“Hay que poner fin inmediatamente a todas las devoluciones forzadas a Afganistán de personas refugiadas y solicitantes de asilo”, ha declarado Amnistía Internacional; las cifras más recientes de la ONU revelan que, este año, sólo Irán y Pakistán han expulsado ilegalmente al país a más de 2,6 millones de personas. Alrededor del 60% de las personas devueltas son mujeres, niños y niñas. Miles de personas más han sido deportadas desde Turquía y Tayikistán.
Estas cifras se dan a conocer mientras los talibanes intensifican sus ataques contra los derechos humanos con efectos devastadores, especialmente para las mujeres y las niñas, y el país sigue sumido en una crisis humanitaria que la reciente serie de desastres naturales ha exacerbado aún más. La crisis humanitaria de Afganistán, cada vez más grave, aumenta el riesgo real de que las personas devueltas sufran daños graves y pone de relieve el principio de no devolución, obligación vinculante para los Estados en virtud del derecho internacional consuetudinario que prohíbe la devolución forzada de una persona a un lugar donde corra el riesgo real de sufrir violaciones graves de derechos humanos.
Este año, los Estados europeos también han intensificado los esfuerzos para proceder a la devolución forzada de personas afganas, y los medios de comunicación se han hecho eco de negociaciones ente Alemania, Austria y la Unión Europea y las autoridades talibanas de facto para facilitar estas devoluciones.
“Pese a la bien documentada represión por los talibanes de los derechos humanos, muchos Estados —incluidos Irán, Pakistán, Turquía, Tayikistán, Alemania y Austria— reclaman que se deporte a las personas afganas a un país donde las violaciones de derechos, especialmente contra las mujeres, las niñas y las voces disidentes, son generalizadas y sistemáticas. Esto sin mencionar las crisis humanitarias, terribles y cada vez peores, debido a las cuales más de 22 millones de personas —casi la mitad de la población del país— necesitan ayuda”, afirmó Smriti Singh, directora regional de Amnistía Internacional para Asia meridional.
“Esta prisa por devolver a personas a Afganistán ignora por qué habían huido en primer lugar y los graves peligros a los que se enfrentan si son devueltas. Muestra un claro desprecio por las obligaciones internacionales de los Estados y viola el principio de no devolución, que es vinculante”.
Bajo el régimen talibán, se está borrando sistemáticamente de la vida pública a las mujeres y las niñas, que tienen prohibido acceder a la educación a partir de los 12 años, y a quienes se niega la libertad de circulación y de expresión, y se les prohíbe trabajar para la ONU, las ONG y en asuntos del Estado salvo en casos excepcionales como la seguridad aeroportuaria, la educación primaria y la atención sanitaria. Quienes trabajaron para el anterior gobierno —concretamente los miembros de las Fuerzas de Seguridad y de Defensa Nacionales Afganas (ANDSF)— y quienes critican las draconianas políticas de los talibanes, como defensores y defensoras de los derechos humanos, y periodistas, también sufren represalias graves y continuas.
Entre julio y noviembre de 2025, Amnistía Internacional hizo 11 entrevistas a distancia: 7 con personas devueltas a Afganistán desde Irán y Pakistán, y 4 con personas refugiadas y solicitantes de asilo afganas que corrían riesgo de deportación inmediata desde Irán y Pakistán. Una de estas 4 personas, temiendo ser detenida por los talibanes, consiguió volver al país del que había sido deportada.
Ataques contra personal del anterior gobierno
Tras los recientes enfrentamientos transfronterizos con los talibanes, Pakistán ha intensificado sus esfuerzos para deportar a personas refugiadas afganas. Mientras tanto, en Irán, en 2022 había al menos 2,6 millones de personas afganas registradas para recibir protección temporal y acceso a servicios básicos como educación pública, permiso de trabajo y atención médica del Estado a través de documentos de “comprobante de censo”. Sin embargo, el 12 de marzo de 2025, el Centro de Ciudadanía Extranjera y Asuntos de Inmigración de Irán, que depende del Ministerio del Interior, anunció que los documentos de “comprobante de censo” para personas afganas expirarían automáticamente desde el inicio del año 1404 del calendario iraní (que corresponde al 21 de marzo de 2025), y que se terminaría el acceso a todos los servicios socioeconómicos.
Las expulsiones masivas por parte de las autoridades iraníes aumentaron tras la escalada de hostilidades entre Israel e Irán en junio de 2025. Entre enero y octubre de 2025 fueron expulsadas ilegalmente de Irán 1,6 millones de personas afganas, más de 900.000 de ellas a partir de julio.
Shukufa* trabajaba con el anterior gobierno afgano y en una organización internacional antes de la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021. Huyó a Irán a principios de 2022, pero fue devuelta al cabo de unos meses, después de que su visado expirara. Inmediatamente después de regresar, huyó a Pakistán, donde logró inscribirse como solicitante de asilo en la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Pero en junio de 2025, la policía irrumpió en su casa y fue deportada a Afganistán junto con sus familiares.
Así describió la situación bajo el régimen talibán: “No podemos salir libremente de casa… no hay oportunidades de trabajo. Las escuelas para niñas están cerradas. No hay oportunidades de empleo. [Si hemos trabajado para el gobierno anterior o somos activistas] no podemos ir directamente a las oficinas que administran los talibanes por temor a que nos reconozcan”.
Varias personas que trabajaron para el antiguo gobierno, miembros de las anteriores fuerzas de seguridad y activistas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que vivían con miedo y no podían regresar a sus provincias o residencias anteriores debido a su trabajo y activismo anteriores. Pese a que anunciaron una amnistía general para quienes habían trabajado con el gobierno anterior, los talibanes atacan de forma persistente a exmiembros del funcionariado y de las fuerzas de seguridad y de defensa del gobierno anterior con detenciones arbitrarias, torturas, detenciones ilícitas y homicidios extrajudiciales.
Estos abusos continúan y afectan incluso a personas que han sido devueltas. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) documentó 21 casos de detención arbitraria, tortura y malos tratos, junto con el homicidio de 14 exmiembros de las fuerzas de seguridad y de defensa perpetrados solamente entre julio y septiembre de 2025. El 21 de noviembre, un medio de comunicación afgano que opera desde otro país informó de que los talibanes habían detenido a cinco exmiembros de las fuerzas de seguridad que, tras haber sido deportados desde Irán, se dirigían a su provincia de origen, Panjshir.
Shukufa*, que trabajó con el gobierno anterior, dijo: “No puedo ir al lugar donde vivía antes. Hay otra persona viviendo en la casa. Hemos alquilado una casa en otro sitio… Mi esposo trabajó en las agencias de seguridad. Él también teme por su seguridad”.
Gull Agha*, que trabajó en las agencias de seguridad y defensa antes de agosto de 2021, fue obligado a volver desde Irán en abril de 2025, después de que se declarase expirado su documento de “comprobante de censo”. Dijo que los funcionarios iraníes le habían dicho que tanto él como otras personas de nacionalidad afgana podrían volver a entrar en Irán solicitando visados de trabajo en el consulado y la embajada de Irán en Afganistán sin reconocer los graves riesgos que Gull Agha y otras personas como él afrontarían de ser devueltos a Afganistán.
Dijo: “Aunque nos dijeron que [en Afganistán] podemos ir al consulado iraní y solicitar un visado de trabajo, como soy exmiembro del personal de seguridad no puedo pedir un pasaporte [afgano] en el Departamento de Pasaportes. Tienen todos mis datos biométricos”.
También contó que a quienes habían ido al consulado iraní les habían dicho que no existía tal programa de “visados de trabajo”.
En agosto de 2025, una encuesta del ACNUR informó de que el 82% de las personas devueltas tenían deudas debido al desplazamiento, la falta de empleo y préstamos contraídos para cubrir necesidades básicas a su llegada a Afganistán.
Persecución de mujeres y niñas
Pese a que las mujeres y las niñas sufren una discriminación de género que se cuenta entre las peores del mundo —y que constituye el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género—, se las está deportando en gran número a Afganistán. Según cálculos de la ONU, la mitad de las personas deportadas desde Pakistán eran mujeres y niñas, así como el 30% de las deportadas desde Irán hasta junio de 2025.
La activista de los derechos de las mujeres Sakina* huyó a Pakistán después de la toma del poder por los talibanes en 2021, pero fue devuelta en septiembre de 2025 a pesar de estar inscrita en el ACNUR e incluida en un programa de reasentamiento humanitario de Estados Unidos.
Los talibanes la detuvieron dos veces y golpearon a miembros de su familia para que revelaran su paradero. A su regreso a Afganistán, se trasladó a otra provincia antes de huir de nuevo del país.
“En el tiempo que estuve en Afganistán no salí de casa. Las mujeres tienen miedo de los talibanes. Sentí que [la esperanza] había muerto en la gente debido al temor a los talibanes. No sólo tenía miedo de que los talibanes me reconocieran, sino también de que me detuvieran por no llevar el hiyab”, dijo Sakina a Amnistía Internacional.
“Todos los Estados deben detener inmediatamente las devoluciones forzadas y cumplir su obligación de derecho internacional de no devolución. No hacerlo es ignorar los graves peligros que afrontan a las personas afganas y hacer dejación de sus responsabilidades legales y morales. Además, deben ampliar y acelerar las rutas de reasentamiento, y reconocer como refugiadas prima facie a las personas afganas defensoras de los derechos humanos, a las mujeres y las niñas, a los exmiembros del funcionariado, así como a periodistas y otras personas con mayor riesgo”, concluyó Smriti Singh.
*Nombres cambiados para proteger la identidad