México: Las autoridades deben garantizar el derecho a la protesta pacífica de familias buscadoras

En el marco del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y ante los hechos ocurridos la noche de ayer durante la movilización de familiares de personas desaparecidas, Amnistía Internacional llama a las autoridades de la Ciudad de México y federales a garantizar plenamente el derecho de los colectivos y familias de personas desaparecidas a manifestarse pacíficamente.  

“Las autoridades tienen la obligación de facilitar y proteger el derecho a la protesta pacífica, no de obstaculizarlo. Su actuación debe privilegiar el diálogo, la protección de la integridad de quienes se manifiestan y la adopción de medidas para prevenir cualquier forma de represión, intimidación o uso innecesario de la fuerza”, señaló Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México 

Las familias buscadoras han desempeñado un papel fundamental para visibilizar la crisis de desapariciones en México y para impulsar acciones de búsqueda, verdad, justicia e identificación. Su labor constituye una forma legítima de defensa de derechos humanos y debe ser reconocida, respetada y protegida por el Estado. 

En un contexto en el que la atención pública y mediática se concentra en acontecimientos de relevancia nacional e internacional, las autoridades deben asegurar que las demandas de las familias de personas desaparecidas puedan expresarse libremente, sin obstáculos indebidos y sin que sus integrantes sean estigmatizadas, criminalizadas o expuestas a riesgos adicionales. 

“Las familias buscan porque el Estado no ha garantizado plenamente verdad y justicia. Su exigencia no puede ser tratada como una amenaza al orden público. Garantizar su derecho a manifestarse no es una concesión: es una obligación del Estado mexicano”, Edith Olivares. 

Amnistía Internacional llama a las autoridades a investigar cualquier denuncia sobre posibles abusos cometidos durante la movilización, garantizar la seguridad de las familias y colectivos, y asegurar que futuras protestas se desarrollen en condiciones de respeto, diálogo y protección efectiva de los derechos humanos. 

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