Américas: Los Estados deben asegurar que las personas defensoras por la justicia climática tengan un entorno propicio para desarrollar su labor

© Alli McCracken/Amnesty International

© Alli McCracken/Amnesty International

Las personas defensoras del medio ambiente están en primera línea de la lucha por la justicia climática en las Américas, pero, debido en parte a la historia colonial, el racismo y la desigualdad intrínseca de la región, no son suficientemente reconocidas ni participan significativamente en la toma de decisiones sobre temas ambientales y climáticos, dijo Amnistía Internacional hoy al lanzar un nuevo informe en vísperas de la COP28.

Sin su lucha no hay futuro: Personas defensoras de los derechos humanos en las Américas ante la crisis climática presenta los casos de seis personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos humanos en el contexto de la crisis climática en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Ecuador.

“Las Américas es la región más letal del mundo para quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Hablamos con personas defensoras de varios países de las Américas, que a pesar de los aterradores desafíos que enfrentan, siguen luchando para que todo el mundo pueda disfrutar de un medio ambiente sano. Los Estados deben reconocer públicamente el valor de su trabajo y tomar medidas urgentes para garantizar su seguridad y acabar con la impunidad que disfrutan sus agresores,” dijo Graciela Martínez, encargada de campañas para personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional entrevistó a varias personas defensoras que viven en zonas ricas en recursos naturales como combustibles fósiles, sumideros naturales de carbono, o minerales clave para la llamada transición energética. La extracción de estos recursos está contribuyendo a la crisis climática y en muchos casos violando los derechos de las poblaciones locales. La mayoría de ellas son Pueblos Indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas o de pescadores. Muchas están lideradas o compuestas por niñas, jóvenes y mujeres. Y, en todos los casos, son luchas colectivas.

Hablamos con personas defensoras de varios países de las Américas, que a pesar de los aterradores desafíos que enfrentan, siguen luchando para que todo el mundo pueda disfrutar de un medio ambiente sano.

Graciela Martínez, encargada de campañas para personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional

Varias personas, grupos y organizaciones se han movilizado frente a grandes intereses económicos para que los Estados dejen de depender de fuentes de energía basadas en la quema de combustibles fósiles. En Ecuador, un grupo de niñas y jóvenes ha llevado a cabo una acción legal y una campaña contra la quema de gas natural residual de la extracción de petróleo (una práctica conocida como mecheros), que además de contribuir al aumento del CO2, también afecta fuertemente la salud de las poblaciones locales. En Canadá, el pueblo Wet’suwet’en se opone a la construcción de un gasoducto en su territorio ancestral sin su consentimiento libre, previo e informado.

“El cambio climático está afectando al crecimiento de nuestros alimentos y destruyendo todo nuestro salmón, destruyendo la comida de los alces y los ciervos. Todo el mundo se va a ver afectado si seguimos callados y cómodos en nuestras casas, si continuamos haciendo lo que hacemos… Es hora de que la gente una sus fuerzas y obligue a nuestro gobierno y la industria a escucharnos,” dijo Freda Huson, jefa Unist’ot’en de la comunidad de Wet’suwet’en.

Otras personas, grupos y organizaciones defensoras están luchando para conservar los sumideros de carbono y la biodiversidad. En Brasil mujeres afrodescendientes están proponiendo un uso alternativo sustentable que preserva la foresta amazónica, basándose en cultivos tradicionales de la región como el coco babaçu. En Colombia una federación de personas pescadoras ha monitoreado y denunciado la contaminación y destrucción de los cuerpos de agua que les permiten subsistir con un bajo impacto ambiental.

“Nuestra resistencia en el territorio es una forma de protección del ambiente, pues no hay nadie que conozca mejor la zona que nosotros que hacemos parte de aquí,” dijo Yuly Velásquez, presidenta de FEDEPESAN, una federación de personas pescadoras que defiende las ciénagas de la región Magdalena Medio en Colombia.

En Quebec, Canadá, la nación Innu de Pessamit ha estudiado el impacto del cambio climático en su territorio ancestral desde hace dos décadas y propuesto formas de adaptación y conservación del territorio frente a esto: “Llevamos años sufriendo las consecuencias del cambio climático y seguimos sufriéndolas hoy. Era necesario prepararse. Se avecinan cosas más graves y tenemos que cuidar el medio ambiente,” dijo Adélard Benjamin del Consejo Innus de Pessamit.

Personas defensoras de la región también están denunciando cómo la transición a una economía baja en carbono se está haciendo a expensas de comunidades locales ya impactadas por la injusticia, desigualdad y discriminación. En este sentido, los Pueblos Indígenas del norte de Argentina están tomando acción y reclamando su derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, como a sus medios de vida frente a la minería del litio en sus territorios ancestrales.

A la hora de tomar decisiones durante la COP28, las y los líderes mundiales deben hacer caso a las advertencias de quienes han luchado durante generaciones para proteger la vida en nuestro planeta.

Graciela Martínez, encargada de campañas para personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional insta a todas las partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a reconocer la labor legítima de las personas, grupos y organizaciones que defienden el medio ambiente o contribuyen a la justicia climática, y garantizar un entorno seguro y propicio para que puedan realizar su labor a nivel local e internacional y participar de manera significativa en asuntos ambientales y climáticos. Dada su experiencia y conocimientos, es fundamental que participen significativamente en los espacios de toma de decisiones relacionados con el medio ambiente y la justicia climática sin discriminación, ajustando dichos espacios y las formas de participación a las particularidades de las niñas, jóvenes y mujeres, Pueblos Indígenas, afrodescendientes, otras personas y grupos racializados, comunidades campesinas y rurales, entre otros. En el caso particular de los Pueblos Indígenas, el respeto a una consulta y su consentimiento libre, previo e informado sobre cualquier acción vinculada al medio ambiente y cambio climático en sus territorios por parte de los Estados es clave.

“A la hora de tomar decisiones durante la COP28, las y los líderes mundiales deben hacer caso a las advertencias de quienes han luchado durante generaciones para proteger la vida en nuestro planeta. En un año en el que se han registrado las temperaturas más altas de la historia, con consecuencias devastadoras para la humanidad, los Estados deben escuchar sus demandas y apoyar sus iniciativas,” dijo Graciela Martínez.

“Es más urgente que nunca que tomen acciones decisivas para reducir las emisiones, prescindir gradualmente de la producción de combustibles fósiles y mantener el incremento medio de la temperatura mundial por debajo de 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales. Nuestra supervivencia depende de ello.”

Amnistía Internacional ha documentado en numerosas ocasiones cómo quienes defienden el medio ambiente enfrentan un contexto a menudo hostil y peligroso, sobre todo cuando sus reivindicaciones son contrarias a importantes intereses económicos y políticos.

La organización concluyó en una investigación publicada en septiembre que la criminalización de la protesta en México es parte de una estrategia amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Amnistía Internacional también concluyó en una investigación publicada este mes que el Estado colombiano ha respondido de manera insuficiente a los graves riesgos que enfrentan quienes defienden el medio ambiente, e instó a las autoridades colombianas a adoptar medidas de protección colectiva para abordar las causas estructurales del riesgo que enfrentan estas personas.