente la injusticia racial y la privación de derechos que fueron características de la época colonial y del apartheid hasta 1994. Sin embargo, esto no significa que debamos pasar por alto que en la actualidad hay una crisis de vivienda y que los sucesivos gobiernos no han garantizado el derecho a acceder a una vivienda adecuada, entre otros derechos humanos.
Shenilla Mohamed, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sudáfrica
El informe de Amnistía Internacional Sudáfrica titulado Flooded and Forgotten: Informal Settlements and the Right to Housing in South Africa examina la incidencia y el impacto de las inundaciones, tanto las grandes inundaciones como las estacionales causadas por fuertes lluvias, sobre las personas que residen en asentamientos informales y zonas desatendidas de Sudáfrica, concretamente en Ciudad de Cabo, eThekwini y Johannesburgo.
“En Sudáfrica, los asentamientos informales, así como otras zonas desatendidas, por ejemplo las áreas de reubicación temporal, recuerdan dolorosamente la injusticia racial y la privación de derechos que fueron características de la época colonial y del apartheid hasta 1994. Sin embargo, esto no significa que debamos pasar por alto que en la actualidad hay una crisis de vivienda y que los sucesivos gobiernos no han garantizado el derecho a acceder a una vivienda adecuada, entre otros derechos humanos”, ha afirmado Shenilla Mohamed, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sudáfrica.
“El gobierno les está fallando a los millones de personas que están atrapadas en estas zonas desatendidas, especialmente en un momento en el que abundan las dificultades económicas y la pobreza. Las personas viven en asentamientos informales a causa de la falta de vivienda formal asequible y accesible, y a veces porque es la única forma en que pueden permitirse vivir cerca del trabajo o de oportunidades laborales. El artículo 10 de la Constitución de Sudáfrica, que forma parte de su Declaración de Derechos, afirma claramente la dignidad inherente a todas las personas y su derecho a que esa dignidad sea respetada y protegida, independientemente de quiénes sean.”
Necesidad urgente de más medidas gubernamentales para hacer frente al aumento del riesgo de inundaciones
Las recientes inundaciones de junio de 2025 en la provincia de Cabo Oriental, en las que murieron más de 100 personas y que dejaron a miles sin hogar, fueron un duro recordatorio de la necesidad de que el gobierno tome medidas urgentes y a largo plazo. A pesar de que el objetivo de la Ley de Gestión de Catástrofes y el Marco Nacional de Gestión de Catástrofes de Sudáfrica es reducir el riesgo de catástrofes, hay muchas pruebas de que no se está haciendo lo suficiente para alcanzarlo.
A partir de las experiencias de personas que viven en asentamientos informales documentadas en el informe de Amnistía Internacional, de entrevistas a personas expertas y profesionales del sector, y del análisis de informes, leyes y políticas, se evidencia que la respuesta de Sudáfrica ante las catástrofes por inundaciones —sean grandes inundaciones o inundaciones estacionales— es irregular y fragmentaria, y que no se ha hecho lo suficiente para prepararse para estos fenómenos.
Por ejemplo, casi tres años después de las inundaciones de KwaZulu-Natal en 2022, las personas desplazadas a causa de ellas siguen viviendo en malas condiciones en alojamientos temporales de emergencia, lo cual indica falta de preparación para las labores de recuperación. Algunas de las personas desplazadas murieron tras ser reubicadas en una zona que a su vez sufrió fuertes inundaciones en 2025, lo que pone de manifiesto un grave incumplimiento de la obligación de garantizar que las víctimas de inundaciones son reubicadas en zonas seguras. En el caso de inundaciones estacionales, el apoyo y la ayuda que reciben muchas personas residentes en asentamientos informales son increíblemente escasos o simplemente inexistentes.
Aunque el Departamento de Asentamientos Humanos de KwaZulu-Natal, en su respuesta a Amnistía Internacional de 30 de octubre de 2025, afirmó que “los asentamientos informales no son asentamientos planificados y, por su naturaleza, su establecimiento no estaría precedido por la disponibilidad de servicios básicos”, Sudáfrica debe cumplir las obligaciones constitucionales e internacionales de proporcionar servicios esenciales a todas las personas que residen en el país, incluidas las que viven en asentamiento informales.
“La realidad, como se documenta en el informe de Amnistía Internacional, es que millones de sudafricanos que viven en asentamientos informales se ven privados de estos derechos debido a la negligencia del gobierno central, la falta de recursos de los municipios y una mala gobernanza urbana, y no simplemente porque sus asentamientos no estén planificados”, ha manifestado Shenilla Mohamed.
“La falta de acceso a una vivienda adecuada, bien ubicada y asequible en Sudáfrica también ha provocado el crecimiento de asentamientos informales en llanuras aluviales y zonas bajas, lo que significa que las personas que viven en ellas se ven cada vez más afectadas por las inundaciones”, ha afirmado Shenilla Mohamed.
La crisis climática está agravando mucho más la situación
El cambio climático antropogénico también ha exacerbado el peligro de inundaciones, que ya es un problema estacional en los asentamientos informales y las zonas desatendidas de Sudáfrica. Como en otras partes del mundo, esto implica que las personas que menos han contribuido al cambio climático debido a sus hábitos de bajo consumo, y que además son las que tienen menos capacidad para hacer frente a las inundaciones, son las más afectadas por los efectos del cambio climático.
Nadie nos ayuda, tenemos que quedarnos y solucionarlo, no podemos salir corriendo. ¿A dónde vamos a ir?
Víctima de Freedom Park
Uno de los principales motivos de preocupación expresados a Amnistía Internacional en las tres áreas metropolitanas fue que las autoridades municipales rara vez consideraban que las inundaciones estacionales periódicas en los asentamientos informales y las zonas desatendidas merecieran una respuesta de emergencia. Simplemente dejaban que sus habitantes se las arreglaran por sí mismos y dependieran de organizaciones benéficas.
Una mujer de Freedom Park (Johannesburgo), dijo: “Nadie nos ayuda, tenemos que quedarnos y solucionarlo, no podemos salir corriendo. ¿A dónde vamos a ir?”
Sudáfrica debe cumplir sus obligaciones de derechos humanos
Sudáfrica dispone de innumerables leyes y políticas sobre cuestiones relacionadas con el acceso a la vivienda, el suministro de servicios esenciales como agua y saneamiento, la mejora de los asentamientos informales, el logro de un medioambiente saludable y la preparación y respuesta ante catástrofes. También es Estado parte en todos los principales instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que garantiza el derecho a poder acceder a vivienda adecuada, agua y saneamiento.
“A pesar de tener una legislación y unas políticas firmes, así como compromisos internacionales claros, como pasa con tantas otras cosas en este país, el problema sigue estando en la implementación. La realidad apunta a fallos evidentes del gobierno a la hora de cumplir de manera adecuada y rigurosa estas obligaciones, lo cual tiene un enorme coste para los derechos humanos, las vidas y los medios de subsistencia de millones de personas”, ha afirmado Shenilla Mohamed.
El gobierno sudafricano debe proporcionar a las personas que viven en el país acceso a una vivienda adecuada, y comprometerse a mejorar los asentamientos informales dotándolos de acceso servicios esenciales de conformidad con las normas y leyes de derechos humanos, lo que incluye asumir compromisos presupuestarios y de política.
También debe movilizar todos los recursos humanos, económicos y técnicos necesarios para garantizar que la reducción de riesgos en caso de catástrofe se integra plenamente en los procesos de planificación urbana, y que éstos se implementan con miras a proteger a las personas que residen en asentamientos informales frente a las catástrofes, tanto relacionadas con el clima como de otro tipo, y a proteger sus derechos humanos.
Información complementaria
En el informe se documentan las experiencias de personas que viven en asentamientos informales y otras zonas desatendidas de Sudáfrica. Se basa en la investigación cualitativa realizada entre febrero y septiembre de 2025. Estas experiencias se presentan en el marco de leyes, políticas y prácticas clave relacionadas con el acceso a una vivienda adecuada, el acceso a servicios esenciales y la preparación y la respuesta ante catástrofes.