Las autoridades de facto talibanas deben acabar de inmediato con la administración arbitraria y sin garantías de la justicia, restableciendo un marco formal constitucional y jurídico y el Estado de derecho, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Afganistán en materia de derechos humanos, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Desde que los talibanes tomaron el poder, en agosto de 2021, el marco jurídico de Afganistán ha sido totalmente desmantelado y sustituido por un sistema basado en la religión y conformado por su estricta interpretación de la sharia (ley islámica). Es un sistema plagado de incoherencias, en el que la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas son generalizadas, hay juicios arbitrarios, sin garantías y a puerta cerrada, y donde se aplican preferencias personales en la imposición de castigos tales como flagelaciones públicas y otras formas de tortura y otros malos tratos.
“Tras cuatro años de régimen talibán, lo que queda es un ordenamiento jurídico sumamente opaco y coercitivo que da prioridad a la obediencia frente a los derechos y al silencio frente a la verdad”, ha declarado Samira Hamidi, responsable de campañas para la región de Asia Meridional.
“El sistema de justicia de los talibanes origina flagrantes errores judiciales. No es sólo que se haya alejado de las normas internacionales de derechos humanos, sino que ha anulado casi veinte años de avances.”
Tras cuatro años de régimen talibán, lo que queda es un ordenamiento jurídico sumamente opaco y coercitivo que da prioridad a la obediencia frente a los derechos y al silencio frente a la verdad.
Samira Hamidi, responsable de campañas para la región de Asia Meridional
“No hay leyes a las que remitirse”
Antes de agosto de 2021, las leyes afganas se basaban en una Constitución escrita y eran aprobadas por órganos legislativos elegidos después de que las reformas de 2001 introdujeran diversas mejoras en el país. Había varios niveles de actuación judicial (tribunales de primera instancia, de apelación y superiores), respaldados por fiscales independientes y estructuras de defensa legal. Las decisiones de los tribunales por lo general estaban documentadas, podían recurrirse y estaban sujetas a control público.
Bajo el régimen talibán, los procedimientos judiciales suelen estar dirigidos por un único juez (qazi) acompañado de un jurista religioso (muftí) que asesora sobre el dictamen de sentencias religiosas (fetuas) basadas en su interpretación personal de los textos religiosos.
En conversación con Amnistía Internacional, un exjuez de Afganistán explicó las grandes discrepancias existentes en las sentencias debido al uso de diferentes orientaciones del pensamiento (fiqh) y la jurisprudencia islámicos. “Hay distritos donde las sentencias se basan en el Bada’i al Sana’i , mientras que en otras se remiten al Fatawa i Qazi Khan. El mismo delito puede dar lugar a dos fallos totalmente diferentes.”Por un cargo como el de robo, por ejemplo, las penas pueden ir desde la lapidación pública a una breve detención, según la interpretación individual.
Esta falta de uniformidad jurídica hace que el sistema sea incierto, impredecible y arbitrario. Un exfiscal afirmó que en algunos tribunales rurales de Afganistán puede verse a los jueces consultar textos religiosos durante los juicios en busca de referencias adecuadas. Esto produce largos retrasos y resultados incoherentes. Al no existir una legislación nacional codificada, la gente —tanto los ciudadanos de a pie como los profesionales del derecho— no sabe con claridad ni con certeza cuáles son sus derechos y responsabilidades.
Desaparición de las mujeres en el sistema judicial
Antes de que los talibanes tomaran el poder, las mujeres ejercían activamente de juezas, fiscales y abogadas.
Eran entre el 8 y el 10% de la judicatura, y había casi 1.500 mujeres colegiadas como abogadas y juristas en el Colegio Independiente de la Abogacía de Afganistán (aproximadamente la cuarta parte de sus miembros). Actualmente, la mayoría se han visto obligadas a esconderse o exiliarse tras haber sido despedidas de sus puestos cuando los talibanes tomaron el poder.
Instituciones que en su día protegían los derechos de las mujeres, como los Tribunales de Familia, las Unidades de Justicia de Menores y las Unidades de Violencia contra las Mujeres, han sido desmanteladas, dejando a las mujeres prácticamente sin acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva. Como dijo un exjuez: “En los tribunales talibanes, la voz de las mujeres no se oye, no porque no tengan nada que decir, sino porque no queda nadie para oírlas”.
“Todas vivimos con miedo”
Una exjuez de un tribunal de familia de Kabul, ahora en el exilio, afirmó: “No hay independencia judicial, juicios con las debidas garantías ni acceso de abogados defensores. Habíamos desarrollado un sistema jurídico con reglas y de la noche a la mañana [los talibanes] lo han convertido en algo aterrador e impredecible.
Bajo el régimen talibán, los procesos judiciales suelen celebrarse a puerta cerrada. No hay ningún sistema de supervisión pública, y las decisiones judiciales no se documentan ni se explican. A la gente se la arresta sin orden judicial, se la detiene sin juicio y, en algunos casos, simplemente se la somete a desaparición forzada. Un exfiscal señaló:“Antes de agosto de 2021 teníamos que realizar un procedimiento burocrático y de investigación para justificar cada arresto, pero ahora pueden llevarse a alguien por su indumentaria o por protestar y nadie hace preguntas.”
Las sentencias dictadas en juicios sin garantías o sin una revisión jurídica adecuada suelen desembocar en castigos públicos —flagelaciones y ejecuciones— impuestos en plazas y estadios deportivos. Estos actos violan el derecho a la dignidad y la protección frente a la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Varias personas recordaban cómo habían sido testigos de la flagelación de hombres jóvenes por escuchar música, o de la detención de mujeres por no ir totalmente tapadas. Estos espectáculos no son meros castigos: son herramientas para sembrar el miedo y ejercer el control. El exfiscal añadió: “Todos vivimos con miedo a convertirnos en el siguiente ejemplo.”
“El sistema de justicia de los talibanes socava principios básicos de equidad, transparencia, rendición de cuentas y dignidad. No se basa en la protección de los derechos humanos, sino en el miedo y el control. Para muchas personas afganas, especialmente las mujeres, la justicia ya no es algo que puedan buscar. Es algo sin lo cual deben sobrevivir”, afirmó Samira Hamidi.
Para muchas personas afganas, especialmente las mujeres, la justicia ya no es algo que puedan buscar. Es algo sin lo cual deben sobrevivir.
Samira Hamidi
Los talibanes deben retirar de inmediato sus severos edictos, acabar con los castigos corporales y mantener y defender los derechos humanos de toda la población del país. Además, también deben respetar, proteger y defender activamente la independencia judicial y el Estado de derecho, lo que implica reformar el sistema de justicia y asegurarse de que jueces y juezas, abogados y abogadas, fiscales y otras personas expertas en asuntos legales puedan proporcionar sus servicios a la población afgana con arreglo a las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.
Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que actúe de inmediato, mediante la presión diplomática y la interacción basada en principios con las las autoridades de facto talibanas, para exigir el restablecimiento de un sistema jurídico formal, la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho en Afganistán.