Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
La primera cuenta pública del gobierno de José Antonio Kast estuvo marcada por un discurso excesivamente genérico, con poca sustancia, con apenas cifras, falta de concreción y ausencia de claridad con respecto a qué es lo que va a hacer, cuándo y cómo. Esa vaguedad no es accidental, de esta forma se dificulta la medición y rendición de cuentas sobre las propuestas y si bien, puede resultar aceptable en un candidato, ciertamente sorprende viniendo de un presidente de la República.
Tras más de dos horas de presentación es lamentable observar que no existió perspectiva de derechos humanos en sus palabras. Ni una mención específica a las políticas sobre verdad y justicia respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura civil militar. Tampoco en relación a las deudas con las víctimas del estallido social, ni en cuanto a disidencias sexuales, niños, niñas y adolescentes y otros grupos de especial protección. Lo mismo sucede en cuanto al medioambiente, sólo es nombrado como un obstáculo para el crecimiento económico del país y a las inversiones. Cuando habla de jóvenes, sucede algo similar: los identifica como deudores o vándalos, nunca como sujetos de derechos. Ello refleja una concepción de la política pública centrada en el control y el castigo, antes que en la prevención y el desarrollo. Una mirada sesgada y deshumanizante que solo perjudica al país.
Particular atención merece el anuncio de un registro de incivilidades. Cabe preguntarse cómo se aplicará esta medida a personas de sectores acomodados que no dependen del Estado para el ejercicio de sus derechos, lo que revela su potencial sesgo clasista. En ese sentido, hacemos eco de las palabras del cientista político Alfredo Jouannet: más que un registro de incivilidades, esto es un registro “antipobres”.
Sin duda, esta era la ocasión perfecta para que el presidente explicara sus estrategias y medidas concretas respecto a la migración. Durante meses, en la campaña electoral, repetía una cuenta regresiva que daba a entender que expulsaría a 300 mil personas migrantes en situación de irregularidad en sus primeros 100 días. Una promesa incumplida y sin sentido, ya que muchas de estas personas llevan años en Chile, con arraigo familiar y aportando al desarrollo de nuestro país. El presidente cerró sus palabras en torno a la migración, indicando que ‘ordenar la casa era humanitario’, pero no hay nada de humanitario en lo que su gobierno ha hecho hasta ahora, avanzando en medidas que restringen el acceso de niños, niñas y adolescentes a beneficios sociales. Menos incluso, después de llamar a escuelas y hospitales a delatar a familias y pacientes, demostrando una lógica cruel y deshumanizante.
En materia de seguridad, la narrativa utilizada da la sensación de que vivimos en un país completamente destrozado, sin esperanza. Continuas menciones a crisis y emergencias pero sin mucho dato de respaldo abren paso al anuncio de medidas que se enfocan en objetos, en la propiedad, en cosas rotas. Kast mencionó el estallido social como un ejemplo de los destrozos, pero no hubo una sola palabra sobre los innumerables crímenes perpetrados por agentes del estado quienes hasta ahora han gozado de gran impunidad. Y, mientras que ‘seguridad’ fue una de las palabras más repetidas en el discurso, la posibilidad de indultar a los peores criminales de la historia se mantiene abierta. Entonces, ¿de qué seguridad hablamos? ¿Seguridad para proteger a quiénes?
Sin embargo, en relación al sistema carcelario, anunció algunas mejoras en términos de condiciones de reclusión y rehabilitación. Medidas integrales para abordar los desafíos en seguridad que sí son respaldadas por evidencia. Estaremos atentos a la implementación de dichas mejoras porque hasta ahora la única medida concreta del Gobierno en materia carcelaria ha sido la de volver a establecer el penal de Punta Peuco como una cárcel exclusiva para quienes han cometido las peores atrocidades de la historia de Chile.
Llama especialmente la atención la apología del sacrificio que se desprende de algunas de sus referencias como la del bombero, cuyo trabajo es sacrificado y voluntario; o el de la enfermera que hace doble turno o el de un padre y una madre que se desviven para poder dar una educación de calidad a sus hijos. Pero Chile no necesita ‘héroes’ ni ‘heroínas’, tampoco ‘mártires’ ni personas precarizadas, sino un Estado que garantice derechos y cumpla con sus responsabilidades.Pero nada de eso se advierte en este discurso, lo que resulta coherente con la ausencia total de cualquier mención a las profundas desigualdades que existen en nuestro país.
En general, nos quedamos con una sensación de preocupación. El discurso estuvo cargado de alusiones al crecimiento, al orden y al control, pero faltó consideración real por las personas, por sus necesidades, por su bienestar integral. Si bien la seguridad es clave para el ejercicio de múltiples derechos fundamentales, y las políticas orientadas a reducir el desempleo son relevantes, las necesidades básicas para una vida digna van mucho más allá que esos temas. Ninguna de ellas puede quedar subordinada a una lógica del “sálvese quien pueda”.
El presidente Kast volvió a retratar un país en crisis que, según él, se levantará, repitiendo la promesa de que “todo estará bien”. Pero para que eso sea real, el gobierno debe asumir que Chile no puede glorificar la precariedad ni a quienes viven en la penuria, necesita un Estado que se haga cargo de las profundas desigualdades en el acceso a derechos.Desde Amnistía Internacional seguiremos vigilantes exigiendo ese cumplimiento.
Publicado originalmente en Radio Universidad de Chile.